Carencias en infraestructura, falta de garantías laborales, desfinanciación y deserción estudiantil están entre los problemas más apremiantes de esta universidad bogotana
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Con la participación de las secretarías de Hacienda y de Educación de Bogotá, docentes, estudiantes, representantes de la administración, la Contraloría, la Rectoría y del Consejo Superior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se realizó una audiencia pública en la que se discutieron varios aspectos que componen la crisis de esta institución.
La reunión fue convocada por la concejala Heidy Sánchez y se desarrolló el 9 de noviembre en el auditorio de la sede de la calle 40 de la Distrital, en la capital del país. En la dinámica, la administración respondió a las preguntas de la comunidad universitaria y se hicieron compromisos.
Hubo reclamos acerca de los pagos, la vinculación laboral, la estabilidad laboral, problemas de recursos humanos, problemas administrativos y la urgencia de una reforma universitaria que daría soluciones de fondo a varios problemas. También se cuestionó sobre infraestructura, condiciones de las sedes, hacinamiento, apoyo alimentario a estudiantes y bienestar.
La concejala Heidy Sánchez, expresó en comunicación: “se denunció que la ejecución del plan maestro de desarrollo físico no se ha ejecutado como se planificó debido a la falta de recursos, impidiendo atender las demandas y necesidades”.
La audiencia también concluyó la necesidad de ampliar la base presupuestal y la necesidad de vigilar la ejecución de recursos, los procesos administrativos, burocráticos y jurídicos. Y, se evidenció la falta de un estatuto docente para profesores ocasionales, ya que el existente es para los de carrera.
Inestabilidad laboral
Para profundizar en las formas de contratación y la inestabilidad laboral, VOZ conversó con dos profesores de Comunicación de la Distrital, César Junca e Ivonne Valencia.
César es docente desde 2008 con contrato de vinculación especial. Es decir, desarrolla 16 horas de formación a la semana, por 16 semanas. La universidad paga las prestaciones por las semanas laboradas. No obstante, durante los meses que no están en las aulas no hay pagos de seguridad social.
“Las universidades tratan de que no lleguemos a los seis meses para no pagarnos la prima. Tratan de que no tengamos continuidad para que no podamos exigir contrato estable”, anota el profesor.
Los docentes aclaran que no es un fenómeno de esta universidad, sino que es la manera como se contrata: “La gran mayoría de docentes de las universidades públicas y privadas están contratados así”. Al punto que la Universidad Distrital cuenta con 1.350 profesores de vinculación especial y honorarios, el 78% del total.
Urge contratación en planta
Los docentes le piden a la administración de la Universidad el cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que ordena vinculación formal a la planta: “Los profesores que entramos a suplir una situación excepcional, que no puede durar más de un año, terminamos por 20 o 25 años en esa situación. Y lo que pedimos es que se formalice nuestra contratación. La respuesta de todas las universidades es la misma, que ellos no tienen recursos para contratar de planta. Si ellos no tienen deben hacer la gestión ante el Estado”.
Sobre la forma de vinculación, piden que se cuente directamente con ellos porque cuando abren concursos de planta, estos son amañados o manipulados. “Los nombraban de tiempo completo o medio tiempo ocasional de acuerdo a si les caían bien o mal, o si les servían o no al coordinador de turno.
“Después se inventaron lo que se llamó concurso abreviado al que se presentan quienes quieran, y si alguien pasa a mí me pueden dejar sin la carga. También me pueden dejar sin la carga porque un profesor decide que quiere coger las asignaturas que tengo”, explica la profesora Ivonne.
Manifiestan no estar de acuerdo con que los concursos se hagan de manera abierta, porque la institución ya cuenta con un recurso que tiene una experticia, un tiempo adentro: “Cuando se hace el concurso abierto se hace amañado porque se hace con nombre propio. Me he presentado en varias oportunidades y siempre ganan los que ellos han decidido que debe ganar. Es algo que todo el mundo lo sabe”, acota la docente consultada.
Faltan recursos
Sobre el particular, el profesor Junca asegura que a ellos les confirman cada año su capacidad profesional, por lo que no acepta que deban concursar para ingresar a la planta: “La universidad debe es formalizar, de acuerdo con la sentencia, nuestros contratos. Es decir, que provea los cargos que ya están de hecho de planta, con los tiempos y metodologías que quieran. Porque hay personas que llevan 10 y 15 años con vinculación especial y otros se pensionaron de esta manera”.
Acerca de lo expuesto por la administración en la audiencia, la profesora Ivonne comentó: “El problema no son las personas que están en la administración, el problema es el sistema, es echarles la culpa a otros. ¿Cuál es la política que tienen para dar soluciones? Para solucionar los pagos atrasados a maestros, lo que nunca se había dado, el problema de la planta docente es el sistema”.
Ahora bien, uno de los orígenes del conflicto es la desfinanciación de la que ha sido víctima la educación en todo el país. En ese sentido, en la comunicación de la concejala Sánchez se aclaró lo discutido: “el debate abordó la necesidad de aumentar la cuota girada por el Distrito, el seguimiento y eficiencia en la ejecución de los recursos por parte de los entes de control y la necesaria suscripción del pacto de concurrencia con la Alcaldía de Bogotá, por medio de la Secretaría de Hacienda, y el gobierno nacional. Esto implica asumir las deudas con la universidad por asuntos pensionales que ascienden a más de $1 billón de pesos, permitiendo liberar cerca de $75 mil millones anuales que podrían ser invertidos en solventar las dificultades que tiene la institución”.
Falta de crítica
Por otra parte, en 2022 se ha presentado una demora y la fluctuación de los pagos: “Nosotros no sabemos a ciencia cierta cuánto nos paga la universidad porque nos paga unos meses unas cosas, luego nos paga menos porque nos pagó mucho antes, ahora nos paga menos porque está recogiendo lo que pagó de más. No paga a tiempo”, explica el profesor César y agrega que los profesores no se organizan porque les falta conciencia y porque a muchos esas formas de contratación y de pago les parecen normal.
Hacer denuncias como estas ha provocado una persecución contra los profesores que hacen parte de la asamblea universitaria y que representan a los docentes de vinculación especial.
Pero más allá de la problemática estructural, los profesores cuestionan que no haya dinero para terminar el año, y que en los gastos de infraestructura haya corrupción, “la sede El Porvenir se pagó tres veces”.
Finalmente, denunciaron que hay grupúsculos y clientela en la Universidad que se rota en los cargos administrativos, compuestos por funcionarios y profesores de planta. Asimismo, cuestiona que haya profesores de izquierda con las mismas prácticas clientelares y amañadas de las roscas que dominan las universidades.
“¿Cómo es posible que estén pensando solo en el salario y no en la construcción de una universidad popular y crítica? Si no garantizamos una educación donde haya maestros que puedan dedicarse a estudiar, a investigar y a transformar la situación del país, vamos a seguir siendo centros de adiestramiento que no responden a las necesidades del país, sino a las del empresariado colombiano”, concluye el profesor César Junca.
