Avanzar en los diálogos con los grupos armados, profundizar en la verdad sobre las actuaciones del Estado y respaldar las reformas sociales son parte de la base para una paz completa
María Galeano
El actual Gobierno del cambio reconoce que, para la construcción de paz completa se necesita una perspectiva de realidad en torno a los conflictos regionales y locales para la superación de los mismos. Esto implica, no solo acción del Estado en los territorios, sino también reformas democráticas y diálogo común, en el marco de la aguda crisis social, la desigualdad histórica y los derechos postergados para la población.
Según Jaime Caycedo Turriago, presidente del Partido Comunista Colombiano, la crisis evidenciada en Los Pozos y en el paro minero del Bajo Cauca antioqueño, reafirman la necesidad de dar prioridad, “al diálogo y a la participación de las bases sociales, superando el burocratismo en perspectiva de buscar soluciones eficaces y oportunas, tal y como ha señalado el profesor Daniel García Peña en la columna de El Espectador del 27 de marzo del 2023, cada proceso de paz es distinto. Los actuales procesos de paz son diferentes de aquellos que transcurrieron con las FARC”.
Afirma que la diferencia, es que los diálogos de La Habana se dieron bajo “un gobierno de centro derecha partidario de la paz que puso unas líneas rojas en defensa del sistema, las fuerzas militares y el modelo económico y que contó con una participación activa del Comando Sur de Estados Unidos en el direccionamiento de la política oficial en el proceso. Hoy tenemos un gobierno sin línea rojas comparables, que ejecuta un programa democrático en ruptura con el modelo neoliberal, con prioridad para los cambios sociales en salud, educación, pensiones y una reforma agraria. Es un momento políticamente diferente, favorable a las transformaciones que han planteado con claridad las luchas insurgentes”.
Los nombres e identidades importan
Desde la lectura de Caycedo, los nombres e identidades importan a la hora de analizar el vario pinto de los procesos que hoy se pretenden lleva a cabo con las organizaciones armadas irregulares.
“El ELN es una organización revolucionaria reconocida que ha intervenido en varios procesos de paz. Lo que el Establecimiento ha denominado disidencias, implica casos diferenciados que provienen de un tronco histórico que fueron las FARC-EP. Segunda Marquetalia, que han acatado el Cese al Fuego decretado el 31 de diciembre de 2022, y los denominados Estado Mayor Central corresponden a dos circunstancias de la guerra y de la desconfianza en el Estado y su incapacidad para cumplir los acuerdos”, dice el antropólogo.
En este sentido, señala Caycedo, “no es razonable señalar a las y los integrantes de Segunda Marquetalia como desertores sin examinar las condiciones de exterminio y entrampamiento que alegan para justificar una decisión a todas luces equivocada”.
Por otra parte, están las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, o ‘Clan del Golfo’ y otros grupos derivados de estas que reclaman una condición paramilitar derivada de la política del Estado. Al respecto reflexiona Caycedo: “consecuentemente se muestran partidarios de confesar la verdad, algo que incomoda a poderosos sectores dominantes. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, debería adaptarse para incluir testimonios que permitan calificar las actuaciones del Estado”.
Acuerdo nacional para la democracia
En medio de sus complejidades y particularidades, la política de la Paz Total, menciona Caycedo, volviendo a las reflexiones de García Peña: “se integran a un acuerdo nacional democrático que propicia el gobierno con base en su programa de reformas democráticas y en particular de la reforma agraria que implica territorios y poblaciones involucradas en la guerra. El tema de la tierra sigue estando en el corazón de los conflictos sociales y de la existencia del paramilitarismo”.
El acuerdo democrático nacional, enfatiza Caycedo: “no puede ser un pacto de élites del poder únicamente, debe incluir a los movimientos sociales a las grandes mayorías populares regionales y étnicas que respaldan la solución política por la vía de cambios sociales incluyentes para la justicia social. El éxito de la Paz total, es la vía de la solución política a través del diálogo y los acuerdos. No depende ahora de acumular fuerza militar, sino de acumular fuerza política social de masas para avanzar en los cambios democráticos”.
El acuerdo democrático nacional que proponen los y las comunistas, tiene como tarea, “sacar las armas de la política, ayudar a desarmar y desarticular los aparatos paramilitares, garantizar la vida y el libre ejercicio de la ciudadanía en todo el territorio nacional”. Además, según Caycedo, cumplir con lo planteado, desde el Gobierno nacional y los sectores democráticos para derrotar el hambre y avanzar en las reformas que se adelantan.
Finalmente, según el líder comunista, se necesita de “una gran reforma cultural y moral en la que deberían desempeñar un papel central un Ministerio de Cultura, nuevamente comprometido con el programa de gobierno, la verdad histórica y con el estallido cultural de la narrativa popular, como indicador de un nuevo momento del proceso transformador”.
Estos puntos con el firme propósito para salir definitivamente de “una guerra civil, disimulada, prolongada, institucionalizada como la colombiana. Por lo tanto, la solución no es solo judicial ni punitiva. Hay que retomar la implementación plena del Acuerdo de Paz que creó una ruta que complementa garantías y reformas sociales y económicas transformadoras. Se requiere conjugar la convergencia de un gobierno democrático, de sus propuestas de cambio dirigida a orientar a las mayorías sociales sobre sus derechos y la forma de ejercerlos a través de la organización”.
Desmonte paramilitar y la JEP
Una de las tareas pendientes según Caycedo es erradicar el paramilitarismo y su lógica de articulación con la política tradicional. Para ello, plantea que se debe “incluir en la ley de sometimiento o en otra ley específica, como figuras delictivas; el paramilitarismo, el apoyo al paramilitarismo, la apología del paramilitarismo, la organización de grupos y aparatos paramilitares dentro del código penal colombiano. Técnicamente, el paramilitarismo no figura como figura punible, lo que es fatal”.
De acuerdo con el Artículo 22 de la Constitución y del punto 3.4 del Acuerdo de Paz, explica Caycedo: “al precisarse las figuras delictivas asociadas a la estrategia paramilitar originada en la doctrina del enemigo interno, que debe desaparecer de todo el orden normativo oficial y no oficial, resultará mucho más práctica la caracterización de los grupos. Simultáneamente sería muy importante adecuar las competencias en la JEP para incluir a los paramilitares como terceros, valorando sus aportaciones a la verdad”. Una de las formas de combatir la impunidad, y simultáneamente recuperar la confianza que requiere el diálogo para la solución política, es esa forma de justicia restaurativa consignada en el acuerdo.
Todos los sectores, con o sin cese al fuego, reclaman garantías para la vida, meta aún en proceso de alcanzarse. “La criminalidad sicarial y las masacres no han cesado. Hay patrones sistémicos dirigidos contra los liderazgos sociales, étnicos, sindicales, de jóvenes de primeras líneas y de mujeres, que se reciclan y se renuevan. Hay fondos de seguridad, legales e ilegales, oficinas y juntas directivas que contratan informantes, perfilamientos precisos y ejecución asegurada. Una política pública de garantías de seguridad humana está en construcción y será un paso mayor en la dirección requerida”, enfatiza Caycedo.
