miércoles, mayo 22, 2024
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La histórica audiencia en el caso “falsos positivos”

El 18 y 19 de septiembre, se llevó a cabo la audiencia pública de reconocimiento de responsabilidad de 24 agentes del Estado por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el departamento llanero, entre 2005 y 2008. Por primera vez, un general del Ejército reconoce públicamente ser máximo responsable

Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe

El 18, 19 y 20 de septiembre, Colombia presenció la audiencia pública de reconocimiento en la que 21 militares, un exagente del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y dos civiles reconocieron ante las víctimas su responsabilidad por 303 falsos positivos en el Casanare.

La audiencia fue citada por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para el subcaso Casanare del Caso 03 llamado “Falsos Positivos”. El alto tribunal de paz ha confeccionado una estrategia de “abajo hacia arriba”, es decir, primero se reconocieron a los determinantes y máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad a nivel local y regional y así tener una base para la construcción jurídica y determinar a los máximos responsables a nivel nacional.

Así pues, la audiencia pública fue clave para el diálogo entre las víctimas y los victimarios y así ellas saber la verdad sobre los hechos victimizantes. La visibilización pública de los responsables de los 303 falsos positivos cometidos en el Casanare trae un mensaje de verdad y esperanza en el camino de la construcción de paz en el territorio.

¿Quién dio la orden?

La audiencia comenzó el lunes 18 de septiembre con el ingreso de las víctimas con jarrones de barro, en señal del largo proceso de construcción de memoria que han vivido, todo esto siempre con el acompañamiento psicosocial que ofrece la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Deryl Patiño, vocera de las víctimas explicó el significado de los jarrones, asimismo, con semblanza, voz alta y mostrando la camisa de los “falsos positivos” preguntó a los comparecientes: ¿Quién les dio la orden? La escena evidenció el dolor y el anhelo de verdad que han tenido los familiares de los 6.402 jóvenes desaparecidos y presentados como bajas en combate por parte de los agentes del Estado.

Uno de los objetivos de la audiencia fue que los comparecientes reconocieran frente a las víctimas y a toda Colombia su responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 2005 y el 2008.

El objetivo para una transición de una sociedad hacia la paz siempre será la reparación a las víctimas por medio de la verdad, la cual el Estado debe garantizar. En la audiencia se demostró la fortaleza y los procesos de memoria que llevan los familiares desde el asesinato de sus hijos, padres y hermanos. La exigencia a los militares es que digan toda la verdad sobre los hechos.

No es de ocultar que los espacios entre víctimas y victimarios son difíciles, por tal razón, la JEP siempre ha ofrecido un acompañamiento psicosocial en todo el proceso antes, durante y después de los reconocimientos de los agentes del Estado sobre los crímenes, y así preservar el bienestar psicológico y físico de las víctimas.

Los máximos responsables

General (r) Henry William Torres Escalante interviene en la audiencia pública. Foto JEP.

La JEP reveló la actuación de una red criminal de 367 personas que planeaban y ejecutaban los asesinatos de los jóvenes, la cual se implantó en la brigada XVI al mando del general (r) Henry William Torres Escalante.

Mediante el auto 055 la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 22 miembros del Ejército Nacional por crímenes de guerra y lesa humanidad, por otra parte, el general (r) Torres Escalante reconoció y aceptó los cargos como autor mediato de los crímenes de guerra, lesa humanidad y desapariciones forzadas.

“De manera libre, voluntaria y consciente de mi posición y de las obligaciones que me eran exigibles como oficial del Ejército Nacional, asumo con vergüenza el señalamiento de máximo responsable y autor mediato por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada”, fueron las palabras de Torres Escalante frente a las víctimas.

De igual manera, mencionó que las presiones constantes venían del general (r) Mario Montoya, por aquel entonces comandante del Ejército, quien también fue imputado por la JEP el pasado 30 de agosto. Las presiones ocasionaron que los subordinados se obsesionaran con los resultados, al punto de cometer los delitos de lesa humanidad imputados.

“Usted es un asesino, perpetuador y un peligro para las víctimas”, fue la respuesta de Yohanna Torres, hija de Daniel Torres Arciniegas y Roque Julio Torres, dos casos de ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Casanare.

Las decisiones de la JEP

Como se mencionó en la audiencia y en el auto 055 que imputó a los 22 miembros de la fuerza pública, “estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época”.

Ahora bien, se presenció un evento histórico dentro del subcaso que lleva la JEP, ya que se reconoció el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género, puesto que, se acopió información que entre los asesinatos hubo un joven con orientación sexual diversa, nueve mujeres, dos de ellas se desempeñaban en la prostitución y una estaba en embarazo.

Para tomar estas decisiones, el alto tribunal de paz tuvo en cuenta “ocho informes aportados por entidades estatales como Fiscalía y Procuraduría, además de organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos humanos; 106 versiones de comparecientes (desde soldados hasta generales, incluyendo terceros civiles que colaboraron con las unidades militares); las observaciones de las víctimas y de la Procuraduría a las versiones en informes escritos y en audiencias públicas; las inspecciones judiciales a 48 procesos de la Jurisdicción Penal Ordinaria y 224 de la Justicia Penal Militar”.

Lo que pasó en la histórica audiencia es la construcción de la memoria por parte de las víctimas, además, tiene un gran significado que se haya hecho en Casanare, no solo porque fue allí donde se dieron los asesinatos y las desapariciones, sino también porque ha sido uno de los departamentos que ha sufrido la violencia estatal desde todos los ámbitos, sociales, políticos y económicos.

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