La CIDH debe reexaminar la Operación Orión

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Las comunidades que habitan la comuna 13 de Medellín se manifiestan desde el arte y la cultura. Foto Alcaldía de Medellín

Se dice que en el botadero de basuras “La Escombrera” se encuentran enterrados cientos de cadáveres de víctimas que hasta ahora no se han logrado desenterrar, porque las operaciones de búsqueda están paralizadas

Alfonso Ovalle R.

A propósito del reciente Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el genocidio político de la UP, hay que llamar la atención sobre otros hechos de violencia del Estado colombiano en cuanto a masacres y genocidios, que no son pocos, como los ocurridos en la Comuna 13 de Medellín con la denominada Operación Orión desde los organismos represivos del Estado.

Como antecedente, encontramos que, el 10 de enero de 2017, la Corte IDH como resultado de algunas denuncias entabladas por las víctimas de la violencia estatal, condenó al Estado colombiano por las detenciones ilegales, la falta de protección de cinco defensores de derechos humanos y el asesinato de uno de ellos, durante el desarrollo de la Operación Orión.

La condena exigía el reconocimiento y la reparación a las víctimas, pero hasta ahora, el Estado no lo ha hecho, aun así, las agrupaciones defensoras de derechos humanos, lo que se proponen es que se reconozca a la Comuna 13 de Medellín como víctima, para que se inicie un proceso de reparación colectiva.

Los hechos

Ante este objetivo y su justificación, veamos su contexto y recordemos rápidamente cómo ocurrieron los hechos. La Comuna es una conurbación que se extiende en un sector de las colinas del occidente de la ciudad, cubre 13 barrios con aproximados 230 mil habitantes hoy, de estratos 1 y 2 azotada históricamente por la violencia proveniente de la pobreza.

Tanto es así que se le conoce como la cuna de Pablo Escobar y en los años 90 se establecieron allí las milicias urbanas de las FARC, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo CAP, disputándose el territorio con los paramilitares del Cacique Nutibara de Don Berna y los comandantes de las AUC conocidos como “Móvil 8” y “Aguilar” de terrorífica recordación.

Hoy lo que se hace por el Estado allí es, promover excursiones de turistas nacionales y extranjeros con guías especializados, para mostrarles en ese importante y ejemplar territorio la manera como se ha logrado cambiar la cara de la violencia ejercida en tiempos pasados por el narcotráfico y las guerrillas en dicho lugar.

Según antecedentes, allí se dieron cerca de once operativos, de los cuales los últimos y más importantes fueron las operaciones Mariscal el 29 de mayo y Orión del 16 al 27 de octubre de 2002, la que se extendió dejando el territorio al manejo de los paramilitares que continuaron con la operación de limpieza hasta fin de año durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez quien la ordenó y la alcandía de Luis Pérez Gutiérrez quien la autorizó.

No escuchan a las víctimas

En cada una de estas operaciones ocurrieron asesinatos, desapariciones, encarcelamientos, persecuciones, señalamientos, acusaciones, desmanes y violaciones de DDHH a cargo de la Policía, el Ejército e integrantes del CTI y el DAS, con la colaboración de los paramilitares.

Se dice que en el botadero de basuras “La Escombrera” se encuentran enterrados cientos de cadáveres de víctimas que hasta ahora no se han logrado desenterrar, porque las operaciones de búsqueda están paralizadas y aun se continúa botando escombros en el lugar, a pesar de los insistentes reclamos de los familiares de las víctimas, que no son escuchados.

La Operación Orión se conoce como la más importante, dada para exterminar las guerrillas urbanas que se veían como extensión del conflicto armado en las grandes ciudades de Colombia, lo cual se debía impedir como parte del Plan Colombia, acordado por el gobierno de Andrés Pastrana y el de los EEUU.

El objeto era fortalecer las acciones del Ejército y la Policía, paralelo a las fracasadas negociaciones de paz del Caguán con las FARC y en la implementación de la política de seguridad en la lucha contra el enemigo interno, encubierta por el presidente Uribe con el nombre de “Política de Seguridad Democrática” en los inicios de su mandato, que con argucias politiqueras logró prolongar a ocho fatídicos años de persecución, corrupción y violencia.

Escabroso relato

Un informativo de la época, la describe así: “El 16 de octubre de 2002 se inició la Operación Orión, la acción armada de mayor envergadura realizada en un territorio urbano a raíz del conflicto armado en Colombia. Dicha operación se extendió a lo largo del mes de noviembre y principios de diciembre y fue llevada a cabo por el Ejército, el DAS, la Policía, el CTI y Fuerzas Especiales Antiterroristas con tanquetas y apoyo de helicópteros artillados.

“En ella participaron alrededor de 1.500 efectivos y estuvo acompañada por hombres y mujeres encapuchados. De acuerdo con las declaraciones de alias “Don Berna”, en esta operación hubo participación de paramilitares que habían realizado un trabajo previo de inteligencia y acompañaban a la Fuerza Pública en sus labores de allanamiento y captura de supuestos colaboradores de la guerrilla. Al respecto declaró: “El Cacique Nutibara hizo inteligencia, logró la ubicación de guerrilleros, se infiltró dentro de la población civil y todos estos datos se le adjuntaron a las Fuerzas Militares”.

“Además, fue pieza clave para proferir señalamientos contra supuestos colaboradores, “varios de nuestros hombres fueron allá, muchos de ellos iban encapuchados, se identificó varias personas, algunas fueron dadas de baja, otros fueron capturados y después desaparecidos”. Todos estos detalles pudieron reconstruirse gracias a la investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica, “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13” en 2011”.

La experiencia de los resultados obtenidos por las víctimas de la UP con sus reclamos ante la CIDH y su fallo definitivo de condena al Estado, después de 28 años, debe servir para animar a los familiares de las víctimas de todas las operaciones violentas del Estado en la Comuna 13 a persistir en sus denuncias reclamos y exigencias de justicia, reclamación y no repetición, hasta obtener una decisión de similar contenido e importancia a lo acontecido con las víctimas de la UP.

Antes que la promoción del turismo logre borrar de la memoria de propios y extraños, tan fatídicos y repudiables hechos de violencia estatal en Colombia.