Declaración del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Los avances en la Mesa de diálogo de La Habana, los primeros pasos hacia la construcción del Acuerdo de Paz, no pueden arriesgarse desfigurando la verdad en torno a la responsabilidad histórica de la acumulación violenta de la tierra, como una de las causas del conflicto. La verdad pura y limpia, debe guiar los pasos de Colombia hacia el bien superior de la paz como derecho. Discursos pensados para repuntar en las encuestas, dictados por veleidades electorales, o por el prurito de desprestigiar al interlocutor insurgente, no se corresponden con la majestad de este anhelo nacional.
Si “el medidor sobre los avances o no del proceso de paz, está en Cuba, no en cartas ni declaraciones” como asegura Santos, tampoco está en discursos desafortunados como el de San Vicente. Resulta sorprendente oír que si no hay avances en La Habana el gobierno se levanta de la mesa, cuando las FARC han presentado más de 40 propuestas para dinamizar el proceso.
Frente a esta circunstancia, en sintonía plena con su jefe, el Estado Mayor Central de las FARC-EP, declara:
De forma mal intencionada y perversa se pretende desviar la atención acerca de las causas ciertas y de los verdaderos responsables del despojo de tierras en cerca de 8 millones de hectáreas, ocurrido en nuestro país en las últimas dos décadas, fruto de la violencia estatal y paramilitar. Como es de amplio conocimiento, tal despojo fue concebido como política de Estado para facilitar la entrega de buena parte del territorio nacional a las transnacionales que hoy explotan, gracias a contratos leoninos, nuestros recursos minero-energéticos, produciendo además severos daños ambientales.
La ocupación de tierras baldías del Estado por parte de colonos campesinos, sea en forma individual u organizada, es decir, la reforma agraria de facto realizada por campesinos sin tierra a lo largo de varias décadas para reivindicar sus aspiraciones por la tierra y por una vida mejor, quiere ser presentada hoy como una acción criminal y de enriquecimiento por parte de las FARC-EP, distante de toda verdad y realidad. El Estado-victimario y despojador pretende transformarse en el Estado-víctima despojado.
Tras las afirmaciones señaladas, se encuentra en realidad el pretexto de realizar un nuevo ciclo de despojo, acompañado de la criminalización de campesinos que durante décadas han tenido la posesión sobre esas tierras, declarándolos como testaferros de propiedades, cuyos títulos ni siquiera existen.
Tal como lo plantea el comandante Timoleón en su misiva al presidente Santos, proponemos la activación de una comisión de alto nivel para que esclarezca la verdad sobre el supuesto despojo de las FARC-EP, integrada por representantes del gobierno nacional, de los campesinos, de las FARC-EP, y de la comunidad internacional, para que de manera inmediata se defina una ruta de trabajo y se presente a la mayor brevedad posible un informe sobre nuestras supuestas propiedades y los presuntos testaferros. Por nuestra parte sugerimos, como veedores internacionales, a la CELAC y al ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter.
Dicha Comisión deberá ocuparse también de la investigación y verificación de las múltiples denuncias y testimonios acerca del despojo que compromete a grandes terratenientes, empresarios, funcionarios del Estado y empresas transnacionales.
Reiteramos frente a la sociedad colombiana nuestro compromiso por no escatimar esfuerzos en la Mesa de diálogos de La Habana para contribuir al anhelado acceso a la tierra que las clases dominantes le han negado a los campesinos sin tierra, a los trabajadores y obreros agrícolas, a los desposeídos de las ciudades y a las mujeres de Colombia.
Esperamos que al gobierno no se le ocurra patear la mesa. Llamamos al pueblo de Colombia a movilizarse en defensa del proceso de paz, a no permitir que se nos arrebate esta esperanza. A nombre de las FARC-EP, nuestro saludo y voz de aliento a las Constituyentes por la Paz que hoy tienen lugar en todo el territorio nacional.
Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, febrero 26 de 2013
