¿Quién responde por esos recursos públicos despilfarrados? Aún no hay responsables por el que podría ser uno de los fracasos empresariales más lesivos de la historia del país
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
En 2005, ante los retos y las posibilidades en el mercado de los combustibles, la junta directiva de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, vio la posibilidad de montar una planta para la producción de etanol a partir de la caña de azúcar. Un combustible más económico y ambientalmente más amable.
Es así como decide adquirir dos empresas, Bioenergy SAS y Bioenergy Zona Franca SAS.
Según el portal web de Bioenergy, el proyecto inició con una familia llanera que con algunos socios creó una empresa llamada Alcohol, convencidos de que la caña de azúcar con fines industriales podía sembrarse en la altillanura.
La siembra inició con 450 hectáreas de caña en la finca La Esperanza, pero debido a la humedad en los suelos y que no se contaba con la disponibilidad del área requerida, se tomó la decisión de migrar hacia la altillanura al kilómetro 42 en la vía Puerto López-Puerto Gaitán, en las fincas Lituania, Kari Kari y Porcelana, en las que desarrollaron los primeros cultivos de caña.
En 2008, Ecopetrol ingresó como accionista mayoritario. A partir de ese momento, lo que era una empresa familiar pasó a estructurarse como una filial de la compañía, y en junio de 2009 inició oficialmente su estructura organizacional y desarrollo empresarial bajo el nombre de Bioenergy.
Ecopetrol contrató una banca de inversión para realizar unos altos estudios técnicos, financieros y de mercados con los que determinaron la viabilidad del proyecto, este costaría alrededor de 140 millones de dólares. En realidad, hubo un altísimo sobrecosto, ya que el valor fue de 760 millones de dólares, es decir, tres billones de pesos.
Es hasta 2011 cuando se inicia la fase de construcción de la planta de etanol. En 2016 se adelantaron las acciones de precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha para la producción del primer litro del compuesto químico.
“El etanol que se producirá estará destinado a la mezcla con la gasolina corriente, con un incremento del 8% al 10% en el centro del país. Tendrá una concentración alcohólica de 99.5 grados, calidad requerida por la legislación colombiana”, explicó en 2016 Rafael Pittaluga, gerente de Bioenergy.
Los primeros años
Al cierre del siguiente año, la empresa reportó las siguientes cifras: producción de etanol: 36,3 millones de litros; volumen de ventas: 26 millones de litros; generación de energía: 70 183 MW de energía eléctrica; molienda de caña: 562 mil toneladas.
Al ser el primer año de producción, y luego de una gran inversión, la firma no obtuvo utilidades: “…la compañía con corte a 31 de diciembre de 2017 no cuenta con utilidades. El resultado del ejercicio de la Sociedad para el año 2017 muestra una pérdida neta de $197.949.497, por lo tanto, no da a lugar a distribución de utilidades”, dice el Informe de Gestión del año 2017.
De la misma manera fue reportado para el año 2018, aun cuando el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, había dicho en 2016 que se esperaban utilidades a partir de 2018-2019, siempre y cuando se mantuvieran las reglas regulatorias en materia de la mezcla de combustibles.
La reorganización
Sin embargo, tres años después de haber entrado en funcionamiento, la asamblea de accionistas en reunión extraordinaria el 31 de enero de 2020 decidió solicitar la admisión al régimen de insolvencia empresarial, en los términos de la Ley 1116 de 2006, más conocida como Ley de quiebras, en la modalidad de proceso de reorganización.
Entre los argumentos estuvieron que Bioenergy no podría cancelar oportunamente sus obligaciones dinerarias dentro de “los próximos años” por causas internas y de mercado, según se desprendía del flujo de caja para el año 2020.
Algunos analistas aseguraron que la afectación causada por el COVID-19 a los mercados, contrajo a la vez la demanda de combustibles. Además, la Federación de Biocombustibles de Colombia, Fedebiocombustibles, en junio de 2020, manifestó que en los primeros seis meses de ese año se había importado 88 millones de litros de alcohol de maíz provenientes de Estados Unidos, lo que golpeó a la agroindustria y puso en riesgo la producción de azúcar.
“Las importaciones de etanol de los Estados Unidos afectaron a Bioenergy porque no podía vender su etanol ya que se prefería comprar el etanol barato de ese país, afectando severamente a la economía de la empresa. Otra de las causas que agravó la situación fue la productividad de los cultivos. Lamentablemente, lo que debió haber comenzado tres años antes de arrancar la operación de Bioenergy no se dio, si bien los cultivos estaban ya listos para producir, no había forma de utilizarlos y esto provocó una disminución de la productividad de una caña que estaba sin uso”, manifestó en ese momento Jorge Bendeck Olivella, presidente de Fedebiocombustibles.
El 10 de marzo del mismo año, la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto 2020-01-101986, decretó la apertura del proceso de reorganización de Bioenergy.
Un acelerado proceso
Solo tres meses después de tener la protección legal otorgada por la Supersociedades mediante el proceso de recuperación empresarial, de manera sorpresiva Bionergy, con memorial 2020-01-268781 de 17 de junio de 2020, solicitó su liquidación judicial inmediata.
En ese momento, argumentó la inminente iliquidez de Bioenergy SAS y como consecuencia de ello la imposibilidad de continuar con la operación por las incertidumbres del negocio y los eventuales requerimientos de capital que esta demanda actualmente y en el futuro; que teniendo en consideración la posición de Bancolombia de condonar el 40 por ciento de la deuda de Bioenergy Zona Franca, sin compromisos de financiación del capital de trabajo en el futuro, lo que denota la imposibilidad de obtener recursos del mercado financiero; y la condición de precios del mercado de los hidrocarburos, que no permiten a Ecopetrol continuar otorgando recursos para la operación de Bioenergy.
Con base en lo anterior, la empresa concluyó que la alternativa de una reorganización no es viable para ninguna de las dos sociedades, y que ambas deben ser liquidadas.
Fue asombroso que solo siete días después, mediante Auto 2020-01-293699 de 24 de junio de 2020, la Superintendencia de Sociedades decretara la terminación del proceso de reorganización y la apertura del proceso de liquidación.
No se entiende cómo en tan pocos días los equipos directivos de las empresas pasaron de argumentar insolvencia y solicitar reorganización, a concluir que las empresas no eran viables. Fue una manera de dar por perdidos todos los recursos públicos invertidos, a través de Ecopetrol.
El 25 de junio, el exministro de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Juan Manuel Santos, Rubén Darío Lizarralde Montoya, tomó posesión como gerente liquidador. Y, trece días después, con memorial 2020-01-327416 del 8 de julio de 2020, solicitó la continuación del desarrollo del objeto social de las dos empresas liquidadas. En otras palabras, pidió que las empresas en liquidación continuaran operando.
La resurrección
El liquidador en ese momento arguyó la posibilidad de preservar la más grande y moderna destiladora de etanol del país, “que representa el 25% de la totalidad de la agroindustria del etanol nacional, teniendo la posibilidad de producir hasta 504.000 litros de alcohol carburante por día, en virtud de la tecnología de punta y gran tamaño que caracteriza la planta industrial.
»Teniendo en cuenta la gran afectación de la comunidad y del sector agroindustrial del país, el auxiliar de la justicia considera que se puede realizar un esfuerzo consistente en la recuperación de la empresa, en tanto los activos como unidad productiva tienen todo el potencial de lograr una salida a la situación de insolvencia y estabilidad financiera para el largo plazo.
»Uno de los activos más importantes de la sociedad es el activo biológico. La concursada cuenta con plantaciones de caña de azúcar que son la base para la generación de sus ingresos. Una vez estas plantaciones se encuentran aptas para ser cosechadas (periodo de zafra), son procesadas industrialmente para la generación de diversos productos a través de procedimientos industriales, de manera que, la única forma para lograr una adecuada conservación de los activos es a través de su mantenimiento y operación”.
La Superintendencia de Sociedades respondió positivamente, es decir, autorizó.
Una fuente conocedora del funcionamiento de la Superintendencia y de estos procesos, consultada por VOZ, aseguró que la rapidez de las decisiones de esta entidad para este caso no es normal: “Obviamente era un fraude calculado. Cómo es que a los pocos días de que el liquidador recibió la empresa dice, ‘Uy, ¡qué maravilla!, esta empresa sí funciona’. Desde ese día hasta hoy, la empresa funciona y factura”.
Los nuevos dueños
Por su parte, las empresas en proceso de liquidación lograron ventas de etanol, vinculación de nuevos clientes ─como Primax que hizo compras anticipadas de etanol, lo que permitió un flujo de caja─, y recursos financieros para operar con el apoyo de acreedores y proveedores como Itaú, Banco de Bogotá y Bancolombia.
De esta manera, reactivó la maquinaria, preparó terrenos para cultivar y puso a punto la planta. No obstante, faltaba una inyección de capital y luego de haber varios interesados internacionales, en marzo de 2022, quedó en manos de la colombiana Green Energy.
Bionergy se acabó y fue reemplazada por Agrícola de Los Llanos, mientras que Bionergy Zona Franca está en un proceso de reorganización.
En febrero de 2023, Lizarralde informó en el diario El Tiempo que la empresa tiene todas las posibilidades y que el objetivo es que produzca etanol de primera y segunda generación, y hasta etanol para aviones.
Para el mismo año, tenía proyectada la producción de 65 millones de litros, y hasta cien millones en los siguientes tres. Para lo cual, la empresa requiere una inversión de doscientos mil millones de pesos con el propósito de hacerle mantenimiento a la planta y renovar más de ocho mil hectáreas del cultivo.
Sin investigaciones
Las irregularidades en el funcionamiento y la falta de planeación de la empresa, cuando era de la estatal petrolera, ya habían sido identificadas por la Contraloría General de la República, que en diciembre de 2022 sancionó con 1338 millones de pesos la pérdida de recursos públicos que tuvieron Bioenergy S.A. y Ecopetrol.
Según el ente de control, hubo una afectación a las finanzas públicas en 1029 millones de pesos en la ejecución de ocho contratos de arrendamientos de tierras, en los años 2013 y 2015, y que no habían sido utilizados para este fin.
La sanción recayó en miembros de la junta directiva de la empresa, quienes fueron responsables de haber pagado arriendo por un tiempo de tres años y dos meses, por terrenos en los que no se pudo sembrar.
Como si fuera poco, en septiembre de 2023, la Contraloría emitió un fallo de responsabilidad fiscal por $56 028 millones, por la pérdida de la inversión de recursos públicos entre 2010 y 2013 al componente agrícola del proyecto para la producción de etanol El Alcaraván, debido a que la caña sembrada no fue usada para la producción de etanol.
Así las cosas, pueden configurarse varios delitos como administración desleal, peculado y fraude procesal, por los que nadie ha sido acusado, investigado y menos condenado.
En ese sentido, ahora que hay una nueva junta directiva en la estatal petrolera, esta debe propender por iniciar las investigaciones de todos y cada uno de los casos de posible corrupción que afectan los recursos públicos.
Es evidente un entramado con Bioenergy: “El sentido común lo lleva a uno a pensar que desde Ecopetrol alguien se inventó la maldad de regalar esa empresa a un tercero, para lo que utilizó a la Superintendencia de Sociedades, y el tercero estaba esperando para meter un billete y quedarse con la empresa a precio de gallina flaca, lo que le había costado a Ecopetrol tres billones de pesos”, concluye la fuente conocedora de primera mano del funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades.
