Algunos artículos de la norma nos retrotraen a las épocas de la seguridad nacional de Uribe Vélez e insinúan de nuevo la formación de estructuras paramilitares
Alberto Acevedo
El gobierno del presidente Iván Duque celebró con alborozo la aprobación por parte del congreso de la República, la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, con la que el parlamento clausuró el año legislativo en la última semana de diciembre.
En palabras del ministro del Interior, Daniel Palacios, se trata de una ley “pensada en el ciudadano de a pie, el que sale a coger el Transmilenio, al que le roban el celular y el que todos los días es víctima de un delito”. En un tono triunfalista en extremo, que raya en la chabacanería, el representante a la Cámara por el Centro Democrático y coautor de la norma, Edward Rodríguez, dijo: “se les acabó el jueguito a los delincuentes (manifestantes en las plazas públicas) que salían a burlarse de los colombianos”.
Expertos en el manejo de la política criminal, sectores democráticos, de la academia y organizaciones populares, tienen otra visión: en lo relativo al aumento de penas para perseguir la delincuencia común, califican la norma como ‘populismo punitivo’, pues la criminalística moderna ha comprobado en repetidas ocasiones que el endurecimiento de las penas no amedrenta a los criminales, dados los altos índices de impunidad. Lo que temen los criminales es el castigo efectivo y ejemplarizante, y para ello no se requiere el aumento de penas.
Contra la protesta social
Pero el foco principal de la Ley de Seguridad Ciudadana no está tanto en el combate a la delincuencia común, como en la persecución a la protesta social, al crear nuevos tipos penales o aumentar las penas, cuando se trate de ‘protestas violentas’ que afecten el transporte público de pasajeros, se vulnere la ‘propiedad privada’ o se atente contra la vida y la integridad de los agentes de la fuerza pública. En este caso, con la norma se busca descargar el peso de la ley de manera exponencial sobre los responsables del ‘caos’, vale decir, sobre los estudiantes, los indígenas, los trabajadores que protestan.
Dejemos una cosa en claro: el concepto de manejo del orden público que establece la Ley de Seguridad Ciudadana constituye un retroceso en materia de derechos humanos, se expide en paralelo con otra de reforma a la policía en la que trata con guante de seda los desmanes de la fuerza pública, y coloca al país otra vez en la mira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional, que advirtió que de continuar las vulneraciones a los derechos humanos en Colombia, reabriría de nuevo un expediente contra el país.
Peligros de la norma
La ley originó un pulso por la protesta social. Que se dio en una primera instancia en el marco de duros debates en las sesiones parlamentarias, donde la oposición advirtió de los peligros que la norma introduce en la represión del malestar social. Y que se traslada ahora a los tribunales, donde ya cursan numerosas demandas por inconstitucionalidad.
Cuando se establece un difuso delito de perturbación en el transporte público, que se puede montar sobre la base de informantes o de partes de policía sesgados o falsos, como sucede en múltiples ocasiones, y no solamente se penaliza la actuación, sino que se aumentan las penas, es allí donde radica el eje de la criminalización de la protesta social.
De manera particular se penaliza el uso de pasamontañas, caretas, máscaras (¿incluye tapabocas?). Y desde luego, se aumentan las penas frente a la agresión, ataque u homicidio de miembros de la fuerza pública.
Justicia por mano propia
En la lista de nuevas figuras punitivas se establece también aumento de penas por el uso de armas blancas, corto punzantes o de fuego, incluyendo las ahora denominadas no letales. La normatividad incluye, curiosamente la eliminación de responsabilidad penal cuando se defiende la propiedad privada, valga el ejemplo, que el dueño del apartamento o del carro dispare y mate al presunto ladrón.
Una figura controvertida, que en opinión de juristas abre un boquete enorme a la justicia por mano propia, o simplemente al homicidio cuando deliberadamente se mate a una persona y se presente la versión de que estaba robando la propiedad.
Está por último, en una mirada rápida de la norma, la figura de la creación de cuerpos privados de seguridad para el manejo de las cárceles. Es ni más ni menos que la privatización de las instituciones penitenciarias. El modelo ya se ha ensayado en otros países y no ha servido para resolver los problemas del sistema, tales como el hacinamiento, la corrupción, la pésima alimentación a los internos o la criminalidad creciente, puesto que la generalizada complicidad de personal administrativo convierte las cárceles en focos de delincuencia.
Rechazo
Hay pues, dos cuerpos punitivos en la Ley de Seguridad Ciudadana: uno, dirigido a la delincuencia común, que resulta inocuo, dados los altos índices de impunidad ya reconocidos por los organismos de justicia. Otro dirigido a criminalizar la protesta social, que arrasa con los compromisos de respeto a los derechos humanos suscritos por Colombia, y más recientemente durante la visita del Fiscal General de la Corte Penal Internacional.
Esta parte de la normativa le hace el juego a la doctrina del derecho penal del enemigo, ya denunciada en nuestro medio desde la academia y por parte de defensores de derechos humanos. Es una doctrina perversa que califica al luchador social y al rebelde como ‘enemigo’, o ‘enemigo interno’, para justificar descargar sobre él todo el peso no solo del aparato de justicia sino del aparato de guerra del Estado.
Algunos artículos de la norma nos retrotraen a las épocas de la seguridad nacional de Uribe Vélez e insinúan de nuevo la formación de estructuras paramilitares.
Un imaginario que estigmatiza
Las reacciones en contra de la norma han sido muchas y las demandas ya comenzaron a andar. “Una cosa es salir a controlar a los manifestantes y otra es salir a matar. Esto no puede seguir sucediendo y con este proyecto va a continuar siendo lo mismo”, dijo la senadora Aída Avella, una de las primeras voces en salir a la controversia.
Para el senador Iván Cepeda Castro, por su parte, la Ley de Seguridad Ciudadana es “un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales y paramilitares. Es una licencia para matar; una nueva aberración de corte fascista de este gobierno”.
En opinión de Cepeda, la criminalización de los muchachos de la Primera Línea, por ejemplo, “es reforzar un imaginario que estigmatiza y que genera una visión peligrosista para quienes ejercen la movilización pacífica”.
