El Gobierno nacional despachó la semana pasada desde ocho municipios del Pacífico colombiano, demostrando que por primera vez los pobladores de esa región pasan a ser considerados como ciudadanos de primera
Federico García Naranjo
La semana anterior, el Gobierno nacional en pleno se desplazó al litoral Pacífico para ejercer y administrar desde una de las regiones más marginadas del país. Recordemos que lo que conocemos como Región Pacífica está compuesta por cuatro departamentos –Chocó, Valle, Cauca y Nariño–, cuando en realidad en cada uno de ellos coexisten muy diversas realidades étnicas, sociales, geográficas y económicas. Una muestra más de que las fronteras de los departamentos en Colombia están definidas a la medida de los intereses de las redes clientelistas y no de los pueblos que allí habitan.
Por ello, en estos cuatro departamentos es posible identificar una franja entre la Cordillera Occidental y el mar –la zona más lluviosa del mundo– que por su ubicación aislada “detrás” de la cordillera, su gran extensión y su exuberante vegetación fue históricamente un lugar de refugio para negros libertos que huían de la esclavitud y un entorno seguro para la supervivencia de las comunidades indígenas. Por eso mismo ha sido una región olvidada por las élites regionales y el Gobierno, que siempre la han considerado un lugar incivilizado al que es mejor ni prestar atención.
La procaz intervención de un diputado antioqueño que afirmó en 2014 que “invertir en el Chocó es como perfumar un bollo”, revela la escatológica percepción que el racismo colombiano ha tenido de la región, asimilándola a su trasero, a su parte de atrás. Confirmó este prejuicio la metáfora que el presidente utilizó esta semana de que la región había sido “la puerta de atrás” del país. Felizmente, ahora eso empieza a cambiar.
Crítica y autocrítica
En efecto, el Gobierno estuvo despachando desde Tumaco, El Charco y Barbacoas en Nariño; Guapi, Timbiquí y López de Micay en el Cauca; y Quibdó e Istmina en el Chocó. Allí no solo se reunió con las comunidades, coordinó las decisiones con los ministros de su gabinete e hizo importantes anuncios de inversiones públicas, muy necesarias para la región. También hizo pertinentes reflexiones sobre la importancia de reivindicar nuestra herencia negra e indígena, de reconocer la importancia geoestratégica del Pacífico colombiano e incluso, aprovechó para defenderse de los ataques que arrecian desde sectores de la oposición incrustados en algunas instituciones del Estado.
En este sentido, el presidente Gustavo Petro señaló al fiscal Francisco Barbosa como sedicioso por haberse reunido la semana pasada con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, supuestamente para recibir el apoyo a la permanencia de la vicefiscal Martha Mancera al frente de la entidad, si la Corte Suprema no elige nueva fiscal general en los próximos días. El presidente fue muy incisivo al recordar que existen preocupantes señalamientos de que miembros de la cúpula de la Fiscalía están involucrados con carteles del narcotráfico, lo que ha contribuido a que en la región aumente la ilegalidad y la violencia.
No obstante, el presidente también tuvo tiempo para la autocrítica. Reconoció que el Gobierno tiene problemas para implementar sus políticas en buena medida por causa de la intencional negligencia de parte del funcionariado medio, herencia de las administraciones anteriores. Reclamó a los ministros para que aumenten la celeridad de las realizaciones, sean más eficientes y le cumplan al pueblo. También el presidente regañó a la fuerza pública porque la pervivencia de las actividades ilegales en la región es posible gracias a la evidente complicidad de algunos militares y policías con el narcotráfico.
Una nueva economía
Desde la perspectiva no de repartir dulces sino de transformar la región en una productiva y en paz, el Gobierno anunció la inversión de recursos en proyectos que promoverán la justicia social, la productividad económica y la justicia ambiental. El presidente señaló dos grandes líneas de trabajo: garantizar que las comunidades tengan unas condiciones básicas para una vida digna y apoyar los proyectos productivos de las comunidades para transformar la economía regional.
En cuanto a obras de infraestructura, los miembros del Gobierno se reunieron con gobernadores, alcaldes, líderes sociales y comunidades para concertar la construcción o adecuación de casi treinta acueductos municipales, diez hospitales, cinco universidades y quince colegios. Para apoyar proyectos productivos de las comunidades se destinaron recursos para fomentar productos como el coco, la caña de azúcar, el cacao y el viche, así como se anunció el apoyo a programas que busquen el rescate de las tradiciones ancestrales como la partería. La vicepresidente Francia Márquez anunció que la inversión inicial será de más de dos billones de pesos.
El presidente propuso de nuevo la construcción de un canal interoceánico que reemplace al cada vez más obsoleto y congestionado Canal de Panamá. Este canal, trazado entre la bahía de Cupica y algún punto del río Atrato, que contaría con tramos de ferrocarril, sería una fuente de ingresos permanente para el departamento del Chocó, lo que permitiría el mejoramiento sustancial de la calidad de vida de sus habitantes. Eso sí, el presidente advirtió que cualquier obra de ese calado –nunca mejor dicho– deberá contar con la aprobación de las comunidades a través de la consulta previa.
Otros proyectos anunciados fueron un puerto de aguas profundas en López de Micay, en la desembocadura del río Micay, uno de los más caudalosos del pacífico colombiano; la hidroeléctrica en el cañón del río Micay –una exigencia de años de las comunidades– que solucionaría el problema de fluido eléctrico y de abastecimiento de agua en épocas de verano; y la carretera entre el Pacífico caucano y Los Andes caucanos, vía que permitiría el desarrollo de la región y la conectaría con el mundo.
El presidente ordenó traspasar la concesión del puerto de Tumaco a las cooperativas de pescadores de la región y llamó a las comunidades a cambiar de mentalidad e identificar las oportunidades que puede ofrecer el comercio por el Océano Pacífico. Según Petro, el Pacífico es la cuenca más rica del mundo porque hacia ella se está desplazando el nuevo centro de gravedad de la geopolítica mundial. No obstante, la única región pobre de la cuenca es la colombiana, lo que demuestra el olvido y la desidia con esta región, pero también la oportunidad que representa.
Ciudadanos de primera
Más allá de los anuncios, las reuniones, los vibrantes discursos o el cálido recibimiento que todas las comunidades brindaron al presidente, lo más significativo de esta semana del Gobierno en el Pacífico ha sido la evidencia de una administración que, con sus errores, gobierna de cara al pueblo, lo atiende y lo reivindica.
La emoción de los pobladores porque por primera vez un jefe de Estado se preocupa por ellos, les visita y les escucha, es la mejor muestra no solo del olvido al que siempre han estado sometidos, sino sobre todo a la conciencia de que por fin un Gobierno los representa y quiere apoyarles para salir de la pobreza.
Haremos seguimiento a los anuncios del Gobierno. Es de esperar que el regaño surta efecto y pronto se vean las realizaciones. Mientras tanto, queda la satisfacción de saber que por primera vez la gente del Pacífico es reconocida como ciudadanos de primera categoría que merecen la atención prioritaria del Estado.
“A cada quien según su necesidad”, diría el alemán universal. Por ello, convertir al Pacífico en “la puerta de adelante” de Colombia –como lo propuso Petro– no solo es una buena idea, es un acto de justicia.
