A través de una consulta, el 12 de marzo se elegirá a los cinco candidatos que serán considerados por el Consejo Superior Universitario para ser el nuevo rector o rectora de la Universidad Nacional de Colombia
ACEU y JUCO Universidad Nacional de Colombia
El profesor Leopoldo Múnera Ruíz es uno de los candidatos que participará en la contienda universitaria del mes de marzo próximo. Su apoyo se basa principalmente en el movimiento estudiantil organizado y sus propuestas establecen la educación como derecho fundamental, cambios en la financiación, democracia y gobierno universitario, enfoque territorial y de género y actualización de los programas de posgrado. Leopoldo Múnera Ruíz es abogado, Magíster en Filosofía del Derecho de Università degli Studi di Roma, Scuola di Perfezionamento in Filosofia del Diritto, Magíster en Desarrollo de Université Catholique de Louvain, Doctor en Ciencias Políticas de Université Catholique de Louvain ─tesis doctoral: Relaciones de Poder en el Movimiento Popular Colombiano (1968-1988) ─.
El Semanario VOZ dialogó con el profesor Múnera para conocer su propuesta académica a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia.
¿Cuál es su perspectiva de la educación como derecho fundamental?
La educación superior en Colombia no es considerada jurídicamente un derecho fundamental. Esta ha sido una demanda histórica del movimiento estudiantil y profesoral. Actualmente, el gobierno nacional impulsa un proyecto de ley estatutaria que define la educación superior como un derecho fundamental. Este paso es muy importante, pero es necesario darle el contenido y los alcances adecuados a la idea del “derecho”. Se debe redactar una ley que responda a las reivindicaciones históricas del movimiento y a las necesidades del país y los territorios, pero también que sea coherente con conquistas históricas valiosas como la autonomía universitaria.
La financiación
Profesor Múnera, uno de los temas esenciales de la universidad pública es su financiación. ¿Cómo se piensa la ampliación de la financiación de la Universidad Nacional para que sea realizable en su rectoría y qué acciones se plantean conjuntas con las diferentes Instituciones de Educación Superior del país para alcanzar una nueva Ley de Educación Superior?
Mi propuesta retoma los estudios realizados por el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional de Colombia. Estos estudios demuestran con rigor que para cubrir la deuda histórica que se tiene con las universidades públicas, y responder a los desafíos que hoy tenemos en el país y en los territorios, el sistema de universidades públicas requiere recursos anuales equivalentes al 1 por ciento del PIB. Estos recursos deben ir siempre a las bases presupuestales de las universidades, de tal manera que sean estables y permitan avanzar en el cumplimiento de todas sus funciones misionales; es decir, docencia, investigación e interrelación con la sociedad.
Es importante señalar que el problema del desfinanciamiento no se soluciona estructuralmente con las medidas tomadas para favorecer las bases presupuestales, necesitamos establecer una fórmula de financiación estable, consistente con la idea del derecho fundamental a la educación, y capaz de financiar todas las funciones misionales de la Universidad. No solo la docencia, también la investigación y, por supuesto, la interrelación con la sociedad ─también llamada “extensión” ─. Es este el camino para alejarnos del autofinanciamiento como principal fuente de recursos para la investigación, y la extensión, pero también para fortalecer el bienestar universitario. No debemos olvidar que el tema financiero es también esencial para dignificar la labor docente de las y los profesores, así como la de las personas administrativas de la Universidad.
La democracia universitaria
Otro de los debates recurrentes en las universidades es sobre la democracia al interior de estas. ¿Qué modelo organizativo plantea para buscar democratizar los escenarios de discusión que se requieren en la Universidad Nacional?
Para mí es claro que Universidad requiere la democratización de la institución y de la vida académica como base material, simbólica y cultural del bienestar de sus integrantes, para que la comunidad universitaria pueda transformarse en el sujeto de la autonomía y no sea ignorada por el cuerpo directivo, como ha sucedido con diversos proyectos de reforma, como el de los posgrados y el de extensión, o en la propuesta de reglamentación del Programa de Trabajo Académico ─PTA─. El bien común del conocimiento implica la existencia de una comunidad que lo produzca y configure.
Este programa propone que en la Universidad Nacional de Colombia sea analizado el significado de la democratización institucional y el reconocimiento de la comunidad universitaria como el sujeto de la autonomía, para “desparadojizar” el gobierno que la rige. Sin necesidad de reformar la Ley 30 de 1992 o el Decreto 1210 de 1993, el Consejo Superior de la Universidad puede cambiar la forma de elegir las principales autoridades académicas, para otorgarles un carácter representativo en relación con los departamentos, las facultades o la universidad en su conjunto y volver vinculante la consulta a los estamentos, incluyendo a los egresados. También ampliar la representación del profesorado y el estudiantado en el Consejo Académico, así como en los órganos colegiados de las sedes y las facultades y regular la correspondiente a las y los trabajadores administrativos.
El enfoque territorial
En el marco de esa interrelación que plantea es posible un enfoque territorial. ¿De qué manera propone la regionalización/centralización de la Universidad Nacional para garantizar un enfoque situado en cada sede?
Creo que la poca presencia de la Universidad con una perspectiva nacional en los subsistemas regionales de educación superior y en el sistema nacional, puede condenar a las sedes de frontera a ser iniciativas épicas animadas por profesoras y profesores arraigados en las regiones, pero aislados tanto de las sedes andinas como de la administración central de la Universidad. Esto impide darle consistencia a la dimensión nacional a pesar de los esfuerzos loables por ampliar la planta y abrir nuevos programas académicos, con cincuenta docentes nuevos en cada una de las sedes de frontera, pero sin tener en cuenta las necesidades en diversas facultades de las sedes andinas. Las convocatorias de investigación y extensión, y las cátedras nacionales intersedes, son un paso adecuado en la consecución del propósito de integrar lo nacional con lo regional-territorial, en un proceso de doble vía; pero debe partir del reconocimiento pleno de las sedes de frontera como pares institucionales de las sedes andinas, que también son territoriales.
La erradicación de las violencias y desigualdades de género
La Universidad es un espacio social y académico que alberga diversidades e identidades de género. ¿Cuáles son las estrategias que pretende generar para consolidar una política de género al interior de la Universidad Nacional?
La Universidad debe formular acciones y políticas que contribuyan a la erradicación de las violencias y desigualdades ejercidas contra las mujeres y las disidencias sexuales y generar garantías y condiciones democráticas para que los y las integrantes de la comunidad universitaria puedan desarrollar todas sus capacidades como seres humanos sin temor a ser violentados(as) y/o discriminados(as) por su género, opción sexual, pertenencia étnica o capacidad cognitiva. Hemos retomado la idea de que los campus deben ser espacios para el cuidado, que propicien el desarrollo de las capacidades y las potencias singulares y colectivas de todos los estamentos.
La formación posgradual
Por último, respecto a los posgrados, ¿cuál es la perspectiva de su programa a la rectoría frente a la formación posgradual?
La educación de posgrado necesita ser reestructurada a partir de la especificidad de los diferentes campos de conocimiento y en relación con las particularidades regionales, históricas y territoriales de los programas de estudio. Creo que, desde una perspectiva académica, pedagógica y de bienestar, antes que financiera y administrativa, la comunidad universitaria tiene que resolver diversos problemas relacionados con el ingreso y el egreso.
