Durante lo que va del año 2024, ha quedado en evidencia la ineptitud de la administración de Carlos Fernando Galán a la hora de proteger la vida e integridad de las mujeres. No olvidemos que, irónicamente, ganó las elecciones bajo el eslogan de “Bogotá camina segura»
Heidy Sánchez Barreto
@heidy_up
El actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se comprometió en su programa de gobierno propuesto a garantizar la protección de la vida y la seguridad de las mujeres, fortaleciendo la implementación de rutas integrales de prevención y atención integral para aquellas que fuesen víctimas de Violencias Basadas en Género, mejorando la atención en justicia y garantizando espacios libres de acoso en el espacio público, especialmente en el transporte público.
Estas estrategias incluían la capacitación para las distintas instituciones encargadas de recibir y acompañar las denuncias, como la Policía Nacional, una de las primeras instancias a las que acuden las mujeres cuando se encuentran en riesgo. Sin embargo, la realidad ha sido distinta: son quienes no atienden de inmediato las denuncias y constantemente ejercen revictimización.
Muestra de ello son algunos de sus pronunciamientos públicos como, por ejemplo, el reciente caso de Naomi Arboleda. Este se señaló como una “riña” y no como un feminicidio. Por lo tanto, es necesaria una capacitación integral a todo el cuerpo de la policía, que va más allá de unas simples esposas violetas o videos mal hechos de bajo presupuesto para alertar a las mujeres.
Acción en el papel
Distintos programas están incluidos en el Plan de Desarrollo Distrital para atender las violencias en contra de las mujeres. Así, por ejemplo, está el programa 2, del objetivo 1, que establece “Cero tolerancias a las violencias contra las mujeres y violencias basadas en género”. En este programa 2 se tratan de integrar las estrategias mencionadas en el párrafo anterior. Por esa razón, a través de nuestra iniciativa propuesta, se reforzaron medidas de prevención y atención para fortalecer las casas refugio, la reacción a casos de violencia y acoso en el transporte público, entre otros.
Estas herramientas siguen quedando en el papel, puesto que las cifras no disminuyen porque no existe gabinete en pleno, que se tome en serio la situación, empezando por el secretario de Seguridad quien tiene a su cargo el mencionado programa.
Es importante señalar que Bogotá fue la primera ciudad en crear la Secretaría de la Mujer. Esta durante su existencia ha implementado distintas estrategias para atender dicha situación dentro del marco de sus competencias. Ha creado equipos de acompañamiento psicológico y jurídico, que hacen presencia en aquellos lugares donde acuden las mujeres, por ejemplo, las Unidades de Reacción Inmediata, URI, y hospitales.
Sin embargo, es necesario indicar que su atención es deficiente debido a las condiciones laborales deplorables de quienes hacen este acompañamiento. Además, la prestación del servicio debería ser 24 horas e intensificarse en ciertos territorios, fechas u horarios donde aumentan las violencias contra las mujeres. Esto requiere un aumento en el número de personas contratadas para esta crucial labor, en lugar de reducirlas o sobrecargarlas.
Las cifras son evidencia
La ineficiencia de la administración de Galán se refleja en las cifras nada alentadoras, hasta agosto de este año. De acuerdo con el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá-OMEG, se han registrado 69 asesinatos de mujeres, 4838 delitos sexuales, 27.345 casos de violencia intrafamiliar, 1591 mujeres en riesgo de feminicidio y 795 en riesgo alto.
Las localidades con mayores asesinatos de mujeres son Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba. En cuanto a delitos sexuales, están las localidades Los Mártires, Kennedy y Suba. Asimismo, los casos de violencia intrafamiliar se concentran principalmente en Suba, Los Mártires y Kennedy. En delitos catalogados como feminicidios, de acuerdo con el Observatorio de feminicidios de Colombia, estas cifras en Bogotá, hasta el mes de agosto, registran 57 casos, cifra que, por cierto, dista de los 20 que reporta la policía de Bogotá.
Estos datos permiten colegir que Kennedy y Suba son localidades comunes que están en los tres primeros lugares con mayores casos de violencias contra las mujeres. Esta situación crítica debería llevar a la administración de Galán dirigir acciones estratégicas para estas zonas de la ciudad. En cuanto a delitos sexuales, la localidad de los Mártires debería encender las alarmas y generar espacios de atención diferenciada e identificar los lugares donde más se reportan este tipo de denuncias para prevenir y atender a las víctimas.
Ignorar no es la salida
La displicencia con las mujeres quedó en evidencia con el ataque a la movilización del 8 de marzo por parte de la UNDMO. Ocho meses después, aún no se han reunido con las organizaciones y movimientos de mujeres convocantes de dicha movilización. No es de “galanes” dejar plantadas a las mujeres, ni hacer propuestas como mayor iluminación cuando los casos también ocurren en el día, desconocer la violencia vicaria y solo pronunciarse en los casos que reciben mayor atención mediática.
Esto es muestra de la falta de empatía y nula comprensión de la violencia contra las mujeres. Esta se manifiesta de las maneras más crueles, empezando por la violencia psicológica, económica, física y contra sus seres queridos, el caso más cercano, contra sus hijos e hijas.
Esta administración debe poner a todo su gabinete, cada uno desde su sector, a prevenir y atender los casos de violencias, desde el sector educación, para no naturalizar cualquier tipo de violencia contra las niñas, jóvenes y adolescentes; generar espacios de prevención de violencias en el sector cultura, más allá de la línea calma; intervenir en eventos de grandes aglomeraciones y en épocas del año o fechas donde las mujeres corren más riesgo,
El sector hábitat y planeación debe pensar una ciudad con enfoque feminista, donde toda intervención urbana cuente con un enfoque diferencial y de género que proteja la vida de las mujeres. Es importante que las entidades del orden nacional actúen en la eliminación de las barreras para acceder a la justicia y se impongan condenas ejemplares a los violentadores y feminicidas.