Luis Jairo Ramírez H.
En medio de ánimos exaltados, el 7 de mayo de 2017, la II Convención del Centro Democrático en Bogotá proclamó unánimemente que: “El primer desafío del Centro Democrático será volver trizas ese maldito Acuerdo Final con las Farc”. Como en un ritual de secta, uno a uno, Paloma Valencia, el exprocurador Alejandro Ordóñez, Iván Duque, Fernanda Cabal, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe se disputaban quién haría el discurso más belicoso e incendiario.
Los cuatro años de gobierno de Duque estuvieron plagados de saboteos de los acuerdos de paz, obstrucciones al funcionamiento de la JEP y el entrampamiento Duque-Fiscalía-DEA del proceso de paz, que generó inseguridad jurídica y provocó las disidencias, entre ellas la de Márquez y Santrich; boicot a las curules de paz para las víctimas de la guerra; la violencia estatal durante las jornadas de protesta acaecidas entre 2019 y 2021, que dejó centenares de manifestantes muertos y heridos; durante el gobierno de Duque fueron asesinados 957 defensoras/es de derechos humanos, así como 261 excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, y se perpetraron 313 masacres, que dejaron 1192 víctimas. Toda una estrategia de guerra contra la población.
Funcionarios uribistas encargados del Ocad-Paz, congresistas conservadores, mandatarios locales y contratistas, crearon un entramado de corrupción para quedarse con aproximadamente 500 000 millones de pesos de recursos para la paz.
De la primera fase del “plan trizas” del Centro Democrático, siendo gobierno, se pasa ahora a la fase II estando en la oposición; su interés ya no solamente es el boicot a la paz; hoy han avanzado a constituir un bloque golpista para desestabilizar el gobierno, que involucra a otros partidos como Cambio Radical, conservadores y liberales, a sectores de las fuerzas armadas vinculados además con el narcotráfico y el clan del golfo, exmilitares, algunos gremios económicos y, obviamente, una parte importante de los medios de prensa corporativos.
Este entramado no es casual, planea y actúa por etapas; primeramente una visceral campaña de estigmatización y mentiras contra el presidente Petro y su equipo de gobierno; en una segunda etapa entraron entes judiciales como la Fiscalía y el Consejo de Estado, de control como la Procuraduría; acoso, investigaciones y anulación de credenciales a congresistas del Pacto Histórico y fallos judiciales amañados a funcionarios públicos como Álvaro Leyva, y la estrategia parlamentaria de boicot a los proyectos de cambio por los que más de once millones de colombianos votaron, entre ellos, los de salud, pensiones, reforma laboral y educación.
Este “plan trizas II” incluye palos en la rueda al proceso de Paz Total, a la vez que estimula hechos de violencia contra la población, desata el clan del golfo contra líderes sociales y firmantes de paz, al cual, curiosamente, se juntan inexplicablemente acciones criminales contra comunidades de grupos armados que se encuentran en conversaciones con el gobierno.
La movilización social y la unidad siguen siendo el camino contra la conspiración derechista.
