Las recientes advertencias del magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, encienden las alarmas sobre las reiteradas violaciones a lo pactado en La Habana, Cuba
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
La implementación del Acuerdo de Paz firmado en el 2016 ha enfrentado diversos obstáculos, siendo uno de los más preocupantes el asesinato de 439 de sus firmantes desde el Acuerdo. A este panorama se suma ahora la creciente inseguridad jurídica que padecen los excombatientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
“Estamos haciendo todo lo posible, pero el tiempo es limitado. Lo que no logremos investigar será devuelto a la justicia ordinaria, y allí las sanciones ya no serán propias, sino de cárcel”, esta reciente declaración de Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, ha encendido las alarmas sobre la grave inseguridad jurídica por la que están pasando los antiguos combatientes de las extintas FARC-EP.
La magistrada Xiomara Balanta avivó aún más el debate sobre el rumbo que está tomando el Tribunal de Paz, al sostener que los firmantes de paz son los mayores responsables de los incumplimientos del Acuerdo.
De manera inmediata, Rodrigo Londoño, signatario del Acuerdo Final de Paz y representante de la Alta Parte Contratante, expresó su preocupación. “Parece que la magistratura de la JEP se ha propuesto la derrota moral de los firmantes, antes que garantizar un proceso judicial justo, ágil e imparcial”, mencionó Londoño en carta pública a la comunidad internacional.
Recordemos que la JEP nació de un acuerdo político que tiene como objetivo una justicia restaurativa y una paz estable. No obstante, el antiguo secretariado de las FARC ya había enviado dos cartas al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a los demás firmantes de paz, en la que se señala que el Tribunal de Paz se desnaturalizó y no tiene el espíritu de un Tribunal de Cierre.
“En esta materia no sólo está en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes, sino la piedra angular para que las presentes y futuras generaciones puedan vivir sin los padecimientos de la guerra”, señala Londoño en la carta.
El desconocimiento del Acuerdo de Paz
Ahora bien, es difícil creer que el presidente de la JEP no conozca qué dice el documento del Acuerdo de Paz frente a las funciones del Tribunal y su duración, pues “el plazo para la conclusión de las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (…) será de 10 años contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de Salas y Secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, y un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad jurisdiccional, plazo este último que de ser necesario podrá ser prorrogado para concluir su actividad”.
Por tal razón, con la desnaturalización del Tribunal de Paz, como lo señalan los firmantes de paz, es justificable que se sientan vulnerados frente a los últimos hechos ocurridos. Así, la carta termina señalando que “la magistratura de la JEP lamentablemente suele carecer de disposición reflexiva, y, antes bien, materializa día a día, en sus resoluciones y pronunciamientos, la doctrina penal del enemigo que se buscó proscribir del Acuerdo”.
¿Y la paz?
“Nosotros hemos advertido la desnaturalización de la JEP. Esta Jurisdicción fue creada para sancionar los hechos más representativos de lesa humanidad, producidos por el conflicto armado, pero, lastimosamente, ha tomado el rumbo de investigar hechos individuales, olvidando la macrocriminalidad”, comentó a VOZ, Rodrigo Granda, firmante de paz y exmiembro del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP.
“Está supliendo funciones de reparación, cuando esta no es su función, pues, ello está en cabeza del Estado. Todo ello genera un detrimento en el sistema y en la confianza depositada”, continúa Granda.
La JEP tiene carácter transicional, pero sus actuaciones son las de un tribunal permanente. Lastimosamente, esto genera retrocesos en los procesos.
A ocho años de la firma del Acuerdo de Paz en el teatro Colón, la implementación ha sido un desafío para el país. “Nosotros hemos estado y seguiremos comprometidos con la paz de Colombia, por ello, no solo hemos comparecido ante la Jurisdicción, sino que hemos aportado la verdad amplia, plena, exhaustiva y detallada, incluso, hemos trabajado de manera ardua en las acciones reparadoras, pues para nosotros es de suma importancia reconstruir el tejido social, el cual ha sido fragmentado por causa del conflicto armado”, afirmó Rodrigo Granda.
Las turbulentas aguas
La Jurisdicción Especial para la Paz dio un parte de tranquilidad a través de sus redes sociales: “La JEP garantiza la seguridad jurídica y el cierre de los procesos judiciales para los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones y han contribuido a la verdad, la justicia y la restauración a las víctimas del conflicto armado en Colombia”. No obstante, el pronunciamiento no fue suficiente para calmar las opiniones y críticas de los firmantes de paz y la comunidad internacional.
Por ello, el abogado Gustavo Enrique Gallardo, presidente de la Fundación Lazos de Dignidad, sostuvo que las declaraciones de Ramelli son una clara contradicción con lo establecido en el Acuerdo de paz, por lo que radicó una queja disciplinaria ante la Comisión de Acusación de la Cámara y la Procuraduría.
Las afirmaciones de Ramelli desataron el debate respecto a la paz y la implementación del Acuerdo en Colombia. Los firmantes hicieron un llamado a la solidaridad de la comunidad internacional y a la defensa por lo pactado en La Habana, Cuba.
“Esto comprueba, aún más, la inseguridad jurídica en la que vivimos, pues los múltiples macrocasos abiertos, la falta de metodología unificada al interior de la JEP, la falta de la única resolución de conclusiones y, por supuesto, la sanción pertinente, genera un limbo jurídico. Esto no solo afecta la seguridad jurídica de la población firmante, sino los derechos de las víctimas”, puntualizó Rodrigo Granda.
