Al interior del Establecimiento económico y político existen contradicciones en la interpretación del programa de gobierno, ‘Colombia potencia mundial de la vida’. Mientras unos se oponen, otros apoyan las políticas del cambio
José Ramón Llanos
Muchos de los problemas que enfrenta la sociedad colombiana, especialmente el empresariado, se derivan del hecho de que las propuestas contenidas en el programa Colombia potencia mundial de la vida, se orientan hacia el desarrollo de una economía de la inclusión, de la distribución equitativa de la riqueza producida colectivamente.
Sucede que, a partir de la muerte del Libertador, la economía del país entró en la dinámica de continuar el crecimiento económico que se basa en la apropiación de las tierras baldías por parte de los latifundistas. Proceso que se inició en el siglo XIX y que se extiende hasta hoy.
Esta afirmación no tiene fundamento en eso que la burguesía llama la cuestión ideológica. No, más bien responde a un hecho que han identificado entidades como el Banco Mundial, institución nada sospechosa de socialismo ni nada parecido; del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC; Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA; Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia. Por citar solo algunas entidades que investigan el problema de la tierra y los desplazados en Colombia.
Apropiación de la tierra y explotación del campesinado
El investigador de la cuestión agraria colombiana, Darío Fajardo Montaña, con fundamento en más de cien investigaciones suyas y de otros pesquisantes, tipifica los procesos expropiatorios y sus secuelas así:
“Estas medidas enmarcan un escenario configurado por seis procesos correlacionados a saber: tradición del despojo y concentración de la propiedad territorial; afianzamiento de la agricultura de la plantación; debilitamiento de la agricultura campesina; implantación de normas que legalizan la expropiación por medios violentos; implantación de normas para la expropiación de territorios y bosques e implantación de normas laborales para la sobreexplotación de la mano de obra”1.
Ahora con la decisión del presidente Gustavo Petro de aplicar efectivamente el Programa de Gobierno, que aprobaron más de 11 millones de personas, ese método excluyente de desarrollar la economía y aprovechar beneficiosamente el producto del trabajo del pueblo colombiano, por parte de la minoría en el poder, será neutralizada. Si Petro logra este cometido, todas las fuerzas que se benefician del modelo excluyente, sus artimañas y la manipulación de la prensa corporativa empezará a desaparecer.
El éxito de Petro beneficiará a la burguesía y no solo al pueblo
No obstante, que casi todos los medios de comunicación y los tuiteros corporativos –que también los hay– buscan engañar a la opinión pública, y especialmente al pueblo raso –ese que primordialmente produce la riqueza–, propalando que Petro va a implantar el socialismo y, por tanto, desaparecerá la propiedad privada. Precisamente propiedad privada sobre los bienes y servicios esenciales a la cual no tiene acceso el pueblo.
La táctica de la burguesía, no toda, ya que una parte se ha comprendido con algún contenido del programa Colombia potencia mundial de la vida, pues favorecerá y estimulará e desarrollo de las empresas industriales urbanas y la economía del campo.
Ejemplo, en el subtema Pacto por la Industria se lee: “Se establecerán las condiciones para una industria productora de bienes sin obsolescencia programada de vehículos eléctricos, de productos farmacéuticos nacionales y se posibilitará la exportación de energía mediante el uso de las tecnologías e hidrogeno verde”.
Solo la ceguera mental inducida por el desconcierto que le produce la posibilidad de que el gobierno de Petro, legalmente le sustraiga una minúscula parte de la riqueza que ellos se apropian por la superexplotación del trabajo, los lleva a tratar de promover ideas equivocadas sobre la ejecución programa del presidente Gustavo Petro para que pueblo no capte sus beneficios. Por supuesto también ocultan el hecho de que el empresariado igualmente se beneficiará, dado que solo si progresa la industria y se potencia la producción agrícola que pueden generar nuevos empleos.
Posibilidad de una alianza Estado-Fenalce
Como ejemplo de la posibilidad de acuerdos Gobierno y una entidad privada tomemos el caso de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Fenalce, que, a través de su presidente Henry Vanegas ha declarado a varios medios que apoya la política agrícola de Gustavo Petro.
Así se abre la posibilidad de que ellos reciban el apoyo material del Gobierno del Cambio. Todo se facilita por dos circunstancias: la política del actual Presidente relacionada con el campo y la voluntad de colaboración de Fenalce. Así mismo, este gremio tiene un Plan para desarrollar hasta el 2030, este denomina ‘Maíz para Colombia, Visión 30’.
El estudio de Fenalce muestra como la producción de maíz entre 1961 y 2016 creció un 76%, aunque la demanda creció aún más. En el 2012 se logró la máxima producción de maíz 1.800.000 toneladas, pero debido a la caída de la producción hubo que importar el 74% de la demanda nacional, 4.6 millones de toneladas. En las condiciones técnicas de producción actual, entre el 2018 y el 2030, la producción crecerá en el 6% y la demanda en el 9%. Precisamente este desfase entre producción y el consumo es lo que convierte en urgente el acuerdo entre el gobierno y Fenalce.
Felizmente, tanto el Estado como el gremio de los productores de cereales tienen la disposición de rápidamente llegar a un acuerdo. No obstante, también hay circunstancia negativa que lo estimula; se trata de la producción de maíz en Colombia que se da por medio de un sistema tecnificado con monocultivadores de más de 5 hectáreas con sistema de riego, mecanización de la preparación del suelo, semillas mejoradas y con la utilización de fertilizantes y plaguicidas.
Estos cultivadores tienen el 48% del suelo productor de maíz y producen 1.200.000 toneladas. En cambio, el sistema de producción tradicional se desarrolla en terrenos de menos de 5 hectáreas con semillas nativas, la preparación del terreno se hace con azadón y chuzo. Sin embargo, contar con el 52% del suelo destinado a la producción de maíz produce a penas 500 mil toneladas.
Actualmente el mercado lo controlan intermediarios que imponen los precios de compra, que en algunos casos son inferiores a los costos de producción. Por esa razón muchos medianos y pequeños productores de maíz desaparecen con enormes deudas.
En 1972 la producción nacional de maíz producía el 99,92% del consumo y solamente se importaban 600 toneladas equivalente al 0,08%. El Tratado de Libre Comercio se firmó en el año 2012 y ya para 2014 y 2015 casi todo el maíz comprado por Colombia provino en un 96 y 98% respectivamente de los Estados Unidos, según la FAO.
En 2022 Colombia importó 6,1 millones de toneladas de maíz, un incremento de 8,9 por ciento comparado con las importaciones de 2021. Con el agravante de que el precio del maíz importado aumento 9,6%. En el año 2022, la producción de maíz fue de 1.286.406 toneladas.
Según el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, de no reversarse la tendencia para el 2030 se importarían 5.9 millones de toneladas, esto es 39% más que en el 2016. El acuerdo Gobierno-Fenalce reduciría notablemente la necesidad de importar maíz. Ahora se entiende porque los importadores de cereales son opositores radicales al Gobierno del Cambio.
