Las organizaciones políticas alternativas deben competir por los votos en un sistema electoral en favor de quienes cuentan con recursos económicos y que permite el fraude. En el conteo se deben cuidar los sufragios
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
En recorrido por Soledad y Barranquilla en el departamento de Atlántico, dirigentes políticos de oposición y algunos ciudadanos denunciaron a VOZ prácticas de los jurados de votación en anteriores elecciones, y lo que desde clanes políticos se prepara para los comicios del próximo 13 de marzo.
Jurados homogéneos, es decir, que en una mesa se ubiquen personas de un mismo partido o movimiento político; no ofrecer los tarjetones de las consultas u ofrecer en la que aparece Alejandro Char; y no diligenciar de manera adecuada o dejar casillas en blanco en los formularios E-14, especialmente el de claveros; el pago a los jurados por parte de políticos para que cuiden sus votos y para que cambien tarjetones en los conteos; son algunas de las irregularidades que según denunciantes hacen parte del paisaje electoral y que se intentarán realizar en esta región y en otras partes del país.
Con este panorama, se entró a ver el proceso de elección de estas personas para lo que fue necesario conocer de dónde salen. Y, con base en información disponible en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los jurados para las elecciones del 13 de marzo en Atlántico se escogieron mediante un proceso en el que se tuvo en cuenta el personal disponible de 3.379 empresas privadas, 348 instituciones educativas públicas, 347 instituciones privadas, 55 entidades públicas y 10 entidades mixtas.
Dentro del listado de proponentes, hay varias empresas privadas de la que es accionista la familia Char, como el banco Serfinanza S.A. con mil empleados. Asimismo, llamó la atención que esta entidad bancaria y otras once suman 28.257 trabajadores, de un total de 91.915: Sempertex, con 1.164 empleados; Tempo S.A.S., con 5.254 trabajadores; el Instituto Centro de Sistemas con 2.667; Compensamos S.A., 1.993; Atlantic International, 3.173; Gestión y Operación de la Costa S.A., con 4.494; Aseos Colombianos Aseocolba S.A., con 1.805; el Centro Inca, con 1.034; EFI Servicios S.A., 3.080; y Work Service S.A. con 1.363 empleados.
Por esta razón, algunos dirigentes políticos de oposición en esta región alegan que hay un conflicto de intereses porque habrá jurados que pertenecen a empresas cuyos propietarios tienen objetivos electorales.
Aclaraciones necesarias
La registradora de Soledad Alba Lucía González Gaitán y el registrador del mismo municipio José Asdrúbal Zapata Cano en presencia de delegados de partidos políticos hicieron claridades sobre las denuncias. En primer lugar, explicaron que se reciben las listas de las empresas que figuran en las bases de datos de Confecámaras, en las que se relacionan las responsabilidades económicas de cada una.
Dijeron que la tarea de la Registraduría es conocer la relación de las empresas públicas y privadas e instituciones educativas, que funcionan en el municipio y que aportarán ciudadanos en ejercicio para ser posibles jurados de votación.
Por su parte, y sobre el mismo proceso, el magistrado ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, Luis Guillermo Pérez comentó a VOZ que lo que se decidió por parte de la Registraduría Nacional fue pedirles a los partidos políticos, empresas privadas y universidades dar los nombres de personas que podrían ser jurados. Luego se sometieron a un sorteo en el que participaron los partidos políticos.
El trabajo de la Registraduría consistió en el cotejamiento de las listas, el establecimiento e identificación de empresas duplicadas en los listados y la verificación vía telefónica o correo electrónico de la existencia y funcionamiento de las mismas.
Una vez confirmada esta información, Ana Lucía González indicó que, como resultado del trabajo en más de dos mil empresas reportadas, al depurar la información se verificaron 763 empresas e instituciones educativas que fueron cargadas en el software de designación de jurados.
Conflicto de intereses
Seguidamente, le correspondió a la Registraduría notificar a cada una de las empresas e instituciones educativas de su municipio para que ingresaran al sistema y cargaran la información de sus empleados y estudiantes. Lo hicieron 403 empresas e instituciones educativas y solo cinco agrupaciones políticas reportaron información al CNE (MAIS, Cambio Radical, Partido Conservador, Colombia Humana y Centro Democrático).
En segundo lugar, y ante el cuestionamiento sobre un posible conflicto de intereses al haber empresas que aportan jurados, cuyos dueños participan en la contienda electoral, los registradores respondieron a los dirigentes políticos que la Registraduría no tiene cómo saber si los inscritos responden a un sector o candidato en especial, y que no es esta la institución competente para investigarlo.
El registrador manifestó que no puede existir tal conflicto de intereses, al considerar que los partidos políticos también inscriben ciudadanos para ser jurados de votación pues “los partidos promueven candidatos y así ponen jurados en la mesa”.
De la misma manera lo ve el magistrado del CNE Luis Guillermo Pérez, quien señaló que no hay incompatibilidad en que haya jurados que pertenezcan a estas empresas, porque también los hay que pertenecen a partidos políticos. “El asunto es que quienes deben asegurar la transparencia del proceso son los testigos electorales de todos los partidos, para evitar eventuales fraudes”.
Luego de dos simulacros para escoger los jurados, en los que hubo presencia de delegados de los partidos, el software se encargó también de realizar el sorteo de los mismos y de ubicarlos por mesas. Los escogió de acuerdo con la cantidad de propuestos, es así que -aclararon- si los partidos políticos querían tener más jurados debieron haberlos inscrito. VOZ confirmó que los de oposición no inscribieron una buena cantidad.
Para el doctor Luis Guillermo Pérez: “Si se llega a dar el caso de que una mesa está compuesta homogéneamente por intereses de un candidato en particular debería hacerse esa denuncia y exigirse el cambio de los jurados. Habría que demostrar que aparecen los mismos jurados que aparecieron hace cuatro años. Lo cierto es que sí ha habido una preocupación, porque así se ha expresado en el Consejo Nacional Electoral, de jurados homogéneos en muchas mesas que terminan suplantando a los electores y poniendo los votos que quieren por el candidato que quieran, en la urna respectiva”.
Con la selección realizada se definió para las 10 zonas de Soledad, 43 puestos de votación con un total de 902 mesas, cada una de las cuales cuenta al menos con seis jurados. En total fueron seleccionados 6.400 jurados de votación, de los que lógicamente la gran mayoría pertenece a empresas privadas por ser este sector que más aportó personal.
Desventaja en recursos
Ahora bien, por su parte, dirigentes políticos del Pacto Histórico hacen el cuestionamiento acerca de que la gran mayoría de escogidos son de empresas de las cuales varias de ellas son o tienen negocios con el clan Char, razón por la cual tienen intereses políticos electorales. Y con base en denuncias de pasadas elecciones, muchos de esos jurados se prestan para manipular votos o formularios E-14. No sobra recordar que esta familia es una de las más poderosas política y económicamente en este departamento.
Sobre esta práctica, el magistrado del CNE expresó: “Para eso propuse y fue aprobado exigir la huella y la firma en los formularios E-11, donde se registran los electores, para que no se suplante más o si se intenta por lo menos dejarán una trazabilidad que los puede conducir a la cárcel. Además, en 22 mil mesas habrá identificación biométrica, que es otra garantía pedida por organizaciones como la MOE. Lo que se busca es que en este proceso electoral se elimine al máximo la suplantación de los electores por jurados homogéneos”.
Al preguntársele a dirigentes de partidos integrantes del Pacto Histórico acerca de por qué no inscribieron más jurados de votación para que el software escogiera más y tuvieran presencia en muchas más mesas, contestaron que a muchos de los jurados les dan un día de descanso o las empresas y los políticos les pagan por el día de trabajo y ellos no cuentan con recursos para hacer lo mismo, por lo tanto, están en desventaja. Los jurados que pertenecen a empresas privadas pueden recibir entre 50 o 70 mil pesos por el día, señalaron.
Sobre este particular el magistrado Pérez comenta: “Sin duda ese es un problema y Colombia es uno de los pocos países donde no se reconoce un aporte económico a quienes son jurados y eso debería cambiar. Debería ser el Estado el que cubra los costos de una jornada de trabajo de quienes son designados jurados. Es una dificultad que habrá que superar dentro de la democracia colombiana”.
“En los E-14 pueden poner una equis o un asterisco y no un guion para impedir la manipulación de números, y que no aparezcan sumando votos que no se depositaron en la mesa”
Las diferentes trampas
Para el coordinador electoral de la junta nacional de Colombia Humana Mauricio Rodríguez, uno de los mayores riesgos de corrupción de los jurados en todo el país está en el trámite de los E-14, lo que se facilita si todos los jurados de una mesa pertenecen al mismo partido político. “Hay un formulario que va a transmisión de datos, otro a la Registraduría y otro que se llama claveros, que es el que va a los escrutinios y es el que normalmente alteran”.
Comenta que hay varias maneras de cambiarlo. La primera es llenando espacios en blanco a favor de un candidato o partido, manipulando las líneas o convirtiéndolas en números y omitiendo firmarlo para que en las reclamaciones un abogado haga que se pierdan esos votos.
Otra de las oportunidades para hacer robo de votos es en las comisiones escrutadoras auxiliares. “La transmisión de datos se hace en voz alta, entonces se dice ‘ciudad tal, puesto tal, mesa tal, votos por el partido tal, tantos votos, votos por el candidato tal, tantos votos’, y hay una persona escuchando esa información y pasando esos datos a un computador. Pero son muchos datos en unas mismas salas auxiliares con mucho ruido, donde cualquiera puede mover o manipular o el digitador por error escribir otro número, le pueden decir seis y escribir dieciséis, o lo contrario. Así con el dedo, sin mirar formularios cambian la votación de la mesa. El error es el sistema manual tan precario para ese proceso. Está hecho así para facilitar el fraude”, manifiesta el coordinador electoral de Colombia Humana.
Comenta que el robo se facilita con esta práctica porque normalmente los testigos de escrutinio están lejos y es difícil hacer seguimiento a todas las pantallas que pone la Registraduría. Entonces, luego hay que volver a comparar lo que dicen los E-14 con lo que dicen las actas de los digitadores de la Registraduría y estar atento a que no haya alteración de los resultados.
Otra manera de trampa que Mauricio Rodríguez ha conocido en elecciones pasadas es el cambiazo: “Hemos encontrado municipios en los que en el carro cambian el material electoral, pero sobre todo cambian los formularios E-14. Por eso, la gente también debe acompañar el traslado de los votos desde los puestos de votación hasta donde funcionarán las comisiones escrutadoras auxiliares. También es importante que al llegar el material los testigos de escrutinio se cercioren de que las bolsas estén selladas, si están abiertas o mal selladas lo más seguro es que cambiaron formularios o votos”.
Agrega que también es fácil legalizar el cambiazo en la transmisión de datos de escrutinio que se hace del E-14, en las comisiones escrutadoras auxiliares.
A cuidar los votos
Sobre esas posibilidades de fraude que identifica Rodríguez, el magistrado Pérez dice que en primer lugar en los formularios E-14 no hay que dejar espacios en blanco, “pueden poner una equis o un asterisco y no un guion para impedir la manipulación de números, y que no aparezcan sumando votos que no se depositaron en la mesa. De igual manera, existe el compromiso del registrador de que subirán en línea, en tiempo real las copias los formularios E-11 y E-14, de tal forma que la ciudadanía podrá comparar de la fotografía que le tomaron al E-14 en la mesa y lo que se subió, y así verificar que no hubo un fraude en los escrutinios”.
De esta manera, las comisiones escrutadoras tendrán que tener mucho cuidado porque si desconocen lo que se produjo en la mesa pueden terminar investigadas penalmente en caso de fraude, añade el magistrado.
Por eso, -recomienda Rodríguez- la tarea para los testigos electorales es quedarse hasta que se firmen los tres E-14 y corroborar que tengan la misma información, que esta sea verídica, que queden firmados y tomarles fotos, lo que es permitido desde las cuatro de la tarde.
El magistrado Pérez en su cuenta de Twitter hizo algunas orientaciones: 1. Sobre las consultas presidenciales, la organización electoral ha acordado que los jurados sí deben informar que se dispone de tres tarjetas en la mesa para si es su deseo reclamen una de ellas en garantía del derecho a la información y el pleno ejercicio del derecho a votar.
- Los y las sufragantes no deben usar celulares o cámaras para fotografiar su voto, así lo deben advertir los jurados como medida preventiva que protege el secreto del voto y para reducir la compra venta de votos.
- Las fotografías o videos pueden ayudar en caso de una impugnación ante las comisiones escrutadoras o ante el CNE, pero no sustituye las constancias y reclamaciones probadas que se deben dejar por parte de los jurados y testigos sobre irregularidades como errores de conteo.
- Recuerden que las etapas del escrutinio son preclusivas y cada constancia o reclamo necesariamente debe dejarse por escrito (con pruebas) en las mesas respectivas o ante comisiones escrutadoras. La votación en el exterior la escruta el CNE.
Acerca de los cambiazos en los vehículos que transportan votos, el magistrado del CNE comenta que los testigos tienen toda la potestad de poder acompañar todo ese proceso “y también hay testigos electorales para las comisiones escrutadoras, que no son los mismos de mesa. Entonces, es importante que haya comunicación y que la gente tenga la disponibilidad de acompañar todo el proceso, porque de nada vale ganar una elección si después no se cuidan adecuadamente los votos”.
“Hemos encontrado municipios en los que en el carro cambian el material electoral, pero sobre todo cambian los formularios E-14”
