Con afirmaciones desacertadas, la bancada del Centro Democrático no pudo responder a los cuestionamientos que ligan su marcha con el paro paramilitar
Redacción Política
Un seguimiento a los principales medios del país y la manera como estos cubrieron el paro paramilitar de la pasada semana, le sirvió al representante a la Cámara por el Polo Democrático, Alirio Uribe, para presentar en plenaria una constancia emplazando al Centro Democrático, a responder por la conexidad entre su marcha contra el proceso de paz, la restitución de tierras y el gobierno de Juan Manuel Santos, y el paro armado de las Autodefensas Gaitanistas en cinco departamentos del país.
El Polo Democrático expresó su preocupación ante las declaraciones del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, a la revista Semana, manifestando su preocupación por ese híbrido: “Quiero pedir a los ciudadanos que no se dejen convencer de estas amenazas (…) Y mezclar marchas políticas con amenazas del crimen organizado. Nos preocupa esa mezcla de mafia y política”, señalando directamente a los organizadores de la marcha del 2 de abril con el paro armado paramilitar.
Y es que hay razones que conducen a afirmar que el denominado Clan Úsuga convertido en Autodefensas Gaitanistas, busca legitimidad para incorporarse políticamente en el orden nacional pues su presencia política regional ya llegó a su límite. Y para ello necesita un impulso que solo lo obtiene de las fuerzas de ultraderecha con asiento en el parlamento.
El reciente paro armado dejó cuatro miembros de la fuerza pública asesinados, tres hostigamientos a fuerzas militares, cierre de establecimientos de comercio en importantes cabeceras municipales de departamentos de Antioquia y Chocó. Incluso la afectación se vio en las calles de la capital del departamento de Córdoba. El paro afectó los centros educativos y de salud de esos municipios.
Lo curioso, señala el representante Uribe, es que de esos mismos municipios salieron un día después de terminado el paro paramilitar buses para los puntos de concentración de la marcha organizada por el Centro Democrático. En la Fiscalía General de la Nación reposa una denuncia con los nombres de quienes estarían detrás de las acciones paramilitares y que al tiempo promovieron la marcha uribista.
En esa investigación preliminar se relata además la existencia de un plan pistola contra miembros de la Fuerza Pública. “La orden la impartió el jefe de esa banda criminal en la zona, quien se hace llamar Pipe Peláez. Otro cabecilla de esa misma agrupación ilegal, conocido como Andrés, dio la misma orden en Arboletes (Antioquia)”, señalaron los pobladores en la denuncia.
La respuesta del Centro Democrático en la plenaria de la Cámara estuvo a cargo de la representante María Fernanda Cabal, quien señaló que no aceptaba ninguno de los cuestionamientos y replicó: “en Colombia jamás se ha proscrito al Partido Comunista quien es el responsable de los asesinatos y que exista el paramilitarismo”. Una afirmación carente de sustento histórico que pretende legitimar la criminalidad de extrema derecha.
Otro error histórico en el alegato de Cabal fue aseverar que el autor de la ley 100, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral, era el expresidente César Gaviria y no su jefe Álvaro Uribe cuando era senador de la República. Cabal aseguró que el gobierno de Juan Manuel Santos ha sabido enmermelar a la izquierda y a la extrema izquierda y por ello no tenían legitimidad alguna para hoy estar en la oposición a ese gobierno.
El uribismo elude las respuestas sobre la vinculación del paramilitarismo en la marcha del pasado 2 de abril. No obstante, otros sectores van más allá y señalan que esa facción política debe rechazar las armas en la política con la misma vehemencia con que realizan críticas a lo acordado en La Habana con las FARC-EP. Sustraer las armas de la política vincula a las actuaciones paramilitares en todas las regiones donde hacen presencia estos grupos criminales y apoyan candidatos de derecha.
A dos semanas de la marcha uribista y el paro paramilitar se conoce que el Clan Úsuga compró las franquicias criminales que operan en los departamentos del Meta y Guaviare, replicando la operación de filtración narcotraficante en la fallida desmovilización impulsada en el mandato del expresidente Álvaro Uribe.
“¿Hubo una marcha contra el proceso de paz con apoyo del Clan Úsuga? Le pregunto al Centro Democrático. ¿Los neoparamilitares quieren ser sujetos políticos y ante eso qué dice el Centro Democrático? Me pregunto si el Centro Democrático está de acuerdo con la política de restitución de tierras a seis millones de desplazados en el país”, fueron los cuestionamientos concluyentes del representante a la Cámara al partido del expresidente. En ese mismo recinto se espera un debate profundo sobre el tema paramilitar para los próximos días.
