El desarrollo agrario y rural es uno de los principales objetivos del Estado. El marco jurídico está determinado en la Constitución, al reconocer la tierra como un recurso para el desarrollo nacional y garantizar su acceso a los campesinos y sus comunidades
Mónica Andrea Miranda Forero
@Emedemoni_
La Constitución Política de 1991 establece la creación de una jurisdicción agraria y rural (en adelante JAR) con el objetivo de velar por los intereses de los campesinos y de las comunidades rurales. Esta tiene como objetivo promover el desarrollo rural y agrario a través de la implementación de políticas y programas que promuevan el acceso a la tierra, su uso de manera sostenible, el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y de las comunidades rurales y el desarrollo de la agricultura.
La JAR en Colombia está conformada por una serie de normas jurídicas, entre las cuales se encuentran la Ley 160 de 1994 y la Ley 546 de 1971. Estas leyes establecen los principios básicos de la jurisdicción agraria y rural, como el derecho de los campesinos y las comunidades rurales al acceso a la tierra, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la participación en la toma de decisiones sobre el uso de la tierra, el derecho a la seguridad alimentaria y el derecho a la protección del medio ambiente.
Además, la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia incluye la implementación de una serie de programas y proyectos destinados a promover el desarrollo agrario y rural en el país. Estos programas y proyectos incluyen el Fondo de Tierras para promover el acceso a la tierra para los campesinos y las comunidades rurales; el Programa de Desarrollo Agrario, con el objetivo de promover la producción agrícola; el Programa de Desarrollo Rural, para el desarrollo de infraestructura rural y, el Programa de Desarrollo Forestal, para construir entornos sostenibles.
Desarrollo agrario
La JAR es una herramienta fundamental para el desarrollo agrario y rural en el país. Esta jurisdicción garantiza el acceso a la tierra a los campesinos, promueve el desarrollo rural protegiendo los derechos del campesinado y de las comunidades rurales, e impulsa el uso sostenible de la tierra. Estas normas y programas garantizan el cumplimiento de los objetivos del Estado de promover el desarrollo agrario y rural en el país.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Proyecto de Ley para la creación de una jurisdicción agraria y rural fue radicado el 31 de agosto del 2022 por el Gobierno, y actualmente se encuentra en el primer debate de la segunda vuelta legislativa.
Por medio de este, la administración del presidente Gustavo Petro pretende garantizar el acceso a la justicia a las y los campesinos colombianos. Esta reforma constitucional es una de las más importantes del Gobierno nacional, pues tendrá también como objeto el cumplimiento del punto uno del Acuerdo de Paz que habla sobre la reforma rural.
Descongestión burocrática
Desde 1960, el país ha estado en un conflicto armado y tiene como una de sus causas el problema de la tierra, el cual se ha tramitado por medio de la violencia y no por una resolución pacífica de los conflictos o una justicia que comprenda las dinámicas agrarias y rurales.
No es lo mismo resolver un conflicto jurídico en el campo y uno en la ciudad, por eso la justicia ordinaria, civil y laboral, en donde han llegado los casos del campo colombiano, han tenido grandes dificultades para tramitarlos o han quedado sin resolver, además de las pocas garantías para acceder a la justicia en el campo.
“El éxito que tuvo en primera vuelta este debate se debe a que responde a una sentida necesidad de justicia expresada por una buena parte de la población colombiana que siente que ha sido desatendida: nuestros campesinos –y dentro de esta población están los campesinos pobres– que tienen problemas de tenencia de desarrollo, de cultivos, que no se siente bien atendidos por la justicia, y que no han sido prioridad del Estado”, expresó el ministro de Justicia Néstor Iván Osuna.
Derecho agrario
Esta jurisdicción busca que todos los actores agrarios y rurales puedan acceder a la justicia y resolver sus conflictos de forma pacífica. Es necesario que la jurisdicción sea permanente para lograr que no se generen nuevos conflictos violentos en el campo. Por supuesto, surgirán nuevas conflictividades las cuales serán resueltas con las herramientas de la misma jurisdicción y el fortalecimiento del derecho agrario.
“Este es un proyecto que ha tenido varios intentos sobre todo en la figura de la especialidad. Hoy tenemos la confianza que se está haciendo un proceso de construcción, deliberación y consulta que nos va a permitir hacer historia aprobando esta Jurisdicción Agraria como acto legislativo”, dijo el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Gabriel Becerra.
Es importante mencionar que el proyecto plantea un enfoque de género que es fundamental seguir profundizando sobre todo en el marco de la justicia, en donde a la mujer se le garantice la justicia y acceder a la tierra.
La representante a la Cámara por el Partido Conservador y coordinadora ponente Delcy Isaza, se centró en la necesidad de establecer un enfoque diferencial de género en la jurisdicción señalando que, “la mujer rural es una población vulnerable que sufre discriminación, exclusión y violencia necesitando un enfoque diferencial desde la justicia para la protección de sus derechos. Existe una desigualdad real en la propiedad de la tierra, en la zona rural el 63,7% que pertenece a los hombres 36,3% de los predios rurales con único propietario pertenece a mujeres, una diferencia abismal”.
En qué va el debate
Contando con una amplia mayoría, se incluyó dentro de la Constitución Política de Colombia la Jurisdicción Agraria y Rural, cuyo funcionamiento y estructura será definido. En lo inmediato, el Consejo Superior de la Judicatura en coordinación con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Justicia y del Derecho, de manera gradual creará los tribunales y juzgados agrarios y rurales para que se inicie la atención de los asuntos conflictivos en el campo. Esta creación de juzgados y tribunales obedecerá a los criterios territoriales y de volumen demográfico rural, así como la demanda de justicia sobre estos asuntos.
En opinión de María del Pilar García, quien hace parte del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado, “la creación de una Jurisdicción Agraria debe incluir una serie de principios, una composición clara y elementos esenciales para su funcionamiento y competencia. Estos elementos deben atender a todos los asuntos propios de las tierras de manera robusta y, además, propender por la construcción de una paz estable y duradera en la ruralidad colombiana”.
Para finalizar, se debe señalar que la discusión sobre la necesidad de crear un órgano de cierre siga viva. Desde la curul de la Unión Patriótica se apoyará ya que, como se ha detallado en múltiples espacios, además de la estructuración de la base de la Jurisdicción, donde se requiere un mecanismo de cierre que permita tramitar las acciones de revisión que se susciten, así como la unificación de la jurisprudencia.
El Congreso avanza en la ratificación de los derechos campesinos. Es un compromiso de la Unión Patriótica.
