Sarah Klinger Muñoz (*)
El pasado 21 de marzo, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia designó a Ismael Peña como rector, hecho que causó inconformidad de todos los estamentos universitarios ya que fue el profesor Leopoldo Múnera quien logró el respaldo electoral de la comunidad en la consulta realizada el pasado 12 de marzo. Esta consulta fue desconocida por el Consejo Superior mediante la adopción de un mecanismo de voto secreto y ponderado, con el que se impuso la rectoría de Peña y el continuismo de un gobierno universitario neoliberal, opuesto al sentir popular de una Universidad vinculada con la sociedad, autónoma y democrática. Por ello, el movimiento universitario se encuentra en paro indefinido para reclamar un lugar en las decisiones, exigir respeto por la voluntad popular que eligió al profesor Leopoldo Múnera como rector y liderar el debate sobre la necesidad de una Constituyente Universitaria, como mecanismo democrático que debata los fines de la Universidad, sus procesos y decisiones.
A su vez, la Universidad Tecnológica de Pereira se encuentra en movilización desde el mes de diciembre, luego de marcar un hito histórico al convocar por primera vez una consulta para la elección de rector. Miembros del Consejo Superior han desconocido los resultados e insisten en el continuismo de Luis Fernando Gaviria, lo que entorpece el proyecto de universidad participativa que fortalezca el bienestar, la permanencia y la investigación. Este proyecto está representado por el profesor Alexander Molina, quien continúa en la contienda rectoral pese a las dilaciones y saboteos orquestados por la derecha para evitarlo. La UTP ha salido nuevamente a las calles luego de cinco años y ha realizado su primer DemocraciaFest, con el que afianzaron sus banderas y fortalecieron la agenda de lucha por la democracia en la Universidad.
La democracia se ha convertido en un reto para el movimiento universitario de Colombia, que se prepara para la disputa por el modelo de educación en el marco del paquete de reformas lideradas por el Gobierno nacional. El debate en el Congreso del proyecto de Ley Estatutaria de Educación como Derecho Fundamental y el inicio de la Mesa Concertación Nacional de la Nueva Ley de Educación Superior, MCN+ES, tendrán el objetivo de recuperar la educación como derecho fundamental y abrir la posibilidad de soñar un nuevo modelo educativo con base en la equidad como requisito de la paz.
En este contexto, la derecha ha optado por diferentes mecanismos para retener los gobiernos universitarios, seguir profundizando el proyecto neoliberal que alimenta sus intereses y proteger el fortín político y económico que ha construido desde los Consejos Superiores Universitarios. No son casos aislados los recientes hechos de desconocimiento de la voluntad popular en las consultas a las rectorías de la Universidad Nacional y de la Universidad Tecnológica de Pereira. Por el contrario, hacen parte de una disputa política que se ha intensificado por el momento de cambio que vive el país y que revela un problema estructural del modelo educativo, plasmado en la Ley 30 de 1992. Por otro lado, está el movimiento estudiantil que ha decidido hacerle frente con la firme convicción de transformar la universidad pública.
Por ello todas, las Instituciones de Educación Superior están sumando sus voces de rechazo. El movimiento estudiantil prepara una agenda para retomar la calle como espacio de construcción y disputa política para exigir al Congreso de la República la aprobación de la nueva Ley. Por ello, se convoca a una gran movilización nacional el 8 y 9 de junio en el marco del Día del Estudiante Caído y de la conmemoración de los 70 años del asesinato de Uriel Gutiérrez.
* Comité Ejecutivo Central JUCO
