Álvaro Uribe Vélez es el primer expresidente de la República que será llamado a juicio por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Con esta decisión de la juez 28 Penal del Circuito, Carmen Helena Ortiz, se da una derrota jurídica a la Fiscalía General de la Nación que de manera amañada estaba construyendo una defensa del imputado
Carolina Tejada
El pasado miércoles 27 de abril, luego de varios años de trabajo buscando que el proceso contra el ex mandatario por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, avance en función de la verdad y la justicia, la juez 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, Carmen Helena Ortiz, en una jornada extensa y de manera detallada presentó los argumentos que tuvo en cuenta para definir que no se precluye la investigación contra el expresidente, como lo pedía la Fiscalía.
Este proceso no empezó en febrero del 2018, sino muchos años atrás, con las denuncias hechas por las personas defensoras de los derechos humanos, de periodistas, de víctimas y de algunos jueces que incluso sufrieron persecución y algunos hasta perdieron su vida por cumplir con su misión constitucional.
Qué definió la juez
En su intervención, en el marco de la audiencia que duró 13 horas, la jueza aseguró que, en los hechos investigados, la Fiscalía no logró probar la tesis que alegó, relacionada con la no existencia del delito por parte de Uribe. Por lo tanto, no solo cuestionó el papel de la Fiscalía por no actuar de manera diligente y llamar a testigos que habían podido brindar nuevos elementos frente al caso.
Y expresó: «El despacho concluye que no se configuran las causales de preclusión previstas en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal consistentes en la atipicidad del hecho investigado, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. En consecuencia, el despacho negará la preclusión solicitada por la Fiscalía».
En el marco de la audiencia, la juez también enfatizó: “sobre la hipótesis de autoría o participación del senador Uribe ha quedado demostrado que, contrario a lo afirmado por Diego Cadena, el reporte de las gestiones realizadas, así como la solicitud de autorización para iniciar o continuar con las mismas, ocurrieron desde el mismo día de reunión de este con Fabián Rojas y Ángela López, y el coronel Ricaurte, quien habló de los tres testigos en Cómbita. Esa hipótesis de autoría o participación fue descrita en la aclaración de voto del magistrado Francisco Farfán Molina”.
Existen, según la jueza, muchos interrogantes que deberán ser aclarados en un juicio, entre esos los relacionados con el caso del narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘Tuso’ Sierra, en donde se adelantan investigaciones por los presuntos contactos que el expresidente habría hecho para desacreditar a personas relacionadas con el caso en el que fue implicado y llevado a juicio su hermano Santiago Uribe Vélez.
Una de las personas a las que se le reconoce como víctima afectada en este proceso, además de a Iván Cepeda, entre otros, es a la señora Deyanira Gómez, médica cirujana y quien es la ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en este proceso en contra de Uribe.
Deyanira entregó a la Corte una carta donde Monsalve aseguraba que estaba siendo presionado para cambiar su declaración en contra de Álvaro Uribe y, además, ayudó a grabar al abogado de Uribe, Diego Cadena, cuando intentaba sobornar a Monsalve para cambiar su versión. Desde entonces, Deyanira fue perseguida, señalada, estigmatizada y amenazada, razón por la cual tuvo que salir del país.
En rueda de prensa un día después de la audiencia Deyanira afirmó: “el trabajo de la Juez, fue arduo, minucioso. En Colombia nos dimos cuenta de la persecución de la Fiscalía, con investigaciones no solamente a mí, a mi familia y a mis hijos, que son menores de edad. Es imposible que en Colombia un niño de siete años de edad esté siendo investigado, cuando no ha cometido ningún crimen”.
En la intervención de la juez, también aseguró que no se le vulneraron los derechos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se le brindaron todas las garantías y expresó que “en sede de indagatoria y en fases anteriores de la acusación, el derecho a la defensa no se ve menguado, basta que la defensa sepa cuáles son los hechos objeto de investigación”.
Un importante paso para la justicia
“Lo único que procede en derecho y en justicia es un llamado a juicio a la mayor brevedad”, expresó el senador Iván Cepeda luego de la decisión de la juez, en medio de una rueda de prensa, en la que insistió en que lo único que queda es esperar a que el imputado sea llamado a juicio, en honor a la justicia.
De acuerdo con el senador, y además victima en este proceso, la decisión de la juez, “se defiende por sí sola, es absolutamente sólida, meticulosa, exhaustiva, ha honrado lo que hemos dicho las víctimas y los apoderados sobre estos elementos, que hay suficientes elementos probatorios, hay muchos indicios graves sobre la responsabilidad que ha tenido Álvaro Uribe en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal (…) con esta decisión quedó absolutamente demostrado que lo único que procede en este caso es el llamamiento a juicio”.
Ante las múltiples dificultades que se presentaron durante estos largos años para desempantanar el proceso en el que a simple vista se ha evidenciado la intromisión del Fiscal delegado para el caso, Gabriel Jaimes, el senador señaló que “quedó demostrado que la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del señor Jaimes, la Procuraduría y por supuesto la defensa del señor Uribe, conformaron una bancada, y se comportaron de una manera el absolutamente coordinada y métrica para intentar que este caso no pudiera seguir avanzando”.
El senador y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda, llamó al fiscal Francisco Barbosa, a que se acate la decisión de la juez y se llame lo más pronto al acusado para que responda por los delitos que hoy se le imputan.
La Fiscalía construyó un proceso en defensa de Uribe. Así lo expresó en rueda de prensa el abogado de las víctimas Miguel Ángel del Rio. Expresando además que lo que ocurrió en la audiencia fue un hecho bochornoso de la Fiscalía. Según el abogado, “se demostró de una manera evidente la ausencia de cargo argumentativa (por parte de la Fiscalía), como lo expresó la juez 28, sobre los elementos de construcción en la solicitud de preclusión.
Valga la Pena advertir el llamado de atención de la juez 28, de que una vez radicada la solicitud de preclusión el fiscal Gabriel Jaimes, seguía con actos de investigación” los cuales ya no podían quedar establecidos en el proceso. Y enfatizó, que este proceso, por primera vez visto en la historia de un expresidente de la república, “no es más que la derrota de la Fiscalía General de la Nación como institución (…) también para Francisco Barbosa, como jefe de esta institución, quien designó a Gabriel Jaime específicamente para esta tarea”.
En la rueda de prensa en la que también participó Reinaldo Villalba, otro de los abogados de las víctimas y de Iván Cepeda, reflexionó que “esta es una decisión de una enorme justeza jurídica, apegada al derecho, que reivindica la independencia judicial, y lo trabajado por la Corte Suprema de Justicia en su momento”.
Hasta el momento, y como debía ser por ley, la Fiscalía cambió su delegado en el proceso. Y se espera que, tal y como dictaminó la juez Carmen Helena Ortiz, el imputado sea llamado a juicio.
