La reforma agraria ya inició

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Estos ejercicios de toma, recuperación y liberación de tierras se articulan a la movilización popular en favor de la reforma agraria. Foto Agencia Prensa Rural

Las recientes iniciativas populares de toma de tierras en el norte del Cauca, el sur del Cesar, Valle del Cauca, Meta y Catatumbo han abierto el debate sobre la urgencia de agilizar la redistribución de la tierra

Simón Palacio
@Simonhablando

El anuncio decidido realizado por el presidente Gustavo Petro de avanzar en la reforma agraria históricamente aplazada como eje central del gobierno del cambio, contrasta con la actitud tímida y hasta cierto punto contradictoria de quienes hoy presiden las carteras del Interior, Justicia y Agricultura.

Tal y como lo registró este periódico, recientemente se originaron distintas iniciativas populares de toma de tierras en el norte del Cauca, el sur del Cesar, Valle del Cauca, Meta, Catatumbo, entre otras regiones. Al respecto, el mensaje de las carteras ministeriales a esta dinámica no pareció distanciarse de los lineamientos de anteriores gobiernos, aunque se habló de priorizar el diálogo. La controversia con el mensaje se centró en el uso de la fuerza acompañado de un ultimátum de 48 horas, lo cual generó malestar en las organizaciones campesinas e indígenas.

Movilización popular por la reforma

Tanto el programa como los lineamientos emitidos por el presidente han sido claros en que la prioridad para el gobierno del cambio será redistribuir la tierra. Esta orientación gubernamental fue la chispa que encendió la dinámica en los sectores campesinos e indígenas para comenzar con fuerza el proceso aplazado por una reforma agraria.

Los departamentos de Cauca, Córdoba, Valle del Cauca y la subregión del Catatumbo han tomado la iniciativa. Dichas tomas y liberaciones de la madre tierra, son un campanazo que emerge desde el movimiento campesino e indígena en perspectiva de hacer realidad la decisión política del jefe de Estado de construir una reforma que se ha demorado más de 200 años.

Estos ejercicios de toma, recuperación y liberación de tierras se articulan a la movilización popular en favor de la reforma agraria. Frente a lo cual deben concurrir la acción pública del gobierno y del Estado. No es con ultimátums de horas o advertencias temerarias, no es con calificativos y tratamientos confusos, como se debe caracterizar a los procesos agrarios como de “invasores”, el procedimiento para asumir esta dinámica social. Los verdaderos invasores y acaparadores de tierras no han sido los campesinos y pueblos étnicos, ellos son las víctimas que hoy están dispuestas en un ejercicio de dignidad para empujar la reforma agraria.

La coherencia de Petro

El movimiento social y popular por la reforma agraria debe continuar y el gobierno del cambio canalizar con esfuerzos institucionales de gestión hacia este propósito de materializar una nueva política pública en materia agraria, trascendental para la recuperación económica del país. La nueva administración no puede seguir inmóvil ante los reclamos redistributivos y, mucho menos, ante las amenazas de algunos sectores ganaderos que han sugerido un rearme al mejor estilo paramilitar.

Urge una respuesta institucional del alto gobierno, al lado de las organizaciones campesinas y étnicas, que despliegue una suerte de protocolo de la protesta social en los territorios rurales para que el incremento de recuperaciones de tierras sea en función de canalizarla y formalizarla.

Estamos ante un gran reto. Lo que el gobierno se comprometió en campaña debe hacerlo, sin romanticismos, pero sin temores. El movimiento social por la toma de tierras son la avanzada, el alistamiento preliminar, el impulso de la turbina que ha sido encendida desde el 7 de agosto por el “Gran Jefe”, tal y como lo han llamado los hermanos mayores del movimiento indígena.

Activar la ANT

La orden del “Gran Jefe” no fue contener con desalojos y la fuerza las tomas de tierras. Por el contrario, la instrucción ha sido la de canalizarlas y dar una respuesta institucional, de acción pública decidida y efectiva por la implementación de la reforma agraria. No es escondiéndose en las enaguas de la fuerza pública y los comunicados hostiles o en los miedos propios con que el gobierno nacional dará respuesta. Será, por el contrario, con resultados distributivos, de reconocimientos de los derechos por la tierra y el territorio lo que debe primar en estas primeras acciones de la administración del cambio.

Para ese propósito se deben adquirir directamente los predios que estén ocupados y que son de utilidad para la redistribución de la tierra. El numeral 20 del artículo 12 de la Ley 160 de 1994, establece como función del Incora, hoy Agencia Nacional de Tierras, ANT: “Autorizar, en casos especiales que reglamentará la Junta Directiva, la iniciación de los procedimientos de adquisición de predios rurales invadidos, ocupados de hecho o cuya posesión estuviere perturbada por medio de violencia o cuando habiendo obtenido el propietario sentencia judicial favorable y definitiva no pudieren ejecutarse las medidas de lanzamiento o desalojo de los invasores u ocupantes, o si persistieren las perturbaciones a la propiedad en cualquier forma”.

Para dar una respuesta institucional se requiere que el consejo directivo de la ANT reglamente los casos especiales que deben sustraerse del régimen jurídico dado que las interpretaciones operativas actuales que están dando los directivos de la autoridad de tierras (los mismos del gobierno de Duque) están obstaculizando el cumplimiento de la ley y desnaturalizan el régimen legal y constitucional en la materia.

Agenda campesina

La reforma agraria ya inició y debemos seguir impulsándola, lo que demandará de las organizaciones campesinas el mayor esfuerzo de coordinación, pero también de mesura ante los riesgos que ello trae. Los dueños de la tierra están tomando medidas y han dispuesto de los viejos mecanismos del paramilitarismo para reprimir y contener la movilización de los sectores campesinos, indígenas y afro.

La movilización por la reforma agraria es parte integrante del gobierno del cambio, es arado que arma los surcos de la economía popular en cumplimiento del mandato constitucional de redistribuir la tierra productiva y el cumplimento de la función social de la propiedad. Dicha movilización lejos de vacilaciones contribuye al desarrollo rural campesino y al cumplimiento del Acuerdo de Paz en su primer apartado.

El gobierno del cambio debe interpretar que la movilización por este objetivo también es un llamado al diálogo social. Que debe acompañar las aspiraciones y estar presto a atender las necesidades de tierras en el marco de los acuerdos sociales y la articulación con la cabeza del sector agricultura. Esa es la voluntad política para el cambio. El diálogo social y la concertación serán el principal instrumento para atender la agenda campesina.