“¿Qué pasa con el dinero público? ¿Por qué no protegemos la propiedad pública? Los dineros del café son del pueblo colombiano. ¿Qué hacemos con el Fondo Nacional del Café? Hay plata, pero ¿cómo se está usando?”, Gustavo Petro
René Ayala
Esta afirmación del presidente en el marco de la instalación de la gran Asamblea cafetera realizada el 3 y 4 de abril, no solo levantó ampolla en la decadente pero millonaria Federación Nacional de Cafeteros, sino en todo el establishment, donde desde el Consejo gremial y la oposición virulenta al unísono, calificaron esta como una afirmación “descabellada”.
No es para menos que quienes han ostentado el poder económico y controlado los recursos públicos, expresen su antipatía frente a esta reflexión que, lejos de desatinada, ubica el quid del debate frente a la situación de cultivadores y pequeños productores afectados por una crisis sin precedentes, mientras los directivos de la Federación gozan de inmensos recursos y dádivas producto de los onerosos acuerdos del Estado con esta corporación privada.
La Federación no representa a los pequeños caficultores
La Federación Nacional de Cafeteros, FNC, fundada por hacendados en 1929 (su primer presidente fue Mariano Ospina Pérez), actualmente obtiene seis centavos de dólar por cada libra de café, lo que asciende en plata blanca a un monto anual entre los noventa y cien millones de dólares, en contraste con la situación de los cultivadores que trabajan a pérdida por los precios decrecientes en el ámbito internacional, altos costos de producción, insumos caros que son comercializados por la Federación a precios elevados e impactan en pérdidas de casi cien mil pesos por arroba, además de los estragos del cambio climático y la desarticulación de la Federación con más de quinientas mil familias productoras del grano.
El Gobierno nacional convocó la Asamblea donde fueron invitados los pequeños productores, sus procesos asociativos e inclusive la misma Federación, gremio que decidió unilateralmente no participar y desconocer este escenario como una expresión decisoria frente al rumbo de la producción y la tradición caficultora del país y al manejo y auditoría democrática y popular de los recursos públicos que financian el gremio, que son producto de parafiscales y dineros del Estado, ergo del pueblo, como lo afirmó el presidente.
La posición de la Federación coincidió con algunas organizaciones que pretenden asumir la representatividad del sector. A pesar de ello, la Asamblea, más allá del pretendido boicot, demostró su fuerza y dimensión, y abrió el debate frente a la estructura misma del gremio. Los procesos asociativos que han dado un nuevo aire a la producción cafetera en su gran mayoría no están articulados a la Federación, según la Unidad solidaria, de 84 cooperativas identificadas solo 33 tienen vínculo con la FNC. También son más de 800 asociaciones cafeteras que reúnen más de 560 000 familias en veinte departamentos, como destacó Mauricio Rodríguez, director de la unidad.
Democratizar el mundo cafetero
Esta realidad, y la participación de más de 1700 caficultores del país, revela que el escenario desborda la incidencia de la Federación y plantea la discusión frente al Fondo de estabilización de los precios del café y su administración, que reclamaron campesinos y productores debe ser democratizado e impactar en la transformación de la producción para potenciar la economía campesina, dar valor agregado y permitir que las ganancias retornen también a los pequeños productores.
La ministra de Agricultura Jenifer Mojica anunció la construcción del Acuerdo nacional para cien años de caficultura, que consta de trece puntos donde se destaca reforzar la asociatividad, impulso de créditos con transversalidad de género, activación del Fondo nacional cafetero, la sostenibilidad del cultivo y su impacto ambiental y la comercialización, pero como un componente central, avanzar en la democratización del crédito y la reforma agraria cafetera, frente a la cual afirmó que “Se garantizará el acceso a las tierras para la dignificación cafetera. De igual manera, se pondrá en marcha un programa especial de titulación que generará alternativas que recuperen el minifundio”.
Esta Asamblea visibilizó la composición popular del mundo cafetero, lo cual no puede más que causar dolores de cabeza a quienes defienden la gran propiedad y los intereses de los grandes exportadores, que, con los recursos que genera la producción y el trabajo de los cultivadores cafeteros, mantienen un ente cuya narrativa hegemónica ha caracterizado como inalterable e intocable, pero que en la realidad permanece alejado e insolidario con el estado de miles de familias que abren el surco y cultivan el arbusto emblemático en pequeños pedazos de tierra que permite la falda de la montaña, secan el fruto de la planta de café en los minúsculos patios de sus bucólicas casitas, sacan su producto en mulas y siguen agobiados en la pobreza, segregación y el olvido.
Una elite descafeinada
La Asamblea generó acuerdos importantes para reivindicar la pequeña producción y garantizar mejores condiciones de vida al campesinado cafetero. Se firmaron memorandos de entendimiento para formalizar la propiedad y adjudicación de baldíos, promover y fortalecer la asociatividad y así avanzar en una importante línea de la reforma agraria con nuestro producto insigne.
Es sin duda un desafío y la construcción de escenarios que deseliticen el mundo cafetero, que va más allá del mito de Juan Valdez y las grandes barras de café, porque son mujeres y hombres que a pulso han construido una cultura y economía campesina. Los ejecutivos de la FNC jamás han trasegado un cafetal en nuestras empinadas montañas y se deleitan con café descafeinado, sin olor campesino.
