Con las declaraciones del jefe paramilitar se activan nuevos procesos que involucran a la Fiscalía y al sector privado
Ricardo Arenales
Las declaraciones del jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se conocen en un contexto social y político de una particular complejidad, que vale la pena analizar de la manera más amplia posible y comenzar a sacar algunas enseñanzas.
Lo primero que se podría destacar es el reconocimiento explícito que hace Mancuso en sus declaraciones de que el paramilitarismo era un proyecto de Estado, se constituyó en una dinámica especial para alcanzar el exterminio de sectores de población, de una organización política en particular, la Unión Patriótica, de la cual hacía parte el Partido Comunista, y no se trató de ninguna manera de “casos aislados” o de “manzanas podridas” dentro del estamento militar, como en algún momento se quiso plantear en el país, ante la imposibilidad de ocultar la dimensión de los hechos.
De mantenerse una línea investigativa en esta dirección, bien sea por la JEP, por la justicia ordinaria o por organismos internacionales, se podría colegir que hay nuevos elementos para iniciar un juicio por genocidio de unas dimensiones más profundas que el que se dio por el martirologio de la Unión Patriótica.
Una puerta que se abre
Es que cuando Mancuso admite que se exterminaron o desplazaron poblaciones enteras para apoderarse de la tierra de los campesinos (llegaron a pagar $35.000 por una finca), para dar paso a proyectos agroindustriales en manos del Estado o de empresas nacionales o extranjeras aupadas por el gobierno de turno, nos encontramos frente a una acusación muy grave. A lo largo de las páginas de VOZ se encuentra profusa literatura denunciando el exterminio.
Otra de las lecciones que arroja la comparecencia de Mancuso ante la JEP, es que con todo y su controvertido historial, el jefe paramilitar muestra que es posible abrir una compuerta a otros grupos ilegales para que confiesen sus crímenes y se acojan a las propuestas del gobierno de sometimiento a la justicia. Un mensaje claro para un destinatario principal: el Clan del Golfo.
La posibilidad de que Mancuso aporte un caudal probatorio novedoso, fresco y eficaz, lo suficientemente sólido para que la JEP lo incluya en un régimen de beneficios especiales, en la perspectiva de un juzgamiento en Colombia, fortalece la justicia transicional y, de paso, todo el proyecto de Paz Total del gobierno Petro, figuras ambas que en los últimos días han sido objeto de rabiosos ataques por parte de las fuerzas de la derecha nostálgica, que se resisten a los cambios sociales que impulsa la nueva administración.
Rol de la Fiscalía
Por consiguiente, la narrativa de Mancuso golpea las estructuras del uribismo, en trance de campaña electoral, bajo cuyo cobijo prosperaron las llamadas Convivir, simiente del paramilitarismo en su más cruda expresión. Cada vez queda más clara la responsabilidad del gobierno de Álvaro Uribe y de sus áulicos en el diseño de esa monstruosa máquina de muerte.
Por rebote la descripción de los hechos escabrosos en boca del jefe paramilitar, golpea a la actual dirección de la Fiscalía General de la Nación. Mancuso dijo que, en los momentos más importantes de la articulación paramilitar contaron con el apoyo y el aval del ente acusador en sus distintas escalas jerárquicas: para ocultar los crímenes, para negar los “falsos positivos”, para encubrir el horror de las desapariciones y de los hornos crematorios.
Esos fiscales cómplices del genocidio, en su mayoría permanecen dentro de la institución. La estructura abyecta, identificada con el uribismo, se mantiene indemne. La responsabilidad es la misma y la mano de la justicia no la ha tocado.
Sector privado
El uribismo, por interpuesta mano –a través de la Fiscalía– se erige como palo en la rueda en el camino de las grandes reformas progresistas que impulsa el actual gobierno; no obstante, cada día queda más en evidencia su empresa criminal. Mientras Mancuso corría el velo de la trama paramilitar, el fiscal Barbosa se buscaba el respaldo de los fiscales de América Latina, a quienes con gran boato había hospedado en Cartagena. Sin embargo, el pomposo respaldo de colegas resultó inocuo ante la contundencia de las sospechas y rápidamente se diluyó en la tempestad de los hechos.
Otra circunstancia que sale a flote con las declaraciones del compareciente es la vinculación del sector privado al proyecto paramilitar. Mancuso mencionó varias empresas: Bavaria, Postobón, y otras firmas. A ellas se agrega la activa participación del sector latifundista, que ciertamente multiplicó con creces sus fortunas con el despojo a los campesinos. Mancuso, hasta el cierre de esta edición, no había mencionado una arista de este fenómeno; la financiación que al paramilitarismo brindaron no pocas empresas extranjeras, sobre todo de la industria del carbón y el banano, aspecto que salió a flote en otros momentos de la investigación del paramilitarismo.
Mientras Mancuso avanzaba en sus declaraciones ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en el país se daban otros hechos que enmarcan la relevancia de lo que sucedía al interior de la JEP. En tanto Mancuso prometía hacer aportes a la verdad, otros actores del conflicto como el coronel retirado del Ejército, Publio Hernán Mejía, era notificado de una orden de captura expedida por la JEP, por su nula colaboración en el esclarecimiento de ejecuciones extrajudiciales cuando estuvo al frente del Batallón de Artillera La Popa, en Valledupar.
En clave de movilización social
El incidente pone de relieve la contradicción entre un grupo de victimarios que tocan a las puertas de la justicia transicional, y otros que niegan su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad y se muestran reacios a aceptar su responsabilidad, a reparar a las víctimas.
Trata de levantar cabeza una corriente de ultraderecha, la que ataca a la JEP, la que habla de malestar en las Fuerzas Armadas, la que convoca a los militares en retiro a la movilización en la Plaza de Bolívar para denostar las reformas sociales y promete ser caballo de Troya de un golpe de Estado contra el proyecto del Pacto Histórico, con el sonoro calificativo de “defenestrar” al presidente.
Son estos los conflictos que, en última instancia se resolverán en la medida en que se produzca una gran movilización social, y en favor de las grandes mayorías, como es la invitación de Petro.
