El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud, OMS, eliminó a la homosexualidad de la lista de “enfermedades mentales”. En referencia a esta fecha se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. VOZ explora situaciones victimizantes y de vulnerabilidad que afrontan las disidencias sexuales y de género en el país
Anna Margoliner – David Alejandro Velásquez
El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud, OMS, eliminó a la homosexualidad de la lista de “enfermedades mentales”, luego de años de activismo en las calles de diversos puntos del globo contra la patologización, la persecución, la criminalización y la restricción de derechos civiles y fundamentales de personas con géneros y sexualidades no-normativas.
En referencia a esta fecha se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. A propósito de lo anterior, hablamos sobre algunas situaciones victimizantes y de vulnerabilidad que deben afrontar las disidencias sexuales y de género en el país.
Fuera de la norma
Si bien desde la década de los noventa del siglo pasado se han alcanzado una serie de logros en materia de derechos civiles, como el derecho al matrimonio o a las uniones de hecho (en términos legales y patrimoniales), o a la adopción, estos fueron especialmente benefactores para los hombres homosexuales, generalmente de clase media y alta, que querían adaptar sus formas de vida a las de personas cisgénero y heterosexuales.
Muchas otras identidades quedaron en mayor o menor medida marginadxs, no solo en función de su género y orientación sexual, sino también en función de la “raza” y la clase social. Personas racializadas, empobrecidas o que conscientemente han decidido construir sus cuerpos, vidas y sexualidades fuera de la norma y de los márgenes de lo “respetable” o lo “aceptable”, se han visto menos beneficiadas por la ola de logros legales en las décadas pasadas.
Lesbianas, “machorras”, personas trans, bisexuales y no-binarias, travestis, “locas” y “maricas” viven hoy en día el peso físico, simbólico y estructural de una violencia no solventada por una visión parcial, blanca, burguesa y masculina de la “diversidad”.
Además de la violencia directa de la que son víctimas las disidencias sexuales, nos encontramos frente a formas de violencia estructural que son evidentes frente al acceso a servicios y derechos que todxs, en tanto ciudadanos, deberíamos tener asegurados. En esta ocasión, en una selección parcial, arbitraria, y de momento incompleta, examinaremos los retos en el acceso a la salud y a la justicia.
Y a nosotrxs, ¿quién nos cura?
Las cifras que muestran el acceso que tiene la población LGBTI a la salud, son preocupantes, pues reflejan la problemática atravesada no solamente por el factor cultural de la discriminación, sino también el de la clase social. Según el estudio realizado por la Universidad de California, Ucla, en 2019, titulado Estrés, salud y bienestar de las personas LGBT en Colombia menciona sobre las estadísticas de afiliación al sistema de salud que:
“De las 50 personas encuestadas, 43 están afiliadas a una EPS. Aunque este 86% representa la mayoría de la afiliación, en este punto se puede retomar la respuesta a la pregunta ¿piensa que para las personas con sexualidades y géneros disidentes es difícil encontrar espacios seguros en el acceso a salud? en la que 39 de 50 personas encuestadas respondieron que sí”. Lo interesante y alarmante de comparar estos datos es que ilustran que el acceso igualitario a la salud va más allá a una afiliación con una EPS. Si bien son necesarias las medidas que se han tomado para asegurar cobertura en la población, no son suficientes para garantizar el acceso igualitario a la salud.
La salud mental es otro factor que se debe tener en cuenta cuando se hace un rastreo del panorama sobre las condiciones en que las personas de la comunidad LGBTI se desenvuelven, precisamente porque la estigmatización y la vulnerabilidad a las que se enfrentan, implican mínimamente el fortalecimiento de las estrategias sobre salud mental. La organización Temblores publicó al respecto en su diagnóstico sobre las barreras de acceso a la salud para sexualidades y géneros disidentes el Sin Curas ni remedios, que dice:
“En términos de salud, a pesar de reportar que en general tenían una buena, muy buena o excelente salud, el 72% de los encuestados reportaron al menos, angustia psicológica moderada. De acuerdo con la alta tasa de angustia psicológica, el 55% de los encuestados había tenido pensamientos suicidas en su vida, y uno de cada cuatro (25%) había intentado suicidarse al menos una vez. Las mujeres bisexuales (33%) y las personas transgénero (31%) tuvieron una tasa más alta de intentos de suicidio, y una de cada tres personas informó que había intentado suicidarse al menos una vez. En general, uno de cada cinco encuestados LGBTI (21%) ha recibido tratamiento de alguien que intentó cambiar su orientación sexual o hacer que se identificaran con su sexo asignado al nacer (“terapia de conversión”). Una proporción aún mayor (35%) de los encuestados transgénero informaron haber recibido este tratamiento”.
Después de las violencias: Subregistro y acceso a la justicia
Nuestro entramado legal e institucional cuenta con herramientas para acceder a la justicia en los casos donde los derechos de ciudadanxs son vulnerados. Sin embargo, después de los hechos victimizantes las personas disidentes se encuentran de frente con la impunidad y la revictimización en su búsqueda de justicia.
Según el informe Cuentas pendientes de Colombia Diversa, entre los años 2020-2022 un total de 3.748 personas disidentes fueron víctimas de violencia en su contra a razón de su género u orientación sexual (3.266 personas amenazadas, 445 asesinadas, 37 víctimas de violencia policial); fueron las personas trans y los hombres homosexuales los sujetos de violencia más recurrentes. La organización informa de una ausencia notable de herramientas para que los procesos superen la etapa de indagación, donde se quedan el 90% de los casos denunciados.
Estas cifras corresponden, sin embargo, solo a los casos donde efectivamente se llega a la denuncia de los hechos victimizantes; la revictimización, las amenazas y represalias, y la desconfianza en la justicia crean un amplio margen de subregistro en el que muchas personas prefieren no denunciar las violencias ejercidas contra ellas.
En adición a lo anterior, las cifras corresponden, en su inmensa mayoría, a zonas urbanas del país, dejando prácticamente en la oscuridad y el silencio las violencias ocurridas en las zonas rurales.
El país no cuenta con garantías reales ni herramientas diferenciales para que las violencias ejercidas contra personas con géneros y sexualidades disidentes puedan acceder a la justicia y ser reparadas.
Construyendo los caminos
En el ambiente político reciente del país, los debates en torno al acceso digno y democrático de la ciudadanía a los derechos han ocupado los más diversos espacios de discusión ¿Qué ocurre con el acceso a otros derechos?
Las respuestas y propuestas que han nacido desde la sociedad civil, el activismo, la academia nos plantean un camino aún por construir, sobre todo desde un enfoque de justicia social que evada la cooptación de las luchas por parte del neoliberalismo, que se enfrasca en construir a lxs sujetxs no-normativxs desde el individualismo y el consumo.
Profundizaremos sobre estas cuestiones en eventuales páginas. De momento abrimos el debate sobre la urgencia de que las disidencias sexuales y de género dejemos de ser ciudadanxs de segunda categoría, y que el cambio y la construcción de un país distintos se piense con todxs, sin que la visión parcial cishetero (incluso dentro de la izquierda) nos quite la posibilidad de cambiar aquello con lo que no podemos estar de acuerdo.
