Finalizó el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el nuevo. El informe que será fundamental en los primeros meses de la administración Petro, formula recomendaciones, prioriza reformas legales y establece alertas. VOZ habló con su principal coordinador
Redacción política
Cinco semanas duró el empalme entre el gobierno saliente de Iván Duque y el nuevo gobierno que encabeza Gustavo Petro. Con la presentación del informe final por parte del comité que coordinaron el exsenador Mauricio Lizcano, la ministra de Salud designada Carolina Corcho, la socióloga Aurora Vergara Figueroa y el economista Daniel Rojas Medellín, se concluye con uno de los ejercicios claves en la transición del poder.
Dentro del informe presentado por el comité designado se encuentran las conclusiones que dejaron los 30 equipos de empalme que tuvieron la tarea de diagnosticar los distintos sectores de gobierno. El documento formula recomendaciones, establece acciones urgentes, prioriza reformas legales y define alertas. El ejercicio adelantado también planteó una serie de propuestas para la nueva administración, de cara a los primeros 100 días de gobierno.
Lo que se queda, lo que se va
El comité ha dicho que mantiene políticas puntuales del gobierno saliente, como el programa de vivienda “Mi Casa Ya”, las políticas de trasferencias monetarias tipo “Ingreso Solidario” y el Plan Nacional de Vacunación Covid-19. De igual forma, ha expresado que políticas como la “economía naranja” en el sector cultura, los pilotos de fracking en el sector ambiente o la política “Ruta Futuro” en la implementación del Acuerdo de Paz, no van en el nuevo gobierno.
Por su parte, el futuro de las EPS en el sector salud, la lucha anticorrupción en toda la estructura del Estado, la implementación del Acuerdo de Escazú, el fortalecimiento de las universidades públicas, la protección de liderazgos sociales y firmantes de la paz, el restablecimiento de los diálogos de paz con el ELN y la transición energética, son algunas de las prioridades inmediatas en la administración Petro.
Para profundizar sobre el proceso y las conclusiones que deja el informe, VOZ habló con Daniel Rojas Medellín, joven economista y coordinador principal del empalme.
En general, ¿cómo fue el proceso de empalme?
-Este proceso tuvo una particularidad. Por voluntad del presidente Gustavo Petro, desde el inicio intentamos integrar a toda la sociedad en su diversidad, esos sectores que estuvieron en la campaña como también las expresiones que se movilizaron en el estallido social. Nos acompañaron organizaciones políticas, movimientos sociales, pueblos indígenas, comunidades afro, etc.
Ese enfoque ya le dio un carácter distinto al empalme, porque no solo fue un diálogo entre saberes técnicos, sino que también se juntaron saberes populares, tradicionales y territoriales. Finalmente, debo decir que mucha de la información entregada por el gobierno saliente fue restringida.
Balance crítico
¿Cuáles son las conclusiones que deja el informe?
-Lo primero es que encontramos un país con una situación fiscal crítica. Ya lo intuíamos por las cifras macroeconómicas, pero llegamos a un nivel de mayor precisión. A las restricciones de gasto público que se tienen por el nivel de deuda tan grande y por la baja tributación, se le agrega que a la hora de evaluar entidad por entidad encontramos que muchos contratos y vigencias futuras están amarradas, como se dice tradicionalmente. Eso nos deja con un margen muy estrecho para actuar. Es decir, la reforma tributaria se nos convierte en una prioridad.
Lo segundo es que hallamos una gran desarticulación institucional, lo que nos permite concluir que en cuatro años no existió una visión concreta de país. En muchos sectores encontramos que el común denominador era la descoordinación entre ministerios, entidades adscritas, departamentos estratégicos, es decir, en la organización del Estado.
En el informe se habla de alertas. ¿Alguna en particularidad que le llame la atención?
-La mayoría de alertas tienen que ver con procesos de contratación. Sin embargo, personalmente me llamó la atención el tema de las juntas directivas, tanto de las empresas públicas como de los patrimonios autónomos de la nación. Lo que encontramos es que en este momento se encuentran cooptadas por el poder corporativo privado. En otras palabras, en lo público hoy impera y gobierna la lógica empresarial privada. Incluso, uno podría hacer un hilo de familiares, amigos o gremios que tienen presencia estratégica en más de una junta directiva.
Gobierno y participación popular
Hablemos del Plan Nacional de Desarrollo, ¿Cuáles son en su criterio los primeros pasos que se tienen que dar para lograr un buen plan?
-Lo primero que debemos hacer es constituir las bases mínimas del plan, que es un documento vinculante y que deberá trazar la ruta de lo que van a ser los cuatro años de gobierno. Aspiramos estructurar la visión de un país progresista, que tiene dos grandes problemas: la crisis climática y un modelo económico rentista, extractivista y poco productivo.
En ese sentido tendremos 100 días para formular esas bases que no parten de ceros. Tenemos un programa de gobierno que se hizo mandato popular, para establecer esas bases, que no son otra cosa sino las prioridades, los objetivos y las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo.
Ustedes han dicho que en la formulación de esas bases quieren activar la participación de la sociedad.
-Es que cuando decimos que este será un gobierno popular, no es retórica. Queremos que no sea un proceso meramente institucional, sino que los avances sean coordinados, diseñados y consensuados con la participación de la ciudadanía, que articule territorios y comunidades, que intervenga la sociedad colombiana en su heterogeneidad.
Para ello es importante que este ejercicio tenga un carácter vinculante. Pero pensamos la situación más allá de los primeros 100 días y las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, en temas económicos, la idea es que el plan plurianual de inversiones y la ejecución propia de los recursos tenga también ese carácter vinculante de una ciudadanía que participa.
Radicalizar la democracia
¿Por qué tanto énfasis en el tema de la participación?
-Cuando hablamos de gobierno popular entendemos que la ciudadanía por fin se hizo gobierno. Claramente vamos a administrar bajo las normas establecidas de la democracia liberal, pero podemos radicalizar esa democracia. La expectativa es contrastar esa visión clásica que el mandato se dio en la urna y en ese momento la ciudadanía se desentiende de las decisiones estratégicas. En contraste, interpretamos el momento desde la perspectiva de mandar obedeciendo a partir de las realidades de la gente que están en constante transformación, porque las necesidades de la ciudadanía cambian, la historia no es inmutable. Necesitamos que el Plan Nacional de Desarrollo y las reformas sean refrendadas por el pueblo.
¿Cuál es el mayor reto en los primeros 100 días de gobierno?
-Creo que el principal reto es que las expectativas de cambio se vean reflejadas en la gente. Debemos ser sinceros, 40 años de la larga y triste noche neoliberal no se van acabar en 100 días. Pero sí creo que es un tiempo acorde para que la ciudadanía pase de ser espectadora y excluida, a ser protagonista del cambio político. Si la gente se siente parte del gobierno y entiende con nosotros los retos, sufre con nosotros lo que vamos a sufrir y celebra con nosotros las victorias tempranas, entonces estaremos encaminando el propósito de construir un verdadero gobierno popular.
