Julieth Moreno, nueva directora del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, OFB, habla sobre los retos en el nuevo ciclo político, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y el conflicto armado
Jheysson Salas
El Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, OFB, que ha estado presente en la búsqueda de la justicia por medio del trabajo colectivo, interdisciplinario y por la defensa de los derechos humanos, tiene una nueva dirección general en cabeza de Julieth Moreno Vargas, abogada especialista en derecho administrativo, defensora de los derechos humanos, litigante y excoordinadora del área de búsqueda.
Moreno tendrá como prioridad la articulación interinstitucional, donde el Estado colombiano se despliegue de manera coordinada en el territorio. VOZ habló con la nueva directora.
La búsqueda por los desaparecidos
El Colectivo OFB es una organización líder en la búsqueda de personas dadas como desaparecidas y en el acompañamiento integral a las víctimas del conflicto armado. ¿Cómo han construido este liderazgo?
Nuestro hito fundacional fue la audiencia de La Macarena Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales en 2009. Allí convocamos a múltiples entidades, parlamentarios y organizaciones nacionales e internacionales para dar parte de las graves violaciones de los derechos humanos que estaban viviendo las comunidades. En la audiencia se presentaron las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, secuestros, retenciones masivas ilegales, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.
El equipo fundador tomó la decisión de documentar los casos de desaparición forzada e investigar la dinámica del conflicto armado en los cementerios. Desde entonces venimos acompañando a más de 2.000 familias víctimas del conflicto armado.
¿Cómo busca el Colectivo OFB a los y las desaparecidas de nuestro país?
Nuestro conocimiento es construido con las organizaciones de base y las familias buscadoras. Son ellas nuestra principal fuente de conocimiento. Se marca una diferencia con las instituciones, que tienden a buscar exclusivamente desde bases de datos y otorgando un peso excesivo a las herramientas tecnológicas. Nosotras trabajamos con metodologías basadas en la Investigación-Acción Participativa, siguiendo el legado del profesor Orlando Fals Borda.
Llegamos a los cementerios por indicaciones de las comunidades. Ahí logramos entender que la ruta de búsqueda debía ser replanteada. Así que desplegamos una estrategia interdisciplinaria y multinivel. Empezamos haciendo el trabajo de incidencia para que las instituciones del Estado colombiano prestarán atención a las denuncias de las comunidades, y documentamos y caracterizamos algunos de los cementerios municipales en los Llanos Orientales y del Pacífico nariñense.
Así llegamos al concepto y metodología de “Búsqueda Inversa”: interviniendo en los espacios donde la gente denunciaba que sepultaban cuerpos irregularmente.
Los cementerios y el conflicto en Colombia
¿Qué papel juegan los cementerios en el conflicto armado?
Bien, la política pública sobre los cementerios perpetró la desaparición. Fueron espacios muy bien estudiados por los grupos armados, legales e ilegales. A medida que avanzábamos en la documentación de casos, entendimos que los campos santos de Colombia son espacios que perpetúan la impunidad y donde el desorden administrativo es estructural. Un ejemplo es el caso de Granada y Vista Hermosa, que no llevaban registro sobre los cuerpos que llegaban.
¿Y cuál ha sido el impacto del Sistema Integral de Paz en esta labor de búsqueda?
Creemos que la tarea de articulación interinstitucional sigue pendiente, puesto que no hay un consenso sobre las cifras de desaparición, tampoco sobre los conceptos o divergencias en los marcos conceptuales sobre búsqueda y desapariciones. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, habla de un universo de 103.839 personas desaparecidas. Sin embargo, existe un subregistro, pues muchas personas no denuncian o hay denuncias registradas de manera errónea.
Instituciones como la Fiscalía o Medicina Legal no llegan a todo el territorio, somos las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos las que lideramos este trabajo de búsqueda en muchas regiones del país. Reconocemos, por supuesto, los avances que marcó el Acuerdo de Paz y el despliegue institucional del Sistema Integral de Paz, SIP.
Para nosotras, la paz es justicia social, memoria, verdad, reparación y garantías para la no repetición. Somos una organización que participa activamente en el SIP, por ejemplo, acompañamos en la acreditación a víctimas en los macrocasos 02, Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, 03, asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, y el macrocaso 08, el cual investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública y paramilitares, además de tener una nutrida agenda de acciones articuladas con la UBPD.
Sigue la defensa
Y del nuevo gobierno y ciclo político del país, ¿qué lecturas hay en el movimiento de defensa de derechos humanos?
Como defensora de los derechos humanos soy consciente de la magnitud del reto que afronta el presidente Petro y su equipo. Las violencias y desigualdades estructurales de nuestro país requieren políticas valientes y amplios consensos sociales. A pesar de ello, las expectativas en materia de derechos humanos no han sido completamente satisfechas. Existen múltiples exigencias desde las regiones que deben ser priorizadas.
Hay una leve miopía política del actual gabinete en relación con el movimiento de víctimas, sería pertinente canalizar mayores esfuerzos financieros y políticos hacia el fortalecimiento de estas organizaciones, creando espacios efectivos de participación para la configuración y codecisión de políticas públicas que velen por los intereses de las víctimas, tal como han expresado las mesas departamentales y nacional de víctimas.
Con estos desafíos, reiteramos nuestro compromiso de respaldar todos los esfuerzos orientados a alcanzar la tan anhelada Paz Total para nuestro pueblo.
¿Cuáles son los principales retos del Colectivo en este nuevo ciclo político?
Nuestra labor va mucho más allá de la búsqueda. Tenemos un trabajo arraigado en los territorios de los Llanos Orientales, en el Pacífico nariñense, con las víctimas y sus organizaciones en situación de exilio. Participamos activamente en procesos culturales y de empoderamiento feminista, intervenimos en diversas plataformas unitarias y mantenemos una red de apoyo internacional conformada por organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, sindicatos y agencias de cooperación internacional que respaldan nuestra misión.
Uno de nuestros desafíos más destacados reside en la búsqueda transfronteriza, donde hemos iniciado la articulación de esfuerzos en la frontera con Venezuela y Ecuador. Las dinámicas del conflicto armado han trascendido las fronteras nacionales. Aspiramos a liderar este trabajo mancomunado con las organizaciones de colombianas y colombianos exiliados.
A través de la Red de Derechos Humanos del Pacífico nariñense y Piedemonte costero queremos acompañar la implementación de los planes regionales de búsqueda. Asimismo, en los Llanos Orientales, lideramos procesos de mujeres buscadoras con el objetivo de fomentar el relevo generacional y promover la participación. Por último, queremos aumentar nuestra capacidad de trabajo para atender nuevos casos de familiares que buscan a sus seres desaparecidos y para aquellas familias que desean acudir ante la JEP.
Nuestro propósito es expandir el tejido asociativo y comunitario, asegurando que nuestro mensaje de derechos humanos alcance a las capas trabajadoras y no politizadas de la sociedad colombiana. Aspiramos a que el fortalecimiento organizativo contribuya al robustecimiento de la democracia en nuestro país, ya que una sociedad organizada es una sociedad que conquista más derechos.
Como organización, respaldaremos incansablemente todos los esfuerzos de las comunidades por organizarse y luchar.
