Múltiples términos instrumentales se han acuñado para negar o empequeñecer el horror: “bandas criminales”; “simple delincuencia común”; “bandas emergentes”; “clanes Úsuga, Rastrojos, etc”; “grupos ilegales posdesmovilización”; entre otras.
Sergio de Zubiría Samper
En el debate sobre el paramilitarismo resulta preocupante que un gran sector de la opinión y de los medios de información, de manera consciente o no, amortigüe la gravedad del fenómeno a partir de argumentos como que ya no se trata de paramilitarismo sino simplemente de delincuencia común o bandas criminales, arropadas bajo la eufemística sigla “Bacrim”. Estos argumentos que pretenden matizar el asunto han caído en el negacionismo.
Los argumentos de estos discursos promulgan que no tienen propósito contrainsurgente ni antisubversivo; no tienen vocería e influencia política o territorial; no poseen estructura jerárquica militar y son exclusivamente mafias de narcotráfico. Por lo tanto, los acontecimientos recientes, que tuvieron un punto álgido en el llamado paro armado del Clan Úsuga, no responden a fenómenos de paramilitarismo, sino a delincuencia común. La complejidad del fenómeno paramilitar nos planta de frente a los enormes retos que tiene la sociedad colombiana para tramitar un problema que simplemente se escondió bajo la ilusión de la desmovilización de Ralito.
El camino único es reconocer ciertas verdades incómodas: la primera de ellas a partir de la historia, pues como recuerda Jorge Orlando Melo, se reconoce que la participación de grupos de civiles armados en las luchas políticas colombianas tiene una tradición larga, aunque discontinua. El fenómeno de civiles alentados y en ocasiones armados por el Estado no es nuevo.
La segunda verdad incómoda, de hondo contenido epistemológico, es la finalidad de los conceptos y las palabras. No podemos exigir al lenguaje filosófico el “elogio de la realidad” sino la posibilidad de su transformación. Múltiples términos instrumentales se han acuñado para negar o empequeñecer el horror: “bandas criminales”; “simple delincuencia común”; “bandas emergentes”; “clanes Úsuga, Rastrojos, etc”; “grupos ilegales posdesmovilización”; entre otras.
La tercera verdad reviste un asunto ético, cuestiona si podremos seguir actuando sin sentimiento de culpa al sostener los lugares comunes del negacionismo. Los datos son contundentes: 300.000 compatriotas continúan siendo desplazados anualmente, 346 integrantes de organizaciones sociales y populares han sido asesinados entre ellos 112 de Marcha Patriótica. Están amenazados la Universidad de Sucre, la dirección de ASPU y los Cabildos Indígenas del Cauca. Se suele decir que “carecen de vocería política”, cuando son el eco de la campaña planificada por parte del Presidente de Fedegán y el Procurador contra los luchadores por la restitución de tierras; de marchas nacionales del uribismo y la extrema derecha contra el proceso de paz. Desconocer o maquillar las verdades sobre el actual fenómeno paramilitar, sólo permitirá que este persista y se fortalezca.
