En América Latina, la lucha por el espacio urbano es resignificada por los movimientos sociales, enfrentando la desigualdad, la exclusión y el patriarcado urbano impuesto por el neoliberalismo
Alejandra Cárdenas
El derecho a la ciudad no puede reducirse a tener una vivienda o acceso a servicios básicos. Va mucho más allá: implica la capacidad de participar en la construcción de lo urbano y decidir cómo se habita el espacio común. Desde esta mirada crítica, el concepto permite cuestionar la ciudad como mercancía dentro de la lógica capitalista, y abrir la discusión sobre quiénes se benefician realmente de este modelo de desarrollo urbano. En este sentido, la expansión descontrolada, la construcción acelerada y la desconexión con los ecosistemas —humedales, fuentes de agua, cerros tutelares — responden a una racionalidad de acumulación y no de disfrute colectivo.
Dammert (2019), investigador del Colegio de México, señala que el derecho a la ciudad “suele abordarse de manera abstracta, sin considerar los procesos concretos de producción y reproducción que configuran una ciudad bajo el capitalismo, un modelo urbano que genera y reproduce exclusión, jerarquías y desigualdad” (pág. 10). Es decir, se suele plantear como una idea universal, sin atender a las relaciones sociales y económicas que estructuran la ciudad capitalista contemporánea.
En Bogotá, particularmente en la localidad de Suba, surge una pregunta esencial: ¿Quién decide cómo se construye la ciudad? La respuesta revela una profunda desigualdad entre el centro y la periferia. Mientras algunos sectores disfrutan de infraestructura, movilidad y espacio público de calidad, otros viven en condiciones de precariedad.
Historia y disputas del concepto
El filósofo francés Henri Lefebvre (1968) introdujo la categoría derecho a la ciudad como una crítica a la urbanización capitalista y una apuesta por la transformación social desde lo urbano. Su planteamiento se inscribe en la Francia convulsionada por las movilizaciones estudiantiles y obreras de mayo del 68, que exigían una reorientación política y social del Estado (Dammert, 2019, p. 11). Lefebvre propuso entender la ciudad como un espacio producido por relaciones sociales y no como un entorno natural o neutral. Así, el derecho a la ciudad implica habitar, participar y transformar el espacio urbano colectivamente. Durante las décadas de 1970 y 1980, los movimientos sociales en América Latina resignifican este concepto. Las luchas por vivienda, servicios básicos y reconocimiento de asentamientos informales derivaron en prácticas de autogestión, consejos barriales y procesos de educación popular. La ciudad se convirtió, entonces, en un escenario de disputa por la dignidad y la sobrevivencia. A comienzos del siglo XXI, el derecho a la ciudad fue incorporado a marcos normativos como el Estatuto de la Ciudad en Brasil (2001), la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2004) y las constituciones de Ecuador y Bolivia. Sin embargo, esta institucionalización generó tensiones: mientras los organismos internacionales lo convirtieron en una herramienta técnica de política pública, los movimientos sociales insistieron en mantener su sentido emancipador y transformador.
Diversos enfoques
Hoy, el derecho a la ciudad atraviesa disputas entre distintas interpretaciones. Se destacan cuatro tensiones principales: la institucionalización frente a las prácticas populares; el derecho individual frente al derecho colectivo; la mercantilización del espacio frente a la ciudad como bien común y la visión global frente a las experiencias locales. En Bogotá, estas tensiones se expresan en la gentrificación, la privatización del espacio público y las luchas por vivienda digna en sectores periféricos. En Suba, las contradicciones del modelo neoliberal son evidentes: las concesiones público-privadas privilegian la rentabilidad sobre la vida, se profundiza la segregación socioespacial y los barrios populares quedan excluidos de la toma de decisiones. Esta desigualdad tiene también un marcado componente de género. Las mujeres, además de enfrentar precariedad laboral, asumen la doble carga del trabajo doméstico y el cuidado, sufren exclusión en la planificación urbana y mayor vulnerabilidad en el espacio público. La ciudad neoliberal, así, reproduce una estructura patriarcal que explota, invisibiliza y margina.
Recuperar la ciudad para la vida
Frente a este panorama, urge reconstruir el sentido del derecho a la ciudad desde una perspectiva colectiva, feminista y anticapitalista. Esto implica fortalecer lo público, desmontar la lógica de las concesiones y el modelo neoliberal, y promover la organización social como base para una transformación urbana profunda.
La tarea es activar nuevos imaginarios sobre cómo queremos vivir, elevar la conciencia de clase y pensarnos en clave de derechos humanos militantes: vivos, organizativos y críticos. La participación activa el trabajo con las comunidades y las movilizaciones son las herramientas para construir una subjetividad política capaz de disputar el sentido de la ciudad. Porque la ciudad no es una mercancía, sino un espacio de vida común. El derecho a la ciudad es, en última instancia, el derecho a la dignidad, a la participación y al disfrute colectivo de lo que producimos entre todas y todos.
Conclusión
El derecho a la ciudad, entendido desde una perspectiva crítica, no puede limitarse a una consigna jurídica ni a un marco técnico de políticas públicas. Es, ante todo, una disputa política y social sobre cómo se produce y se habita el espacio urbano, quiénes toman las decisiones y quiénes quedan excluidos de ellas. Comprenderlo implica reconocer que la ciudad capitalista es un producto histórico de las relaciones de poder, del trabajo y de la desigualdad, donde la vida cotidiana se subordina a la lógica del mercado y la acumulación.
Desde América Latina, y en particular desde territorios como Suba en Bogotá, este derecho adquiere un sentido profundamente popular y comunitario. Las prácticas de autogestión, las luchas por vivienda, los procesos de educación popular y las resistencias barriales demuestran que las transformaciones urbanas no solo se piensan desde las élites o las instituciones, sino también desde la acción colectiva de quienes habitan y sostienen la ciudad. Las mujeres, los trabajadores, las juventudes y las comunidades periféricas son hoy los principales sujetos de esta reivindicación, porque desde su experiencia se revela la necesidad de una ciudad para la vida y no para el capital.
Referencias
Dammert, M, F. C. M. (2019). “Derecho a la ciudad, una evocación de las transformaciones urbanas en América Latina”(CLACSO,Ed.). https://derechoalaciudad.co/wp-content/uploads/2021/06/CLACSO_Derecho-a-la-ciudad-una-evocacio%CC%81n-de-transformaciones-urbanas-en-AL.pdf
