La Corte Constitucional reconoció al río como sujeto de derechos para garantizar su conservación y protección. Al respecto, el Gobierno nacional designó al Ministerio de Ambiente como su representante legal
Germán René Jiménez
La Corte Constitucional mediante la sentencia T-622 de 2016, reconoció al río Atrato como sujeto de derechos para garantizar su conservación y protección. Además, le ordenó al Gobierno nacional elegir un representante legal de los derechos del río.
Adicionalmente, decidió la conformación de una comisión de guardianes comprendida por un representante del poder ejecutivo y uno de las comunidades, que en un proceso autónomo escogieron a 14 representantes de siete organizaciones comunitarias y conformaron un cuerpo colegiado que actúa como el representante de las comunidades. Por su parte, el Ministerio de Ambiente procede como el otro representante en la comisión.
La sentencia ordena la construcción de diferentes planes de acción en conjunto con las comunidades para resolver la crisis humanitaria, social y ambiental que presenta el río Atrato, sus comunidades y sus afluentes.
La vida de los chocoanos
Ramón Antonio Cartagena Morales es el presidente de la Mesa Social y Ambiental de El Carmen del Atrato, municipio chocoano en donde nace el afluente.
Para Ramón, el Atrato es “la vida misma de todos los chocoanos”. A sus 57 años conoce la vida del río como la propia. Recuerda que hace 20 o 25 años el municipio era una despensa agrícola que mandaba comida a Quibdó hasta que llegó una multinacional que extrae cobre, oro y plata del suelo y causó una grave afectación a todo el territorio y al río que es la principal arteria fluvial del territorio.
El río Atrato cuenta con un área total de 37.723,4 km2, es decir el 3,3% del territorio continental del país, en el que se encuentran 26 municipios en la cuenca; el 69 por ciento en el departamento del Chocó y el 31 por ciento en Antioquia.
Desde que se profirió la sentencia a favor del río, este “carmeleño”, como él mismo se define, ha visto como la Mesa Ambiental que preside, junto a organizaciones como Tierra Digna, Cocomacia, Fisch, Ascoba y Cocomopoca entre otras, han mantenido una lucha férrea por la recuperación del Atrato convirtiéndose en sus guardianes, pero también han visto como los gobiernos nacionales, regionales y locales, poco o nada han hecho por el cumplimiento de esa obligación.
El cambio
Esa sensación de abandono y desesperanza que han vivido durante siete años contrasta con el optimismo y la fe que ahora tienen luego de la visita y realización de un reciente foro con presencia de la ministra de Ambiente Susana Muhamad.
“A la ministra se le nota que quiere aportarle a esta crisis ambiental y social”, afirma Ramón, al tiempo que expresa su optimismo porque el Ministerio de Agricultura avanza en inversiones y proyectos grandes para recuperar las tradiciones agrícolas. Según afirma, “en la región todavía hay gente que quiere cultivar, pero no tiene apoyo”.
“En El Carmen del Atrato y la región, es un imperativo volver a producir comida, porque hoy es necesario traerlo de municipios vecinos como Bolívar, Urrao o Andes en Antioquia y hasta de Medellín, mientras que anteriormente no tenían que traer comida de ninguna parte”, reflexiona Ramón.
Afirma que, “a los campesinos hay que llevarles proyectos de café, caña de azúcar, panela y fríjol entre otros para que produzcan. Hay gente y mano de obra para trabajar y de esta forma estimular la permanencia en el campo, no perder la vocación agrícola”.
Las inversiones
“La inversión de estos primeros 3.000 millones de pesos, de un total de 90 mil millones para el río Atrato nos permitirá generar herramientas y acciones de restauración y rehabilitación en ecosistemas estratégicos en 20 municipios de la cuenca y beneficiar a 62 mil personas alrededor de esta”, aseguró Muhamad.
Además, la ministra de Ambiente agregó que “debe sacarse la sentencia de la institucionalidad y del Consejo de Guardianes y llevarla a los territorios con las comunidades”. Para eso, esta fase inicial en este semestre ayudará a la estructuración de la restauración ecológica.
“Hemos hablado de trabajar en seis subzonas dentro de la cuenca del río Atrato, cada una con ecosistemas que van desde el páramo al mar, y articulando a todos los actores en esos planes subregionales a partir de los cuales queremos desatar una acción de protección del río Atrato de la mano de las comunidades en los territorios. Es un pacto directo entre el Estado y la gente”, señaló la jefa de la cartera ambiental.
Dentro de este proceso, Muhamad dijo que los guardianes serán veedores, educadores ambientales y amplificadores de los derechos que tiene el río Atrato.
Así mismo, la ministra confirmó que el proyecto restaurará 15 mil hectáreas en las áreas priorizadas y se enfocará en herramientas de restauración participativa en ecosistemas estratégicos, priorizando las acciones de rehabilitación en la cuenca del río Atrato y ampliando las iniciativas de biorremediación de áreas degradadas por extracción de minerales con enfoque comunitario.
Como representante legal de los derechos del río Atrato, la ministra Muhamad ejerce el liderazgo de la sentencia y realiza acciones que propenden por la articulación y coordinación de las entidades accionadas del nivel nacional, regional y local para conservar, mantener y restaurar el afluente.
Actualmente, el Gobierno Nacional adelanta la estrategia ‘¡Juntos por el Atrato!, ¡Con el territorio, para el territorio y por el territorio!’, estructurada y adoptada en las sesiones de la Comisión de Guardianes que se ha venido desarrollando mediante la implementación del Modelo de Gestión Integral.
Desde la academia
Un breve análisis del impacto de esta sentencia desde el punto de vista del derecho o la jurisprudencia, le permite a Enrique Prieto, profesor asociado de la Universidad del Rosario, afirmar que, “a nivel judicial Colombia lidera un camino muy interesante de reconocerle derechos a la naturaleza. En este caso, el rio Atrato está vinculado a las poblaciones ribereñas, es decir, no a la naturaleza por si misma, sino por su relación social con las poblaciones asentadas en sus riberas. Consideró importante que a nivel internacional se esté dando una discusión si los derechos vistos tienen un ángulo mediado por la existencia del ser humano, o proteger a la naturaleza como una entidad sola, por sí misma, lo que implica un debate profundo hacia los bioderechos”.
Sobre las responsabilidades que les caben a gobernantes anteriores que no acataron la sentencia, este especialista en derecho internacional afirma que los funcionarios que no acataron la sentencia incurrieron en sanciones de tipo disciplinario. El asunto es, ¿en cuánto tiempo se harán efectivas?
