Raúl Pacheco
@PachecoGranados
La discusión de la Ley 1530 de 2012 dejó inscrita una frase en el lenguaje político del país, “la mermelada”.
Esta ley regresiva en términos de descentralización presupuestal fue vendida a la opinión pública como una oportunidad para desterrar la corrupción de los recursos de regalías y lograr que otras regiones diferentes a las productoras pudieran beneficiarse de estos recursos. “Se esparciría la mermelada por toda la tostada”, se dijo coloquialmente en ese momento.
Esta ley cambió la forma de aprobar recursos de regalías y creó los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, OCAD, que en adelante serían los encargados de evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la financiación de los proyectos que presenten a su consideración los entes territoriales y las entidades ejecutoras del sistema general de regalías. Más adelante el Acto Legislativo 04 de 2017 creó el OCAD Paz, que se sumó a los OCAD municipales, departamentales, regionales y de ciencia, tecnología e innovación.
Al finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos el proceso de paz tenía avances importantes, pero también grandes incertidumbres, una de ellas la financiación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, cuyo objetivo “es lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad”.
Los ejercicios de participación comunitaria para construir los PDET finalizaron en 2018, después de fases veredales, municipales y subregionales, y de refrendar las 32.808 iniciativas en Planes de Acción para la Transformación Regional, PATR.
En total los PDET formulados tienen costos indicativos de 80,29 billones según el Conpes 3932 de 2018, recursos de los que carecen los municipios y que deberían se aportados por el presupuesto nacional, las regalías, y donaciones internacionales.
El gobierno de Iván Duque empeñado en hacer trizas la paz y en vista que no pudo destruir la JEP, decidió marchitar el proceso a través de la asfixia económica, definiendo como fuente única y cierta para financiar proyectos en municipios PDET aquellos que pudieran ser presentados y aprobados en el OCAD Paz. De esta forma no se garantizó el acceso equitativo a los recursos de regalías para financiar la paz, por el contrario, inauguraron una competencia por formular y aprobar proyectos.
El país asistió sin saberlo a una maratón de formulación y presentación de proyectos para aprobación en OCAD Paz durante los años 2020 y 2021. Las autoridades murmuraban cómo municipios categoría 5 y 6 de los rincones más apartados del país, con escasa planta de personal, algunos bajo la Ley 550 formulaban proyectos de inversión que duplicaban en algunos casos los presupuestos municipales.
La danza de los millones se vino a saber a mediados de año en plena carrera por la Contraloría General de la República. Congresistas y contratistas formulaban los proyectos, delegados del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Ministerios y la Contraloría cobraban coimas que iban hasta el 12% por proyecto para ser viabilizado y aprobado, allí se pudieron perder casi 500 mil millones de pesos. La mayoría de los proyectos tienen bajos niveles de ejecución, están suspendidos, o los contratos finalizados sin terminar.
El presidente Gustavo Petro tiene aún margen de maniobra para obligar el cumplimiento de lo contratado y evitar la pérdida de recursos, también puede cambiar la forma de entregar los recursos para ejecutar los PDET permitiendo un acceso igualitario a los 170 municipios y no continuar con el desastre de OCAD Paz.
