“Les arrebaté la ilusión a los hijos y les desgarré el corazón a sus madres”

0
296
Los militares comparecientes ante la JEP

Las víctimas escucharon a los comparecientes que reconocieron crímenes de lesa humanidad contra sus familiares. No obstante la crudeza de los relatos de los victimarios, no hubo una verdad completa

Alberto Acevedo

“Yo ejecuté, yo asesiné a familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños. Les disparamos cruelmente, cobardemente y manchamos su nombre y el de sus familias”. De este tamaño fue la descarnada confesión que el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez hizo ante Sandra Barbosa, para confesar que con sus propias manos asesinó a su hermano Javier Peñuela.

Y más contundente aún, dijo: “vengo a limpiar su nombre, porque soy responsable de su detención”, “les arrebaté la ilusión a los hijos y les desgarré el corazón a sus madres por tener contento a un gobierno”. “El pecado de su hermano fue salir a la calle por un dolor de muela”.

Estas, y otras dolorosas confesiones desfilaron por los micrófonos de la audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que durante los días 26 y 27 de abril pasado, se llevó a cabo en la ciudad de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, por pedido especial de las víctimas de los denominados ‘falsos positivos’, en particular por la comunidad de las Madres de Soacha, cuyo caso fue especialmente examinado durante la audiencia.

Frente a las víctimas 

A la audiencia fueron convocados diez militares y un civil, tercero responsable, quienes anteriormente ya habían confesado sus delitos. Estos fueron: un general de la República en retiro, seis oficiales, tres suboficiales, y el tercero civil.

Dentro del movimiento nacional e internacional por la defensa de los derechos humanos, que impulsa mecanismos de justicia transicional como el de la JEP, del que Colombia ha sido pionera, se valoran circunstancias como la de que, por primera vez, un grupo de militares retirados tuvieron la entereza de confirmarle a sus víctimas la autoría de sus crímenes.

También por primera vez la JEP realiza una audiencia de esta naturaleza, en una de las regiones más afectadas por las desapariciones forzadas y las ejecuciones sumarias dentro de una política de estado de aniquilamiento de una comunidad, y por primera vez tal audiencia encara a víctimas y victimarios ante la sociedad. “Ningún momento nos había acercado tanto a la verdad y a la posibilidad de impartir justicia como esta audiencia de reconocimiento”, dijo al comienzo mide las sesiones el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

Las madres de Soacha

¿Quién dio la orden?

Las víctimas, ciertamente esperaban el reconocimiento, en voz alta, de que en efecto fueron violentadas y destruidas sus familias. Pero, los voceros de las víctimas indicaron que, a pesar de la crudeza de los relatos de los victimarios, no hubo una verdad completa. En ningún momento los ejecutores de los crímenes incriminaron a quienes desde las altas esferas del Estado dieron la orden.

“Queremos más verdad, porque están ocultando o encubriendo a los verdaderos responsables. Ustedes no son los únicos, falta gente y queremos que también nos den la cara”, dijo Mayra Alejandra Jaimes, una de las familiares de víctimas que intervino en la segunda sesión de la audiencia.

Allí mismo, Sebastián Bojacá, de la Comisión Colombiana de Juristas dijo: “Los comparecientes no están aportando al conocimiento individual de los hechos de las víctimas presentes, solo algunos y solo en algunos casos. Tampoco están aportando para entender quiénes originaron la política institucional y cómo se transmitieron las órdenes desde el puesto más alto de la jerarquía y cómo se transmitieron al punto más bajo”.

Hay otros aspectos que vale la pena tomar en consideración para entender, en una visión más amplia, la importancia de la audiencia de la ciudad de Ocaña.

Delitos de lesa humanidad 

Lo primero, es que vale la pena hacer un mayor esfuerzo entre los estudiosos del tema, para aclarar que no se trata de un simple caso de ‘falsos positivos’, como a la prensa tradicional le gusta calificar estos hechos. En realidad, se trata de un delito de lesa humanidad, de un genocidio, en el que se dieron calidades que definen estos delitos, como la cadena de mando en que transcurrió la orden, la sistematicidad en los crímenes, la intención de eliminar a un sector de población.

Se presentó la versión de que se trataba de operaciones legales, cuando en realidad no lo fueron. Esta práctica además desnuda la verdadera esencia de la denominada ‘seguridad nacional’ que en su momento tanto defendió el presidente Uribe. Se pone en evidencia un asunto de la mayor relevancia, denunciado anteriormente por defensores de derechos humanos: la política oficial de presión dentro de las Fuerzas Armadas para buscar resultados, así se midiera en litros de sangre.

Se corrobora además que la cadena de mando estuvo en principio en cabeza del entonces comandante del Ejército, el general Mario Montoya. Pero como dicen las víctimas, especialmente las madres de Soacha, es necesario descubrir todo el entramado y develar los nombres de quienes estuvieron en la cúpula de la ‘empresa criminal’, es decir, ‘quién dio la orden’.

Interrogantes por resolver 

Otros hechos apuntan a que mandos oficiales implicados en los crímenes rompieron la cadena de mando para otras vulneraciones a la función militar que establece la Constitución. Por ejemplo, ofrecer ascensos, dinero, vacaciones y otras dádivas a quienes participaron en los crímenes. La utilización de dineros de un fondo especial reservado del ejército para financiar la empresa criminal.

De la lectura de las confesiones de los uniformados se desprende que funcionó una especie de aparato de ‘inteligencia’ que fabricó pruebas, montó operaciones militares y encuentros armados ficticios para justificar los crímenes, entregaron a la Fiscalía prontuarios de hechos que jamás sucedieron y la fiscalía sobre pruebas falsas montó acusaciones criminales contra personas inocentes.

Vale la pena preguntarse a estas alturas del relato, si la embajada de los Estados Unidos en Bogotá cuenta con expedientes clasificados de estos hechos. A nivel de inteligencia militar, no se mueve una mosca sin que la embajada tenga conocimiento de ello. En este evento, si van a desclasificar tales expedientes.

Por último, señalar que los mismos expedientases falsos, de hechos que no sucedieron y fueron entregados a la Fiscalía, también se entregaron a los medios de comunicación afectos al sistema, que montaron verdaderos novelones para justificar los crímenes y la represión. Y la prensa, no ha hecho aún un mea culpa alrededor de la práctica de este estilo de periodismo mercenario y carroñero. En no pocas ocasiones la prensa oficial se desempeñó como otro actor más del conflicto.