Anuncios del Gobierno nacional para garantizar el desarrollo de la organización campesina, encendieron las alertas de poderosos sectores económicos y políticos que por décadas se han opuesto al desarrollo y dignificación del campo
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Dos hechos simultáneos han vuelto a poner en discusión en las opiniones públicas la problemática del campesinado y la reforma agraria: la reactivación de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y un decreto del Ministerio de Agricultura para promover la movilización y organización campesina de manera articulada con instancias del Gobierno nacional.
La jefe de esta cartera Jhenifer Mojica Flórez dijo que el documento es un mecanismo que reglamenta la conformación de comités municipales para la reforma agraria, que a la vez son espacios para escuchar al campesinado y fomentar la participación.
“Lo que queremos es generar un proceso de participación y movilización que ya existe, pero de manera articulada con las instancias públicas del Gobierno Nacional que nos permite fluir con una mayor eficacia a las demandas sociales y a las priorizaciones en materia de reforma agraria”, comentó la ministra.
Inmediatamente, la oposición puso el grito en el cielo y en medio de los cuestionamientos a la medida gubernamental, continuó con la acostumbrada estigmatización que por décadas ha sufrido el campesinado colombiano.
Es así que desde los medios de comunicación corporativos se oyeron voces que tildaron a los labriegos de secuestradores, y redujeron la movilización a las protestas.
Desde La Peña, Cundinamarca, la ministra expresó que se había vuelto famosa por decir que las comunidades tenían derecho a movilizarse, a pedir, “a venir a decirnos, qué necesidades tenían, hacer asociaciones y que nosotros deberíamos generar espacios asamblearios donde todo el mundo tenga vocería, y hay sectores a los que les da miedo que la gente pueda hablar o pedir o exigir”.
Agregó que las reclamaciones que hacen los campesinos todas son justas, entre las que están tener títulos de propiedad, derrumbes de vías, enfermedades de los animales, precios injustos para sus productos y, exigencias del Invima o del ICA, lo cual es fácil de resolver desde la institucionalidad.
Más allá de las protestas
Por su parte, la senadora Paloma Valencia, luego de salir de una reunión en el Ministerio de Agricultura, indicó que se había hablado de dos decretos “peligrosísimos, el de la extinción y el de la movilización campesina. Eso es casi que invitar a invadir la tierra y a utilizar la invasión como previa a la expropiación”.
Sobre las conclusiones del encuentro, comentó que el Gobierno se había comprometido a no fomentar la invasión y los ganaderos, desde Fedegán, a no tener acciones violentas ni siquiera en caso de invasión.
“Y tercero, creo que hay un acuerdo, hay gente que quiere vender la tierra, que le compren la tierra al que quiera vender, que no le quiten al que no quiere vender. (…) El Estado que no se le meta a uno ni en la casa ni en la finca”, sentenció la parlamentaria uribista.
Para tener un poco de profundidad acerca de lo que sucede, VOZ habló con líderes y lideresas de organizaciones que integran la Cumbre Nacional Agraria, quienes explican pormenores de su lucha y las nuevas oportunidades en el actual Gobierno.
Nury Martínez, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, en primer lugar, aclaró que la movilización no es solo salir a las calles, no es solo protestar, sino fortalecer las iniciativas del movimiento campesino para la implementación de la reforma agraria.
“Este gobierno ha puesto en marcha el Sistema Nacional de Reforma Agraria que hace parte de la ley 160, que ninguno de los gobiernos había implementado. Entonces, la movilización va mucho más allá de eso; es crear los comités, es participar de las iniciativas”, explicó.
La dirigente aseguró que hay una estigmatización contra el campesinado y que actualmente existen herramientas como la Jurisdicción Agraria, el Plan nacional de Desarrollo, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho, que crean mejores posibilidades.
Movilización es discutir y proponer
Es así que en el Sistema Nacional de Reforma Agraria hay espacios de participación que hacen parte de la movilización: “Participar en los Consejos Municipales, Departamentales de Desarrollo Rural, ahí están las herramientas, lo que pasa es que el campesinado no había tenido la posibilidad de tener acceso. Como Fensuagro, creemos que ese llamado a la movilización es sobre todo al fortalecimiento organizativo del campesinado, a que nos apropiemos pues de nuestros derechos”, anota Nury Martínez.
Es más, la lideresa campesina, al referirse al bloqueo de vías expresó que cuando hay oportunidades como las que está presentando el Gobierno, no hay necesidad de recurrir a esas acciones.
Sobre el mismo asunto se pronunció Elda Yaneth Martínez, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc: “La movilización es el sentir de unidad que tenemos como sociedad de a pie, para ser escuchados. No solo se refiere al ejercicio de la protesta, la movilización es poder juntarnos, reunirnos y proponer acciones que puedan garantizar avances”.
La dirigente de Anzorc comentó que las propuestas en unidad se dan entorno a que se cambie, se modifique o se actualice mucho de lo creado desde un escritorio en Bogotá, ya que desconocen las realidades del país.
“El ejercicio de movilización es tener una ruta concreta de escucha, entre la ciudadanía de a pie y las diferentes instituciones que tienen la voluntad política, pero que también recoge esos ejercicios de cabildeos internos, esas propuestas políticas y organizativas que desde la realidad social podemos incrementar”, anota Elda Yaneth.
Cumplimiento del Sistema Nacional
Por otro lado, Gerardo Jumí Tapias, consejero General de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, ante los cuestionamientos al decreto gubernamental, en el sentido de que está invitando a las marchas y las protestas, manifestó: “Si de algo saben los indígenas es de movilización, si algo han hecho los indígenas de Colombia es la movilización, los indígenas han hecho de la movilización un patrimonio de la sociedad civil y de los pueblos para la lucha y para la procura de los derechos. Y han hecho de ella un instrumento para la defensa y la reivindicación de los derechos”.
De la misma manera, hace énfasis en que el Gobierno y el Estado tienen el deber y la obligación de garantizar la protesta, la movilización y la minga social. “Entendemos que el Gobierno pretende ofrecer garantías”, señaló.
Acerca de las intenciones gubernamentales en cuanto a políticas para el sector agrario, la lideresa de Fensuagro comenta que lo propuesto por el Gobierno es simplemente la implementación de lo que existe expresado en la Ley 160, que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria: “No solamente acceder a tierra, sino equipamiento, asistencia técnica, comercialización, infraestructura. Además, el acuerdo de paz, porque lo que ahí se plantea tiene que ver con reforma agraria. En Fensuagro sabemos que estamos en uno de los países donde hay mayor desigualdad frente al acceso a la tierra.”
Para Nury Martínez, de cumplirse con lo estipulado en la Ley 160, el Plan Nacional de Desarrollo, la Jurisdicción Agraria, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y el Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina se contribuiría en gran parte en avanzar en una reforma agraria.
Campesinado, sujeto de derechos
Con todo lo anterior, Nury Martínez cree que la reaparición de la Cumbre Nacional es fundamental en este proceso, pero tiene el desafío de ampliar la participación para que no sea excluyente.
El decreto les permitirá a las organizaciones conocer mejor toda la normatividad y propuestas en relación con la reforma agraria: “Es importante que conozcamos y nos apropiemos de eso, porque una reforma agraria no puede haber si no hay organizaciones, si no hay apropiación de lo que debe ser en el territorio, por eso es tan importante el llamado a la movilización, a la organización.
“Pero si los medios siguen estigmatizando, diciendo que el decreto solamente se está refiriendo a movilizar, inclusive, hablan de tomas de tierras, ese señor Carlos Vélez les decía que si vuelven a secuestrar, planteando que somos delincuentes; si los medios no estigmatizan y se visibiliza lo que pensamos como campesinos y campesinas en el territorio, del papel que jugamos, ese decreto va en armonía con el reconocimiento del campesinado como sujeto derechos”, argumenta Nury Martínez.
Y es aquí cuando toma mayor importancia la reactivación de la Cumbre Nacional Agraria, que estuvo paralizada durante cinco años por falta de voluntad política del Gobierno nacional, y que debe tener garantías para su funcionamiento.
“La Cumbre tiene ocho pliegos, tiene una mesa única de concertación nacional, sin embargo, las garantías para su funcionamiento para la formulación de los proyectos, la aplicación de los recursos y la inversión pública que deben llegar a las comunidades rurales, campesinas, comunidades negras e indígenas no las tenemos aún claras”, señala Gerardo Jumí Tapias.
Por lo anterior hace un llamado al Gobierno, al Ministerio del Interior y al de Agricultura para que se ofrezcan las garantías para su funcionamiento. “Ese funcionamiento significaría la reactivación de la organización social y política del sector agrario, como también significaría una política de movilización de las reformas que el Gobierno está impulsando”.
Reconocen voluntad gubernamental
La dirigente de Anzorc comenta que el decreto del Ministerio sirve para blindar jurídicamente el ejercicio que realizan las organizaciones campesinas, “y le da un plus interesante a la unidad y a que el pueblo de a pie sea escuchado, y desde la institucionalidad se empiezan a entender nuestras apuestas y la necesidad de que haya reformas estructurales, que ayudan a la construcción de un país ajustado para todos y todas”.
Sin embargo, Elda Yaneth es consciente de que hay poderosos sectores políticos y económicos que se han opuesto a las pretensiones de dignificación del campo: “Nosotros y nosotras sabíamos que todo tipo de acciones que pueda dignificar la lucha del campesinado, pues obviamente, los que siempre han tenido en sus manos el poder y que siempre han estigmatizado al campesinado, estarían ad portas de generar un proceso de estigmatización con ello. Lo hicieron en su momento con nuestras apuestas de Zonas de Reserva Campesina. Van a intentar desestabilizar todos los procesos que hayamos hecho”, indica la dirigente de Anzorc.
Acerca de lo que esperan del Gobierno en relación con el proceso de reforma agraria, Elda dice que se debe continuar con la voluntad de interpretar lo propuesto por el movimiento campesino, además, legitimar y legalizar acciones.
“Sabemos que muchas de las cosas que podría hacer el Gobierno están supeditadas a ejercicios de control y vigilancia, y estamos haciendo una minga para
la superación de las causas estructurales del conflicto y avanzar en la puesta de que la paz total sea con las comunidades y para las comunidades, porque la guerra no puede ser el negocio que siga capitalizando las desigualdades”, expresa Elda Martínez.
Hay coincidencias
Con el conocimiento que le da haber luchado por décadas por la reforma agraria, el consejero de la ONIC asegura que para hacerla es necesario tener un nuevo mapa agrario de Colombia que identifique dónde están las zonas aptas para la agricultura: “Los poseedores de tierras que allí están, ¿están produciendo? Si no, déjenlas, cédanlas, alquílenlas o tendrán que hacer una expropiación por vía administrativa, para darlas a quienes están en la capacidad de producir la comida para asegurar la soberanía alimentaria”.
En segundo lugar, definir la franja agrícola, forestal y ambiental para que no siga avanzando la colonización hacia las zonas frágiles, boscosas y biodiversas. “A aquellos colonos que ya estén allá, reubicarlos en zonas muy productivas mejorando sus condiciones de vida, y que las zonas de protección especial boscosas y biodiversas sigan cumpliendo su papel de protección del medio ambiente”, enfatiza el consejero de la ONIC.
Por ahora, hay coincidencias entre las pretensiones del movimiento campesino indígena y étnico, y las del Gobierno nacional. Así lo han manifestado dirigentes agrarios, el presidente Petro, y es lo que evidencian las palabras de la ministra de Agricultura.
“Quiero decirles que nuestra preocupación es el desarrollo del agro colombiano, es hacer que Colombia se vuelva una potencia agrícola, es darle valor al trabajo campesino, es darle tranquilidad de que produzca y produzca más y mejor, que les titulemos sus tierras, que generemos las condiciones para que pueda desarrollarse, que no las dejemos quebrar, que les auxiliamos si hay crisis ambientales o climáticas, que podamos comprar sus cosechas para que nadie pierda y que no se encarezcan los alimentos, que queremos invertir y financiar, que queremos fomentar ese desarrollo”, aclaró Jhenifer Mojica Flórez.
