La carta del antiguo secretariado de las FARC al presidente Petro abre el debate sobre las decisiones que está tomando la Jurisdicción Especial para la Paz y su impacto en el proceso de reincorporación de las personas firmantes
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
Reiterativas vulneraciones de los derechos humanos en el proceso de reincorporación, incumplimiento de solicitudes de amnistía tramitadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, e investigaciones a mandos medios, son algunas de las denuncias que se formulan en la carta firmada por el antiguo secretariado de las FARC–EP al presidente Gustavo Petro.
VOZ habló con Diego Martínez, abogado defensor de los derechos humanos e integrante de la Comisión Jurídica de los Acuerdos de La Habana, sobre la carta y el incumplimiento de la JEP, que estaría llevando a los firmantes a apartarse de las decisiones proferidas por el tribunal de paz.
Son indudables las constantes vulneraciones de los derechos humanos y del Acuerdo de Paz que están sufriendo los firmantes en su reincorporación, ¿qué se hace frente a esto?
Lo principal para manifestar es que estamos frente a la parte del Acuerdo de Paz que se viene cumpliendo, es decir, los firmantes han realizado plenamente su proceso de reincorporación y vienen compareciendo, aceptando sus responsabilidades y contando la verdad histórica y jurídica que el Sistema Integral ha exigido.
Sin embargo, los firmantes están denunciando las graves afectaciones a lo pactado en La Habana. No solo intervienen como comparecientes, sino que el antiguo secretariado está manifestando su preocupación como parte firmante.
Se decidió recurrir al presidente de la República como la figura que se comprometió ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en cumplir el Acuerdo de Paz, en una declaración unilateral de cumplimiento por parte del Estado colombiano. Él es el vocero en materia de los asuntos de la paz, su cumplimiento y su situación frente a las Naciones Unidas y ese instrumento se hace vinculante a la luz del derecho internacional público. Adquiere una obligación de cumplimiento del derecho internacional.
Cambio en el modelo de Justicia
¿El modelo de justicia está en vilo?
Los firmantes han venido manifestando preocupaciones frente a lo firmado, esencialmente en el modelo de justicia, específicamente con el principio que establece que se debe cumplir todo de manera legal y honesta.
Lo que denuncian los firmantes es la afectación al principio y al derecho que tienen los rebeldes y es la amnistía que está en el derecho colombiano: el que empuñe las armas contra el Estado, a diferencia de otros actores, tiene el derecho de que se le reconozca el derecho político. Aunque existe un reconocimiento legal, viene ocurriendo que las diversas instancias y la JEP están reduciendo el derecho a la amnistía más amplia posible que está en el Derecho Internacional Humanitario.
La carta menciona la crítica situación de las amnistías. ¿Qué está haciendo la JEP?
Hay una grave situación frente a la amnistía para los firmantes. Parece que la JEP se ha convertido en una especie de tribunal anti–FARC que cada vez está concediendo menos el derecho.
Niegan la esencia misma del proceso de paz porque se está desconociendo el carácter político de la confrontación armada y simplemente se está reduciendo a un problema de criminalidad.
La restauración
Persecuciones penales, sanciones e investigaciones a los mandos medios, ¿se está dedicando la JEP a eso?
El Acuerdo de Paz tiene un fuerte componente restaurativo, poco claro en la JEP, que ha modificado cada sala y los tribunales. La Jurisdicción, al igual que la Corte Penal Internacional, tiene un principio que es dedicarse a los hechos más graves y representativos, eso significa que se hizo una reforma constitucional que, en esencia, permite a la JEP investigar y seleccionar los casos más graves.
No obstante, lo que ha decidido el alto tribunal es irse hasta el último eslabón de la cadena e indagar. Eso es una clara afectación de lo acordado, ya que los mandos medios en la estructura de una organización política militar no tienen la responsabilidad, pues se acordó que los hechos más graves y representativos a cargo de los máximos dirigentes de esta organización, en caso de ser responsables, iban a ser asumidos por ellos mismos.
Esto afecta la reincorporación…
Sí, el sujeto más afectado de la reincorporación son los mandos medios, los guerrilleros de base y los milicianos porque el tribunal quiere hacer la investigación hasta el último peldaño.
La JEP debía invertir esfuerzos en investigar crímenes de Estado, pero se centraron en los crímenes de las FARC, a lo cual la organización no se niega, solo que no hay un tratamiento igualitario en materia de investigación. Lo cierto es que más del 80 por ciento de los crímenes durante el conflicto fueron cometidos por el Estado y sus agentes paramilitares y eso no está siendo investigado, por el contrario, la sentencia de la JEP es no recibir terceros ni a todos los paramilitares. Pareciera que se volvieron una especie de tribunal moral contra la lucha insurgente en Colombia.
Demasiados macrocasos
Se han abierto macrocasos de los hechos más graves y representativos ¿se tenía previsto que fueran tantos?
La Jurisdicción en la práctica ha abierto macrocasos de ubicación de los hechos más graves y representativos y ha sido una especie de voluntarismo de la JEP de investigar crímenes sistemáticos con los macrocasos, y eso es tan imposible como investigar el conflicto armado de acuerdo con los tipos penales.
El problema, que nos trae esa metodología, es que los magistrados frente a la verdad del Estado y las FARC-EP presionan solamente la verdad de la insurgencia porque es más cómodo ideológicamente. Recordemos que la verdad del Estado no ha sido establecida porque gran parte de los macrocasos está destinada a la investigación a la guerrilla, que trae como consecuencia una verdad politizada, una especie de verdad de clase, donde la JEP se volvió un tribunal anti insurgente.
La firmó el antiguo secretariado y da mucho más peso a las denuncias…
Es muy importante que el antiguo secretariado haya firmado la carta porque es la contraparte firmante en el Acuerdo de Paz. No lo están haciendo como un partido político, sino como la urgencia de la antigua guerrilla a todas las vulneraciones que están sufriendo.
Ya hay una respuesta de la JEP de que a los firmantes que se sometieron a la Jurisdicción no les corresponde emitir cómo la magistratura debe cumplir su mandato constitucional en el marco del Acuerdo de Paz. ¿Cuál es la respuesta por parte de los firmantes?
Cualquier ciudadano tiene derecho a quejarse de las situaciones que afecten sus derechos y es lo que están haciendo los firmantes; la respuesta de la JEP es una negación del principio de la justicia restaurativa. No están haciendo un reclamo como comparecientes, sino como la contraparte que firmó el Acuerdo de Paz que debe ser respetado.
