El rostro real del llamado postconflicto es una declaratoria de guerra a la sociedad civil popular; es una agenda de “equilibrio de poderes” que cierra espacios a la intervención del pueblo; un Plan de Desarrollo para los inversionistas y no para superar las desigualdades…
Jaime Caycedo Turriago
El proceso de diálogo ajusta en los últimos días dos pasos importantes: la presencia de una delegación de altos oficiales de inteligencia de las fuerzas militares del Estado para proseguir la discusión en dirección al cese al fuego bilateral y la adopción de un primer acuerdo sobre limpieza del territorio de “minas, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra”. Estos hechos reafirman la seriedad y el compromiso de las partes en aspectos que fortalecen la confianza y que se están reflejando en los resultados de la encuestas más recientes.
Una vez más, no significa que estén evacuados los puntos críticos del proceso de dialogo político hacia la paz. Ellos tienen que ver, entre otros, con el tema de víctimas y con las garantías sobre justicia y no repetición. La derecha recalcitrante reclama cárcel para los dirigentes de la insurgencia para ratificar una pretendida victoria jurídica del régimen sobre la rebelión. El expresidente Gaviria ha mostrado a su manera que hay responsables de crímenes atroces entre el empresariado, nacional y transnacional, la dirigencia política del poder gobernante y no solo en el alto mando militar.
A su turno Santos pide que no se puedan reabrir procesos y que la llamada justicia transicional sea conclusiva. Por lo visto, el mundo del gran capital empieza a reconocer que en la guerra se han manifestado formas de la lucha de clases y que a la pretendida legitimidad del poder y de la sociedad civil de los grandes negocios les cabe la responsabilidad central en la determinación de los blancos del exterminio. Luego, la rebelión no ha sido resultado del capricho de la izquierda sino de causas bien profundas.
La tarea de las fuerzas democráticas en la coyuntura es exigir que se vaya al fondo en el complejo tema de la justicia, la reivindicación del delito político estrechamente vinculado a la rebelión y la lucha contra la impunidad que ha sido característica histórica de los gobernantes colombianos.
Ahora bien: ¿Qué significa desescalar el conflicto desde el punto de vista de la ciudadanía cuando el Esmad y fuerzas militares dan tratamiento de guerra a la protesta social? Indígenas del Cauca, campesinos del Catatumbo, del Sur de Bolívar, del Meta, del Putumayo, niños de Sumapaz, parados y despedidos del petróleo, que también luchan por la paz y esperan de ella cambios y cumplimiento de los compromisos del Estado están sometidos a todo tipo de vejámenes, amenazas, desapariciones, encarcelamientos y muerte.
El rostro real del llamado postconflicto es una declaratoria de guerra a la sociedad civil popular; es una agenda de “equilibrio de poderes” que cierra espacios a la intervención del pueblo; un Plan de Desarrollo para los inversionistas y no para superar las desigualdades; una nueva reforma tributaria que afecta más a la clase media que a los ricos y una burla arrogante a las exigencias de justicia social.
El Frente Amplio y la unidad de todas las fuerzas amantes de una paz justa que exija una apertura democrática y reformas sociales, deben trabajar activamente para que la fuerza ciudadana se exprese en movilizaciones crecientes y en el compromiso de ganar la calle el 9 de abril y el primero de mayo en todo el país. Hoy más que nunca la justicia social y la paz son indisociables. Es lo que debe entender el gobierno de Santos: que no está ante un pueblo sometido y que los cambios democráticos no se detienen con autoritarismo y más represión.
