Parlamentarios del Pacto Histórico y de otras fuerzas políticas iniciaron un ciclo de audiencias por todas las universidades del país para, con la comunidad estudiantil, perfeccionar el proyecto de ley que modificará la fórmula de financiación de la educación superior
Simón Palacio
@Simonhablando
La abnegada lucha que ha desarrollado el movimiento universitario colombiano en la última década evidenció la importancia que tiene para la juventud el acceso y la permanencia a la educación superior pública.
Con ese horizonte claro, la bancada de la Unión Patriótica, el Pacto Histórico y otras fuerzas aliadas iniciaron un ciclo de audiencias por todas las universidades públicas del país, que permitirá alimentar el proyecto de ley que pretende modificar la fórmula para financiar la educación superior, cambiando concretamente los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.
El primer ejercicio de audiencia pública se realizó el pasado 19 de septiembre en la Universidad Surcolombiana, ubicada en la ciudad de Neiva, Huila, con presencia de congresistas, el movimiento estudiantil, el profesorado, representantes del Ministerio de Educación y los rectores del Sistema Universitario Estatal, SUE.
Las movilizaciones de 2011 con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, y de 2018 con la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, Unees, que agruparon a las diferentes agremiaciones estudiantiles, profesorales y de trabajadores, consignaron importantes avances que hoy se recogen en la propuesta de reforma a la financiación de la educación superior pública.
Financiamiento a privados
Hoy el país tiene una oferta de cupos con 34 universidades oficiales y las instituciones públicas técnicas o tecnológicas. El énfasis de las dos últimas décadas ha sido la creación de programas de subsidio a la demanda, como Ser Pilo Paga, y fortalecer el sistema de crédito con el Icetex. El crédito y la financiación vía demanda son instrumentos que desconocen el papel de la educación en tanto derecho y fomenta lógicas mercantiles. Esto ha llevado a un desfinanciamiento de las universidades públicas cercano a los 18 billones de pesos, lo cual ha afectado significativamente los fines misionales de las mismas.
Para subsanar este problema estructural de financiamiento, se requiere transformar el modelo que se sustenta en el incremento de presupuesto público. El proyecto de ley presentado por el senador Ariel Ávila (Alianza Verde), los representantes a la Cámara Jénnifer Pedraza (Partido Dignidad) y Gabriel Becerra (Unión Patriótica-Pacto Histórico) quieren modificar el esquema de financiamiento de la Ley 30 y asegurar los recursos de la educación superior pública.
Y es que de facto se han estancado los recursos de la educación pública universitaria desde hace tres décadas debido a que el ajuste se ha guiado principalmente por la actualización nominal del precio de la moneda, es decir, por el Índice de Precios al Consumidor, IPC, y no por la evolución de los costos reales en infraestructura, bienestar, salarios e investigación.
En 1993 el aporte de la nación ascendía a 10 millones por estudiante, mientras que para 2016 apenas llegaba a más de cuatro millones. Según el informe de sostenibilidad financiera presentado por el SUE, el gasto público en educación superior pasó de 2,21 billones en 2002 a 8,9 billones en 2016, sin embargo, en esos años los recursos del Estado decrecieron del 55,7% al 37%.
En el proyecto de ley presentado se alerta además como se han producido otras irregularidades, como la constitución de una nómina irregular a través de la contratación de docentes ocasionales y de cátedra. Para 2018 solo el 33,15% de docentes eran de planta, 27% ocasionales y 39,83% de cátedra.
Las 34 universidades públicas en la actualidad deben financiar sus actividades en cerca del 48% con recursos propios mediante matrículas y actividades de extensión que limitan el acceso de estudiantes y desvía recursos humanos de docencia e investigación hacia programas de extensión.
Inversiones precarias
A esta problemática se le suma el lento proceso de modificación del destino de inversión en educación superior, debido a que se canalizan más recursos para el Icetex y el SENA en detrimento del sistema de universidades públicas. Este modelo es propio del énfasis en la formación para el trabajo de una economía periférica, jerárquica y elitista donde pocos acceden a educación universitaria de alta calidad, mientras a los demás se les deja a la formación para el trabajo, con baja innovación y poco desarrollo científico.
Para el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior el crédito pasó a constituir la posibilidad de ingreso a la educación universitaria como muestra el paso de 38.000 estudiantes vinculados al Icetex en el 2000 a 635.000 en el 2015. En este sentido en el período del 2000 al 2016 se desarrolló un desplazamiento de la inversión de las Instituciones de Educación Superior, IES, al Icetex que en la actualidad funciona como una entidad financiera, con los montos adeudados al Banco Mundial por los préstamos de los años 2022 y 2008.
Según su Informe de gestión del 2020 a diciembre del 2020 los activos del Icetex ascendieron a $6,7 billones con ganancias de $833.415 millones frente al 2019; también hubo un incremento de pasivos y patrimonio.
Entre los puntos que destacan del proceso de desvío de recursos hacia entidades que no son IES públicas están los programas de financiación a la demanda: Ser Pilo Paga y Generación E. Así lo considera el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior, el 94% de los recursos del primero terminaron en instituciones privadas con énfasis en pocas universidades. Esto es preocupante teniendo en cuenta que es mayor el valor agregado generado en los estudiantes por las universidades públicas mientras es poco significativo en las privadas como se reseña en el acápite de ventajas de la educación superior pública.
Los recursos invertidos en cuatro años de Ser Pilo Paga equivalieron al 0,41 punto del PIB para beneficiar a tan solo 40 mil estudiantes, monto similar al destinado anualmente a 32 universidades públicas que cobijaron cerca de 612.800 estudiantes. Haber garantizado matrícula cero en las 12 universidades públicas acreditadas durante esos cuatro años habría costado dos billones para 305.000 alumnos. Es decir, con menos recursos se habrían asegurado los derechos de más estudiantes.
La propuesta
Según la propuesta, los ingresos para el financiamiento de la educación universitaria serían de 9,69% anual. Adicional, se propone un crecimiento mínimo del 15% en el Índice de Costos de la Educación, ICES, durante los primeros cinco años de vigencia de la ley, que sería un incremento del presupuesto del 20,2%.
A eso se le sumaría la actualización presupuestal del 1% del PIB en diez años además de subsanar el desfinanciamiento histórico de cupos pues se podrán crear 461.000 cupos. Con esta fórmula la inversión estatal se acercaría al 1,5% promedio que tienen los países de la OCDE.
En términos reales el presupuesto de las universidades por concepto del artículo 86 de la ley 30 se duplica al quinto año de vigencia de la ley. Después del 2030, los recursos de la base presupuestal de las universidades serán del 1% del PIB. En términos nominales de 2023 a 2030 se acumularán recursos adicionales por el artículo 87 de ley 30 en ocho billones de pesos y en el artículo 86 por 10,26 billones de pesos, para un total de 18,3 billones de pesos, equivalentes al acumulado de necesidades en funcionamiento e inversión estimado por el SUE.
