Se aprobó en el Congreso de la República la ley que establece medidas para la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres en la política
Martha Bolívar
@MarthaBolivarUP
La Ley para la prevención de la violencia política contra las mujeres ─promulgada tras la expedición de la Ley 1257 de 2008─ es una de las acciones legislativas más importantes para garantizar una vida libre de violencias para ellas. La norma concitó la voluntad de muchos sectores políticos de todos los colores e ideologías.
El nuevo marco legal establece que “Se entiende por violencia contra las mujeres en el ejercicio de su derecho a la participación política, toda acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros en el ámbito público o privado que, basada en elementos de género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres o a sus familias, sin distinción de su opinión política, y que tenga por objeto o resultado, menoscabar, restringir, impedir, desestimular, dificultar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos políticos, en el marco de los procesos electorales, la vida orgánica partidaria, la democracia interna, la representación política, social y comunitaria.
»La violencia contra las mujeres en política puede incluir, entre otras, violencia verbal, física, sexual, psicológica, moral, económica o patrimonial, digital y simbólica”.
La participación en la política
La Ley en su artículo 16 establece una de sus más contundentes medidas: “la obligatoriedad a los partidos y movimientos políticos, para adoptar acciones y protocolos de sensibilización, detección, prevención, protección, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en política, de acuerdo con sus estatutos y códigos de ética, sin afectar su autonomía y procesos internos”. Con esto, las agrupaciones políticas tienen la obligación de adoptar herramientas pedagógicas, éticas y de garantías, para garantizar una militancia efectiva y segura al interior de sus organizaciones.
Al respecto, la Corte Constitucional señaló que, en examen posterior y obligatorio, “es una expresión del compromiso institucional y político con la creación de medidas que hagan posible la materialización de las promesas constitucionales en torno a los derechos de las mujeres que participan en la esfera pública”.
Asimismo, la Sala Plena, en la sentencia C-317 de 2024, reiteró la necesidad de adoptar políticas integrales que “hagan énfasis en la comprensión social del fenómeno de la violencia contra las mujeres en política y su prevención, que permitan complementar el debate democrático y estimular la participación de las mujeres en la vida pública y política”.
En contra de las lógicas patriarcales
Ahora bien, las violencias contra las mujeres y basadas en género hacen parte de las barreras de acceso al ejercicio pleno de los derechos, que se enfrentan tanto en el ámbito privado como público.
Esto constituye una barrera de acceso para el ejercicio del derecho a la participación en política, de modo que el derecho a vivir una vida libre de violencias es en todos los planos y contextos. Esta violencia contra las mujeres ha gozado de un relato cultural hegemónico, que naturaliza una serie de conductas, desde aquellas que se consideran cotidianas, rutinarias, hasta los micromachismos, que atacan la psicológica de las mujeres por el hecho de serlo.
Cabe señalar que por violencia se reconoce a toda acción reproductora de lógicas patriarcales que, por su condición, van en desmedro de la participación democrática.
Por esta razón, el movimiento de mujeres viene, poco a poco, conquistando una agenda de lucha por el derecho a una vida libre de violencias.
De modo que organizaciones políticas como las integrantes del Pacto Histórico y el Gran Acuerdo Nacional, en su calidad de partidos de izquierda y progresistas, deben sumarse a la causa de visibilizar lo que antes tenía una connotación invisible y privada. Al hacerlo, están dando una dimensión de lucha política a la erradicación de lo que representan las violencias contra las mujeres y basadas en género, llevándolas a la esfera pública como un tema central.
Articular los esfuerzos
Así pues, la igualdad de género solo es posible si se articulan los esfuerzos y las acciones necesarias para superar las barreras que impiden que se pueda participar en igualdad. La violencia contra las mujeres, y cualquier tipo de violencia, pero, en especial las infringidas dada su condición de mujeres, es una de esas barreras a superar y a prevenir.
La ley, en sí misma, representa un derrotero para la política pública, que incluye la responsabilidad del Estado en su conjunto por erradicar los obstáculos materiales, simbólicos y culturales que afecten el desarrollo de la militancia, en especial de las mujeres al interior de las organizaciones políticas.
Por tales razones, la reciente Asamblea de Mujeres de la Unión Patriótica y el VIII Congreso UP deliberaron sobre la necesidad de adoptar la política y sus instrumentos para propugnar por una sociedad más justa y en equidad de género.
La adopción del protocolo es un llamado a la práctica ética y cotidiana de sus afiliados y simpatizantes al desarrollo de esos principios en los escenarios de la vida social, personal, política y comunitaria, que se espera de cada miembro de la organización, como personas íntegras.
De cara a la conformación del partido unitario, es fundamental asumir y liderar la agenda de las mujeres, promoviendo una sociedad más justa y democrática.
