Se busca equilibrar el desface del presupuesto del próximo año, priorizando la asignación de recursos para la transición energética, el turismo comunitario y la progresividad tributaria. Los ingresos de las familias del sector popular no se verán afectados
Iván Posada P.
La sostenibilidad de la reactivación económica para los próximos años depende en parte de los recursos que aporte la ley de financiamiento.
El Ministerio de Hacienda radicó el proyecto de ley denominado Ley de financiamiento que busca recaudar $12 billones que corresponden a la diferencia entre los ingresos y egresos esperados en el marco del proyecto de presupuesto para 2025, cuyo monto total es de $523 billones. Se espera que, al aprobar la citada ley, el presupuesto quede financiado en su totalidad.
La estrategia de esta ley tiene con fines principales asegurar la continuidad de la reactivación económica iniciada con el pacto por el crédito con la banca, identificar nuevos ingresos tributarios, profundizar la progresividad tributaria e incentivar la transición energética y el turismo comunitario. En el sector empresarial, se pretende reducir el impuesto de renta gradualmente como incentivo a la pequeña y mediana empresa. En lo social, se busca preservar los recursos asignados para lograr las metas propuestas.
En cuanto a la identificación de nuevos impuestos, los juegos de azar en línea pagarían IVA del 19 por ciento, con la expectativa de recaudar inicialmente dos billones de pesos y, en los próximos seis años, 14 billones.
Esta actividad de azar crece de manera exagerada en el país, convirtiéndose en un problema de salud pública. Una forma de contenerla es a través de impuestos. Esta es una medida acertada, ya que no tiene nada que ver con la canasta básica familiar. Del mismo modo, las rifas y apuestas estarán gravadas con un impuesto del 25 por ciento, y por ganancias ocasionales pasarán a tributar entre el 15 y el 20 por ciento.
Incentivo a la pequeña empresa
El impuesto de renta comenzaría a reducirse gradualmente de 35 a 27 por ciento dependiendo del tamaño de la empresa según renta líquida gravable, con la perspectiva de hacerla más competitiva frente a las grandes compañías y al auge de la importación de todo tipo de bienes de consumo, maquinaria y equipo industrial. Las compañías petroleras y de carbón no aplicarían a este beneficio.
Atendiendo al principio de progresividad, la tasa de impuesto para personas naturales de altos ingresos se incrementa a partir de $1500 millones al año, que sólo cubre a unos 4000 colombianos.
También se busca identificar los activos improductivos que no figuran en el patrimonio, en ese sentido, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla afirmó que “Necesitamos identificar los que deben pagar el impuesto al patrimonio, que sólo afectará a los superricos del país”.
Igualmente, los salarios superiores a 120 millones al mes, que son un mínimo del total de asalariados, pagarían una tasa más alta. El resto de los salarios bajos y medianos no experimentarán incremento alguno en impuestos. El IVA para los bienes de la canasta familiar no tendrán modificación alguna.
Transición energética y medio ambiente
Con el propósito de acelerar la transición energética y contribuir a detener el calentamiento global, se propone incrementar el impuesto a las empresas que emitan gas carbónico de $25.000, suma irrisoria, a $75.000 por tonelada de CO2 emitido. Además, los vehículos híbridos, que no lo son tanto y que actualmente pagan cinco por ciento de IVA, entrarían a pagar 19 por ciento, ya que no se justifica esta prebenda.
Para fomentar el turismo comunitario en regiones y municipios a los que solo se puede acceder por vía aérea como Amazonas y San Andrés, se propone eliminar el IVA en los tiquetes aéreos para estos destinos y exención del IVA para servicios hoteleros en municipios de menos de doscientos mil habitantes.
La DIAN
La operatividad tributaria busca darle continuidad al proceso de tecnificación de esta entidad para reducir la evasión y elusión de impuestos, que, por estas, la nación deja de percibir recursos entre 50 y 80 billones al año. Los beneficios tributarios obtenidos en reformas anteriores por actividades económicas específicas ─en su mayoría no justificados─ son otra fuente de pérdida de recursos tributarios (Gráfica 1).
Gráfica 1: Plan de recaudo
Propuesta inviable
Los gremios económicos y los partidos de oposición, por su parte, proponen reducir el gasto, que en el total de presupuesto representa el 63 por ciento (trasferencias a las regiones para saneamiento básico, salud, educación superior, déficit pensional). Sin embargo, aplicar recortes en estos rubros, no da mayor margen.
A lo anterior habría que añadir los recursos de que se vio privado el país en los dos últimos años a cuenta de la extensión en el tiempo del subsidio al precio del diésel; la no deducibilidad en los impuestos de las regalías a las empresas petroleras y del carbón y los recursos que esperaba recibir la DIAN por concepto de litigios pendientes por valor de 15 billones de pesos.
Habría entonces que sacrificar la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología para garantizar el pago por el servicio de la deuda que representa el 21,5 del presupuesto de 2025, es decir, una cuarta parte de este. Por esta razón, en la ley de financiamiento se destina un rubro de 5,3 billones de pesos a modo de reserva para este fin (Gráfica 1).
En resumen, esta ley busca recaudar unos 4,8 billones en nuevos impuestos y ajustes de otros. Los rubros para la DIAN y el anticipo a la regla fiscal suman unos siete billones, para un total de 11,8 billones (Gráfica 1).
Lo destacable de esta ley es que apunta a la identificación de nuevas fuentes de recursos tributarios sin afectar los salarios bajos y medios ni la canasta básica de alimentos. Por otro lado, perfecciona el criterio de progresividad, es decir, a mayor patrimonio e ingresos, mayor impuesto y, por último, la búsqueda de recursos para la transición energética y la contención de la crisis ambiental global.
