Abren investigación fiscal contra la constructora que estaba al frente de un proyecto de 200 casas de interés social en Leticia, Amazonas. De igual forma, se investiga disciplinariamente a la Secretaría de Planeación del municipio por irregularidades en el monitoreo de otra obra de vivienda inconclusa
Hernán Camacho
@camachohernan
Con casco de constructor y ladrillo en mano el 13 de marzo de 2013 el por entonces ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, llegó a Puerto Carreño, Vichada, con la promesa de construir viviendas. En ese momento, el dirigente de Cambio Radical caminaba el país y a costa de la jefatura ministerial promocionaba su candidatura vicepresidencial con la consigna de edificar 100 mil casas.
Para Leticia, Amazonas, presentó dos proyectos de vivienda con casas de “45 metros cuadrados, ampliables hasta 62 metros”, y enfatizó que las 200 casas del proyecto “contarán con escenarios deportivos y un salón comunal”.
El 22 de septiembre de 2019 Andrés Malagón, jefe de la cartera de Vivienda en el gobierno Duque, publicó en su cuenta de Twitter un hilo promocional de su gestión, presentando como logros la construcción de viviendas gratis con una inversión de 7.500 millones de pesos, con el proyecto de viviendas Manaure I adjudicado en Leticia.
Las obras se iniciaron después de la firma de cinco contratos para ejecutar los diseños ya avalados por el Ministerio de Vivienda. Las empresas y los contratistas fueron: A.C. & C. Asesorías, Consultorías y Construcciones S.A.S; Alejandro Peña Cachaya; Arbech S.A.S; y Oscar Cuervo.
Obras a medias
El 19 de septiembre de 2021 las comisiones económicas del Congreso de la República sesionaron en Leticia. Con la presencia de 20 senadores y con el Ministro de Hacienda en la reunión, la comunidad denunció las fallas en el diseño de las nuevas viviendas en la capital de Amazonas, las consecuencias negativas en la convivencia de las familias y el incumplimiento de las obras. Los constructores no hicieron las casas como se debe y los cambios en el diseño perjudicaron seriamente a la gente que habita el municipio.
La senadora Aída Avella recogió testimonios de los habitantes de los barrios Ñia Neemechey y Manaure I constatando que en el interior de las viviendas es sofocante e insoportable el calor, al punto que nadie puede mantenerse dentro de la vivienda en las horas del día, momentos en que la temperatura es muy alta. A eso se le suman las denuncias de obras entregadas que no sirven para nada, como la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que no está funcionando, pero que sí fue inaugurada por el presidente Duque en su última visita a la capital de las amazonas.
“La altura de las casas ocasiona calores insoportables que hacen difícil la convivencia de una familia y de los adultos mayores. No tienen buenos servicios ni de agua, luz o alcantarillado. Valdría la pena se investigara la firma que hizo estas construcciones, el interventor, y las falencias de las mismas”, expresó una líder comunitaria del barrio Ñia Neemechey.
Hallazgos fiscales
El pasado 25 de mayo la Contraloría General de la Nación abrió proceso de responsabilidad fiscal a la constructora encargada de las 200 viviendas en las urbanizaciones Ñia Neemechey que no cumplen con las condiciones para ser habitables y la urbanización Manaure I que nunca fueron entregadas. De igual forma, el ente de control fiscal pidió apertura disciplinaria contra los responsables de Manaure I por no haber hecho la entrega oficial de la urbanización a los beneficiarios.
Las viviendas de Ñia Neemechey se conforman por siete etapas. Actualmente las viviendas se encuentran totalmente terminadas y certificadas por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade. Sin embargo, para la Contraloría y de acuerdo a las denuncias de las comunidades, “las casas que fueron entregadas en el gobierno pasado, no se adecuan a las condiciones climáticas ni ambientales de Leticia”.
El ente de control fiscal encontró que no se cumplió con lo correspondiente al sistema adecuado de ventilación de las viviendas, así como errores en la ubicación de ventanas de las fachadas y la ventilación de los techos según diseños. “Las variaciones efectuadas en la pendiente de la cubierta y la ausencia de vanos (rejillas de ventilación) en la fachada de las viviendas, han generado inconvenientes para los beneficiarios del subsidio, puesto que, por las condiciones climáticas de la zona, aunado a la ausencia de mecanismos de ventilación, se afecta la habitabilidad de las mismas”, señala el informe.
Y en el caso de la urbanización Manaure I, la Contraloría encontró anomalías fiscales que permiten abrir investigación por la suscripción del contrato de obra civil del 26 de abril de 2018, para la construcción del sistema de aguas lluvias domiciliaras del proyecto de viviendas de la urbanización.
Nadie responde
Los vecinos de Manaure I reportaron a la Contraloría que algunas viviendas presentan problemas de filtración de agua por un problema estructural de la placa para sostener los tanques elevados para el almacenamiento del líquido vital. Así mismo las viviendas tienen numerosas filtraciones de aguas en los patios.
La Contraloría verificó y la urbanización carecía de un “sistema de aguas lluvias domiciliarias, debido a que no existían redes de drenaje en la zona, lo que ocasionaba incapacidad hidráulica para evacuar de manera efectiva y segura las aguas lluvias y de escorrentía que caían sobre el área. Por lo anterior se hacía necesario la construcción de dicho sistema, debido a que existían zonas de saturación y encharque de agua, desgarres y deslizamientos de masa de tierra incrementando más los problemas en capacidad hidráulica de las viviendas”.
El reporte de la comunidad es que hoy las viviendas siguen presentando inundaciones en sus patios, el sistema instalado en las viviendas de Manaure no es el adecuado para la evacuación o abatimiento de las aguas lluvias. La constructora nunca contempló las condiciones del terreno plano y en tierra en los patios lo que complica el drenaje, ya que el agua lluvia se acumula fácilmente y obstruye la tubería, limitando el flujo de agua a evacuar.
Pero además la comunidad denunció como las casas fueron construidas “pero nunca entregadas por la entidad, fueron asignadas a familias en situación de vulnerabilidad, y éstas al constatar que la urbanización estaba siendo saqueada, decidieron ocupar sus viviendas”. Existen diferencias entre la documentación de las licencias de construcción y urbanismo, planimetría y la asignación de viviendas para algunos beneficiarios.
Costos
“La falta de seguimiento diario a las obras por parte de la interventoría, la cual estaba siendo ejercida por la Secretaría de Planeación del municipio de Leticia, indica que estas observaciones fueron desatendidas por el oferente y el municipio, a su vez no presentaron informes de interventoría mensual y omitieron las observaciones efectuadas por la supervisión”, señala el informe remitido que pide investigar la responsabilidad de la Secretaría de Planeación del municipio.
El resultado de las irregularidades contractuales y de ejecución de la obra le han costado al municipio según la Resolución 022 del 17 de abril de 2018, un valor de $300.192.563 en subsidios de vivienda de interés social, soportados mediante certificado de disponibilidad presupuestal 029 del 16 de abril de 2018, trasladados a la cuenta del contrato de encargo fiduciario por parte del municipio para su administración. Es decir, la constructora ya tiene la plata de la ejecución de la obra a pesar de las irregularidades.
La comunidad denunciante busca que las investigaciones avancen y se determine la responsabilidad de los contratistas en la ejecución de la obra, pero sobre todo esperan una solución de fondo a la problemática de no tener vivienda digna, situación que padece a diario el pueblo en la capital de la amazonia colombiana.
