Las empresas explotadoras han visto reducir sus ganancias pero la rentabilidad del negocio sigue siendo de gran atractivo. La reducción del costo laboral es simplemente una respuesta al afán superexplotador de quienes se lucran con la riqueza de nuestro subsuelo y de nuestro trabajo.
Alfonso Conde
Hubo una vez un bárbaro que por “méritos” de familia quiso ejercer como máximo orientador de la educación colombiana. No es fácil recordar otro que le haya competido en ineptitud y subordinación al mandato de intereses extranjeros. Ahora tal personaje funge como el gran orientador del gremio de las empresas petroleras y alto consejero del gobierno para la convivencia y la seguridad ciudadana.
Con ocasión de la caída de los precios del petróleo y, además, de la próxima culminación del contrato de explotación del campo Rubiales por la transnacional Pacific, el susodicho personaje se alborota indicando la necesidad de la continuación, hasta el agotamiento, de la entrega de nuestros recursos no renovables a la voracidad de los explotadores transnacionales. Se queja también de la carga que representa la fracción del valor del crudo que corresponde, por regalías e impuestos, a la renta del Estado. Paralelamente, se habla también de la “urgencia” de reducir los costos de la explotación, comenzando por los laborales.
Al respecto del último de los puntos mencionados vale anotar que los precios, a pesar de su reducción en el mercado internacional, están muy lejos de caer por debajo de los costos de producción en Colombia. Es decir, las empresas explotadoras han visto reducir sus ganancias pero la rentabilidad del negocio sigue siendo de gran atractivo. La reducción del costo laboral es simplemente una respuesta al afán superexplotador de quienes se lucran con la riqueza de nuestro subsuelo y de nuestro trabajo.
Otro asunto a considerar es el relacionado con los ingresos del Estado (state take) que, a pesar del discurso de la ACP, sigue siendo de los más bajos entre los países que explotan el petróleo. Ya decía hace años (2004) la ANH, entidad gubernamental encargada de entregar la explotación de nuestro recurso petrolero, que el contrato colombiano garantizaba al contratista un “state take” por debajo del 50%, inferior a la media mundial (67%) y aun a la media de los contratos de concesión R/T (59%), y así es desde la época del “iluminado” ex presidente Uribe, quien, en desarrollo de su “huevito” de la “confianza inversionista”, empeoró las condiciones del negocio colombiano para favorecer a sus aliados y socios extranjeros.
Junto al llanto de los negociantes que aspiran a mayores concesiones del Estado existe la realidad asociada con el menor ingreso estatal por la reducción de precios del crudo y por la restricción de nuestra relación de reservas / producción que indica que el recurso nos alcanza para algo así como 6,5 años antes de tener que comprar a las transnacionales nuestro propio petróleo. Ese asunto, y el referido al déficit fiscal y al encarecimiento de la deuda pública, serán tema de otra columna.
