El miedo a ser víctimas de la guerra, generó el desplazamiento de 60 personas, sus casas han sido usadas por la policía como trincheras pasando por encima del DIH. La historia de un pueblo al que el Estado le impone la guerra.
Carolina Tejada
En el corregimiento de El Mango nunca existió un puesto de policía, pero cuando el ex presidente Álvaro Uribe ordena llegar a cada rincón del país, la fuerza pública ingresó El Mango y ha venido ocupando desde entonces, el salón comunal, casas de los civiles y lotes destinados a la construcción de colegios, entre otros.
Desde que la comunidad sacó a la Policía del corregimiento el pasado mes, la orden presidencial, haciendo caso omiso a las razones de la comunidad, y al temor de volver a vivir enfrentamientos armados, fue que debían volver al corregimiento. A su regreso y en medio del rechazo de la comunidad, El Mago fue militarizado, el Esmad y la policía ocuparon la vereda Campo Alegre, cerca al corregimiento, donde viven cerca de 20 familias campesinas.
Allí se están ocupando las viviendas de civiles que sin contar con su aprobación, son allanadas por los uniformados. Los dueños y vecinos de la vereda han denunciado los insultos y amenazas de que vienen siendo víctimas por parte de los soldados, la comunidad relata que en muchas ocasiones son obligados a tirarse al piso mientras los policías les apuntan con sus armas.
Un caso a resaltar es el de Moisés Gaviria, campesino de la zona, y quien en el 2013, perdió en medio de los combates entre la insurgencia de las FARC y la policía, a su hija y a su esposa. A este campesino, en contra de su voluntad le es ocupada lo que queda de su casa.
Esta situación de usurpación de viviendas y malos tratos por parte de la policía a sus habitantes, generó que las 20 familias que allí vivían con un aproximado de 60 personas, se tuvieran que desplazar forzadamente a causa del temor de seguir siendo escudos humanos en medio de las confrontaciones armadas.
El pasado 15 de julio, nuevamente se presentan enfrentamientos en las horas de la madrugada, varios policías fueron heridos y las viviendas se vieron afectadas. La red de DDHH Francisco Isaías Cifuentes, junto a Dagoberto Muñoz, presidente de la junta de acción comunal de El Mango, acordó con la fuerza pública un protocolo de ayuda para atender los heridos, una misión médica para auxiliar a los policías heridos.
Contrario a lo que se esperaba, cuando la misión médica trató de ingresar al punto acordado con los policías para atender a los heridos y poder sacarlos de la zona, a quienes integraban la misión, a los defensores de DDHH y los periodistas de Caracol, fueron obligados a tirarse al piso, insultados y encañonados con las armas de dotación. La indignación frente a estos hechos es relatada por Cristian Delgado, coordinador de la Red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes: “el trato que recibió la comisión humanitaria fue degradante, pese a que los defensores de DDHH, los comunicadores, estaban en disposición de facilitar la salida de estos agentes que se encontraban heridos, buscando preservar la integridad y la vida de los heridos”.
Cristian Delgado cuenta, que viviendas como la del señor Moisés, a quien le fue ocupada su casa por efectivos de la policía, fue usada como trinchera, desde allí, como desde otras viviendas fueron respondidos los ataques de la guerrilla.
La comunidad ha interpuesto una tutela para preservar la vida y la integridad de El Mango, se adelantan diligencias ante las instituciones para atender el corregimiento, y se exige que se respete el derecho internacional humanitario, que no se siga poniendo en riesgo a la comunidad. La población sigue insistiendo en la necesidad de reubicar la policía fuera del casco urbano, y exigen que los bienes que han sido usurpados por la policía y que se han visto damnificados, sean reparados. Igualmente se espera que el cese al fuego bilateral, traiga tranquilidad a la comunidad y se respeten las demandas de la población civil.
