domingo, junio 23, 2024
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La cuestión del sometimiento a la justicia

Se prevé un fortalecimiento de la justicia ordinaria, que asuma los casos de miembros de los grupos armados ilegales que se acojan a la ley

Diógenes Laercio

En los todavía pocos meses de gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro no hay acto administrativo, gestión oficial, iniciativa legal o declaración pública del gobernante, que no hayan desatado un debate nacional, cuando no una tormenta, por lo que diga o deje de decir el presidente.

Para quienes se interesan por la suerte de la política colombiana, está claro, que detrás de estas escaramuzas, se esconde el objetivo siniestro de torpedear toda la obra del gobierno del cambio y dar al traste con el conjunto de reformas progresistas impulsadas dentro del programa del Pacto Histórico.

Y la que hoy se conoce como ley de sometimiento a la justicia, no podía ser una excepción. Concebida como un instrumento para el desmantelamiento de grupos criminales que no tiene carácter político, o no se les reconoce este estatus, pero también como parte esencial de la estrategia de paz total, la iniciativa legal ha sido objeto de una enconada campaña de ataques, tergiversaciones e infundios, para concluir que lo que el presidente pretende es entregar el país al crimen organizado. Al menos, en estos términos se refirió, en una de sus numerosas intervenciones mediáticas, el fiscal general Francisco Barbosa.

En uno de sus momentos de mayor vehemencia, el jefe del Ministerio Público aseguró al país que no va a dejar que el proyecto de sometimiento pase en el Congreso. No solo por las razones arriba expuestas, sino porque en la elaboración del articulado no se tuvieron en cuenta sus recomendaciones a la ley.

Desvirtuando infundios 

El senador Iván Cepeda dice al respecto que el Fiscal falta a la verdad, que la mayoría de tales recomendaciones sí quedaron incorporadas al articulado de la norma, que aún no pasa los debates en el Congreso.

Frente a las críticas del fiscal Barbosa, el senador Ariel Ávila, del Partido Verde, ponente del proyecto, dice que el texto legal, de 54 artículos busca garantizar un proceso judicial óptimo para todas las estructuras criminales que hasta ahora han manifestado su interés en el sometimiento a la justicia.

Ariel Ávila, senador ponente del proyecto de ley de sometimiento a la justicia

“La palabra extradición no se incluyó, no se realizó ningún cambio al tratado de extradición, no se menciona la garantía de no extradición. Lo que se estableció es que, llegado el momento y avanzado el proceso, es posible que los dos ejecutivos, el de gobierno colombiano y el de Estados Unidos, conversen sobre el tema”, precisó el senador Ávila, desvirtuando una afirmación del fiscal Barbosa en sentido contrario.

 

Fortalecimiento de la justicia

Aclaró el ponente que el proyecto no contempla traer jueces ni procedimientos, ni tribunales nuevos, por lo que la justicia ordinaria se encargará de llevar a cabo los procedimientos para evitar “colados”, o recibir los bienes entregados por parte de los grupos criminales.

No obstante, se prevé un fortalecimiento de la justicia ordinaria, que asuma el conocimiento de los casos del importante flujo de miembros de estos grupos armados ilegales que se acojan a la ley. Este aspecto de la norma, ni siquiera es mencionado por los detractores del sometimiento a la justicia y curiosamente el Fiscal tampoco lo toma en cuenta en sus análisis.

Dentro de las críticas del fiscal Barbosa se asegura que “los mafiosos no pasarán en esos proyectos de reforma” (declaraciones a RCN), que pondrá su empeño en evitar que “el narcotráfico se tome la institucionalidad del país”.

Dijo el jefe del Búnker de la Fiscalía: “Yo me siento engañado en relación a nueve aspectos que le planteé al presidente de la República. Muchos de esos aspectos cambiaron de forma y siguieron los problemas de fondo. El concierto para delinquir no puede ser incluido en la categoría de sometimiento. Se disfraza el proceso de sometimiento con el proceso de paz. La Fiscalía no hace parte del poder ejecutivo. En Colombia hay separación de poderes”.

El Fiscal no dice la verdad

El senador Ávila, coordinador de ponencia del proyecto, indicó que Barbosa falta a la verdad cuando dice que no se incluyeron sus iniciativas. De hecho, siete de sus nueve recomendaciones se incluyeron en el proyecto.

El senador Iván Cepeda por su parte hizo otras acotaciones: dijo que mientras el fiscal reclama separación de poderes porque el presidente le pide que avale la calidad de unos delincuentes en tránsito al sometimiento, el mismo Barbosa vulnera ese principio, al reunirse con las bancadas de varios partidos, con los jefes de algunas colectividades, dando a entender que el jefe del ente acusador anda más bien en plan de campaña electoral que de críticas a un proyecto legal que es cimiento de una generosa propuesta de paz en el país.

Cepeda es uno de los que afirma que: “el fiscal está usando su cargo para fines electorales”, tras reunirse con varios partidos políticos, entre ellos la bancada de Cambio Radical que lidera Germán Vargas Lleras.

Cita en la Casa de Nariño

Por esa razón, el senador de izquierda anunció que denunciará al fiscal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El jefe del ente acusador ha incurrido en varios delitos, uno de ellos afectar la autonomía e independencia de los poderes públicos, al afirmar que no va a permitir que la propuesta de sometimiento a la justicia, pase por el examen del Congreso de la República.

En la mañana del lunes de la presente semana, el presidente de la República y el Fiscal General sostuvieron una conversación de dos horas, en la que el ejecutivo aclaró las ‘dudas’ respecto a la política sometimiento del gobierno del cambio. Allí Barbosa habló, ya no de nueve sino de once observaciones al proyecto que, se informó, fueron tomadas en cuenta por el presidente y sus asesores.

De acuerdo a un boletín oficial, se acordó realizar “mesas técnicas de trabajo conjunto” y “seguir avanzando en la lucha contra el narcotráfico”.

“En aras de seguir avanzando en la lucha contra el narcotráfico, reafirmamos que el proyecto de sujeción a la justicia tiene el firme objetivo de enfrentar con contundencia las acciones del narcotráfico y, también, proteger a los cultivadores, quienes son el eslabón más débil en la cadena. Para ello se requiere de una estrategia integral que además vele por la conservación del medio ambiente”, dijo el gobierno en un pronunciamiento al término de la reunión.

No fueron pocos los argumentos del Fiscal que rodaron por el piso. El presidente Petro se anota un nuevo round a su favor.

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