lunes, abril 15, 2024
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“Jóvenes a la U”: menos calidad, más negocio

Con la continuidad del programa «Jóvenes a la U», por parte de la alcaldía de Bogotá de Carlos Fernando Galán, se mantiene la política neoliberal de favorecer con recursos públicos el negocio de las Instituciones de Educación Superior privadas, especialmente en las de baja calidad, en detrimento de la educación pública estatal.

UAN-Heidy Sánchez

El pasado 22 de febrero, a través de debate de control político en el Concejo de Bogotá, en cumplimiento del Estatuto de la Oposición, demostramos por qué el programa “Jóvenes a la U” es la política menos costo-eficiente para garantizar el derecho esencial a la educación superior en el Distrito. Así, se posiciona como una estrategia para fortalecer la educación superior como negocio, desviando miles de millones del presupuesto público a pagar matrículas carísimas en Instituciones de Educación Superior (IES) privadas, en particular en las de baja calidad. Recursos que tendrían por lo menos el doble de impacto si se priorizara su inversión en las IES estatales las cuales son, mayoritariamente, de alta calidad.

Este es un punto clave que nos diferencia de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, esta quiere continuar con el neoliberalismo de Claudia López que consolida la educación como un negocio y privilegia a las IES privadas para malgastar los recursos públicos, en especial en las de menor idoneidad. Por el contrario, nosotros abogamos por fortalecer la educación como un derecho fundamental generando el mayor impacto al invertir el dinero público en donde más rinde que es vigorizando la oferta estatal, esta última de alta calidad.

A continuación desarrollamos estas ideas en detalle, dejando en claro una de las razones por las cuales nos declaramos en oposición.

  1. La política neoliberal

Desde la promulgación de la Constitución Política de 1991 y de la Ley 30 de 1992, el neoliberalismo ha sido la orientación oficial del Estado colombiano en materia de educación superior. Pero, ¿qué es el neoliberalismo en la educación superior?, es la política que tiene como finalidad limitar, privatizar o acabar la oferta educativa estatal, colocando al tiempo la acción y los recursos públicos en función de fortalecer el mercado y la iniciativa privada presente en el sector. Esto hace que, paulatinamente, la educación se desmonte como un derecho suministrado integralmente por el Estado al que acceden las personas independientemente de su capacidad adquisitiva, para posicionarse dominantemente como un servicio público, es decir, como una mercancía a la que acceden las personas de forma privada desde que tengan la capacidad de comprarla. Dicha orientación se ha implementado en los últimos 30 años por lo menos de tres formas, veamos.

1.1. Primera forma neoliberal: artículo 86 de la Ley 30 de 1992

La primera forma quedó perfilada en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, cuya implementación neoliberal ha significado el congelamiento de los recursos que el Estado suministra a las universidades estatales desde 1993, tomando como base presupuestal lo girado en este año para actualizarlo anualmente acorde a la variación del IPC. En consecuencia, no se contempló el despliegue de las instituciones oficiales, limitando de esta forma el crecimiento de la oferta estatal. No obstante, las 32 universidades oficiales se desarrollaron y, de 1993 a 2017, pasaron de casi 160 mil estudiantes de pregrado matriculados a un poco más de 576 mil, solventando por su cuenta las necesidades extra en profesores, infraestructura y calidad. Correspondientemente, esto significó una disminución del apoyo del Estado pasando de un aporte promedio anual por estudiante de $12.2 millones en 1993 a $5.1 millones en 2017.

La Universidad Distrital (UD) no es ajena a esta política neoliberal, en su caso, al ser una universidad territorial, su financiación depende principalmente de Bogotá. Solo por dar un ejemplo, si se compara la proyección de las necesidades financieras hechas por el Consejo Superior con lo girado por el Estado, se puede ubicar que para el 2023 se proyectó un presupuesto de necesidades de $546 mil millones y se giraron tan solo $429 mil millones, quedando un déficit de $117 mil millones. Igualmente, para 2024 se proyectó un presupuesto de necesidades de $637 mil millones y se giraron $484 mil millones, quedando así un déficit de $153 mil millones.

¿Cómo obtienen entonces estas universidades los recursos que les hacen falta debido a la ausencia del Estado? A través de su mercantilización y privatización, es decir, por medio del cobro de matrícula y su aumento, y con la venta de otros servicios. En esta asfixia presupuestal impuesta, a las instituciones oficiales no les queda de otra sino apretar sus presupuestos enfocándolos a los pagos obligatorios, reducir sus costos precarizando laboralmente a los profesores y demás trabajadores de los planteles, así como no invertir adecuadamente en el mantenimiento y expansión de la infraestructura. Todo esto redunda en una disminución en la calidad de la oferta oficial.

1.2. Segunda forma neoliberal: prioridad de la educación exclusiva para el trabajo

La segunda forma es dirigir el presupuesto de educación superior del Estado al fortalecimiento de la formación exclusiva para el trabajo, en detrimento de la educación universitaria. Antes esto implicaba evaluar cómo financiar prioritariamente la educación técnica y tecnológica, pero hoy es más perverso y Bogotá es pionera en esto. Así, bajo el discurso de la pertinencia y las competencias laborales, se financia, ya no carreras, sino cursos o asignaturas muy puntuales, especialmente para que se cursen en IES privadas.

El sueño neoliberal hecho realidad pues es gasto estatal principalmente en IES privadas, las cuales cobran carísimo educación rápida y limitada a insertar en los estudiantes ciertas habilidades exigidas por el mercado laboral, con tal de que la economía cuente con una mano de obra lo suficientemente capacitada para desempeñarse bien en el trabajo, pero no tanto como para demandar una buena remuneración. Es aquí donde se enmarcan los programas “Reto a la U” y “Todos a la U” de la pasada alcaldía de Claudia López, y lo que han denominado “educación posmedia”, lo cual, seguramente, también va a tener continuidad bajo la alcaldía de Carlos Fernando Galán.

1.3. Tercera forma neoliberal: el dinero público se va para las privadas

La tercera forma es la destinación de los recursos públicos de la educación a fortalecer la iniciativa y el negocio de los privados. En el caso nacional esto se manifiesta en que, si bien el presupuesto en educación superior ha crecido: de $2.21 billones en 2002 a $8.9 billones en 2016, el peso porcentual de las transferencias del Estado a las universidades oficiales ha decrecido: 55,7% en 2002 a tan solo el 37% en 2016. ¿A qué se destina ese otro 63% de los recursos públicos?, a fortalecer el ICETEX para ofrecer créditos y créditos-beca, precisamente en esta última modalidad es que se ejecutaron programas como “Ser Pilo Paga” y “Generación E”.

Por su parte, el Distrito también ha hecho lo propio y, a través de 5 Fondos, ha invertido del año 2000 al 2020 un poco más de $268 mil millones en diferentes modalidades de crédito-beca, reconociendo al ICETEX $11.500 millones por la administración de los recursos. Todas estas, tanto las nacionales como las distritales, son estrategias de financiación a la demanda por medio de las cuales, aparte de endeudar o poner en riesgo de endeudamiento a los “beneficiarios”, se garantiza que billonarias sumas de recursos públicos ingresen a las IES privadas. Con este último objetivo, dentro de esta tercera forma de desarrollo de la política neoliberal en la educación superior, “Jóvenes a la U” se posiciona como la apuesta más ambiciosa que ha existido en el Distrito.

  1. El programa “Jóvenes a la U”

“Jóvenes a la U” consiste en una serie de convocatorias realizadas por el Distrito, hasta la fecha 6, por medio de las cuales se seleccionan jóvenes bajo ciertos criterios, con tal de cubrir al beneficiario el costo de matrícula en la IES en la que se vincula como estudiante activo, brindándole además un apoyo económico de sostenimiento de un (1) salario mínimo por semestre, esto en el periodo de tiempo de duración establecido para el respectivo programa académico al que haya ingresado. Por su parte, las IES incluidas en el Programa participan voluntariamente y son vinculadas bajo supuestos criterios de idoneidad (calidad).

Ahora bien, cuando un beneficiario entra a una IES estatal, a esta se le remunera el valor pactado el cual tiende a cubrir el total de gastos operativos en los que incurre, mientras que si es en una IES privada esta debe cubrir el 30% del costo respectivo. Para el caso de las IES oficiales, los dineros que ingresan por “Jóvenes a la U” no entran a su base presupuestal, lo que los convierte en recursos transitorios. Como bien lo ha dicho en diferentes ocasiones el alcalde Carlos Fernando Galán, el Programa está financiado mayoritariamente con recursos de deuda del Distrito. Lo anterior hace que se cree una burbuja financiera y en cobertura en el campo educativo superior de Bogotá, la cual funciona con la siguiente lógica: los nuevos cupos en educación superior abiertos con el Programa son el déficit de mañana cuando este se acabe; los nuevos recursos que hoy garantiza el Programa a las IES, serán el déficit financiero en el futuro cuando este se termine, momento en el que se tendrá que prescindir de los nuevos profesores contratados y la nueva infraestructura vinculada. Todo esto golpeará con más fuerza a las IES estatales, las cuales hoy ya cuentan con una crisis financiera producto de la política neoliberal.

Pero lo más grave es que esta ampliación de cobertura de casi 40 mil nuevos cupos con “Jóvenes a la U”, cuya ejecución justificó la creación de la Agencia Distrital ATENEA, se realiza malgastando los recursos públicos en beneficio de las IES privadas y su negocio, principalmente en complacencia de las de baja calidad, a pesar de que es evidente que la inversión en las IES estatales es más costo-eficiente y de mayor calidad. Para demostrar esto, es pertinente revisar las cifras de cada una de las 6 convocatorias realizadas hasta ahora.

  1. Las cifras de “Jóvenes a la U” por convocatoria

En la primera convocatoria participaron 33 IES: 6 oficiales y 27 privadas. En esta convocatoria, ATENEA comprometió casi $135 mil millones para 4.576 beneficiarios hasta su graduación, 49% de los recursos dirigidos a IES privadas las cuales recogen al 49% de los beneficiarios, y 51% de los recursos dirigidos a las IES oficiales las cuales recogen al 51% de los beneficiarios. Acorde a los rubros pactados, al comparar la UD con la Universidad de los Andes, que son de igual idoneidad pues reportan la más alta calidad, el costo promedio por semestre de un estudiante, asumido por ATENEA, es de un poco más de $13.2 millones en los Andes y alrededor de $3.6 millones en la UD. Es decir, con lo que se paga en los Andes por 1 estudiante se podrían beneficiar 3,6 jóvenes en la UD.

En la segunda convocatoria participaron 30 IES: 3 oficiales y 27 privadas. En esta convocatoria, ATENEA comprometió alrededor de $119 mil millones para 2.888 beneficiarios hasta su graduación, 86% de los recursos dirigidos a IES privadas las cuales recogen al 84% de los beneficiarios, y 14% de los recursos dirigidos a las IES oficiales las cuales recogen al 16% de los beneficiarios. Acorde a los rubros pactados, al comparar la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) con la Universidad de los Andes, porque en esta convocatoria no participó la UD, al ser ambas de igual idoneidad pues reportan la más alta calidad, el costo promedio por semestre de un estudiante, asumido por ATENEA, es de un poco más de $14.3 millones en los Andes y alrededor de $5 millones en la UPN. Es decir, con lo que se paga en los Andes por 1 estudiante se podrían beneficiar 2,8 jóvenes en la UPN.

En la tercera convocatoria participaron 43 IES: 7 oficiales y 36 privadas. En esta convocatoria, ATENEA comprometió más de $337 mil millones para 8.702 beneficiarios hasta su graduación, 54% de los recursos dirigidos a IES privadas las cuales recogen al 63% de los beneficiarios, y 46% de los recursos dirigidos a las IES oficiales las cuales recogen al 37% de los beneficiarios. Acorde a los rubros pactados, al comparar la UD con la Universidad de los Andes, que son de igual idoneidad pues reportan la más alta calidad, el costo promedio por semestre de un estudiante, asumido por ATENEA, es de un poco más de $11.3 millones en los Andes y alrededor de $5.7 millones en la UD. Es decir, con lo que se paga en los Andes por 1 estudiante se podrían beneficiar 2 jóvenes en la UD.

En la cuarta convocatoria participaron 47 IES: 7 oficiales y 40 privadas. En esta convocatoria, ATENEA comprometió un poco más de $346 mil millones para 8.748 beneficiarios hasta su graduación, 48% de los recursos dirigidos a IES privadas las cuales recogen al 66% de los beneficiarios, y 52% de los recursos dirigidos a las IES oficiales las cuales recogen al 34% de los beneficiarios. Acorde a los rubros pactados, al comparar la UD con la Universidad de los Andes, que son de igual idoneidad pues reportan la más alta calidad, el costo promedio por semestre de un estudiante, asumido por ATENEA, es de un poco más de $13 millones en los Andes y alrededor de $6.4 millones en la UD. Es decir, con lo que se paga en los Andes por 1 estudiante se podrían beneficiar 2 jóvenes en la UD.

En la quinta convocatoria participaron 43 IES: 5 oficiales y 38 privadas. En esta convocatoria, ATENEA comprometió alrededor de $409 mil millones para 10.970 beneficiarios hasta su graduación, 75% de los recursos dirigidos a IES privadas las cuales recogen al 84% de los beneficiarios, y 25% de los recursos dirigidos a las IES oficiales las cuales recogen al 16% de los beneficiarios. Acorde a los rubros pactados, al comparar la UPN con la Universidad de los Andes, porque en esta convocatoria no participó la UD, al ser de igual idoneidad pues reportan la más alta calidad, el costo promedio por semestre de un estudiante, asumido por ATENEA, es de un poco más de $11 millones en los Andes y alrededor de $5.3 millones en la UPN. Es decir, con lo que se paga en los Andes por 1 estudiante se podrían beneficiar 2,1 jóvenes en la UPN.

En la sexta convocatoria participaron 39 IES: 1 oficial y 38 privadas. En esta convocatoria, ATENEA comprometió casi $141 mil millones para 4.011 beneficiarios hasta su graduación, 98% de los recursos dirigidos a IES privadas las cuales recogen al 98% de los beneficiarios, y 2% de los recursos dirigidos a la IES oficial la cual recoge al 2% de los beneficiarios. Aquí no es posible hacer la comparación entre la Universidad de los Andes y una IES oficial de la más alta calidad, pues ninguna universidad estatal participó en esta convocatoria. Gran cierre de la administración de Claudia López con esta sexta y última convocatoria en su periodo constitucional: se la pasaron diciendo que la prioridad del Programa eran las universidades oficiales y aquí no vincularon a ninguna.

  1. Lo público es más costo-eficiente y de mayor calidad

De cada una de estas 6 convocatorias se puede concluir que la inversión en lo público-estatal siempre es más costo-eficiente pues, además de ser de alta calidad, con el mismo dinero se logra conseguir un mayor impacto, en este caso, más jóvenes que ingresan a la educación superior. Como se pudo observar, en cada convocatoria, manteniendo un estándar de muy alta calidad, con los criterios y las cifras del Programa, por cada estudiante en una IES privada se podrían beneficiar mínimo dos (2) jóvenes en una IES oficial. Es decir, si la orientación no fuera la neoliberal, si lo que realmente se quisiera garantizar es el derecho fundamental a la educación y no la financiación con recursos públicos del negocio de los empresarios de la educación, entonces todo este dinero estaría destinado a fortalecer la oferta estatal, en particular la UD que es la responsabilidad de Bogotá. Si fuera así, no tendríamos 40 mil beneficiarios, sino 80 mil beneficiarios.

Se dirá que las carreras que ofrece la UD no recogen las expectativas de los jóvenes. Esto es una gran mentira, en el top 5 de los programas con más beneficiarios vinculados en cada una de las 6 convocatorias, dos de los tres que más se repiten son Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas, ambas carreras ofrecidas por la UD. Otra excusa es que las IES oficiales hoy no tienen la infraestructura suficiente, ¡claro!, si la política ha sido la neoliberal de desfinanciamiento, y si eso es lo que se sigue aplicando con programas como “Jóvenes a la U”, sin plata, ¿cómo las universidades estatales van a desarrollar más infraestructura? Entonces la principal preocupación de la Administración distrital debería ser cuántos nuevos campus universitarios va a construir en Bogotá, dónde y para cuántos nuevos estudiantes. Hoy los únicos proyectos que hay de nueva infraestructura son los policampus de Suba y Kennedy comprometidos en el Plan Plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo del Gobierno nacional.

  1. “Jóvenes a la U”: prima la educación de baja calidad

Con relación a las cifras de estas 6 convocatorias, otro punto que queremos destacar en el análisis es una conclusión que dejamos planteada parcialmente en un debate anterior y es que para “Jóvenes a la U” el crecimiento en número de beneficiarios e IES vinculadas es inversamente proporcional a la calidad de la educación ofrecida, teniendo como principal benefactor a las IES privadas con baja idoneidad. En otras palabras, el crecimiento del Programa obliga a una inversión pública cada vez menos costo-eficiente porque paga mayoritariamente educación cara, pero ahora, además, buena parte de ella de baja calidad. Miremos esto en detalle.

El Programa tiene cuatro criterios de calidad para clasificar a las IES que vincula: 1. Acreditación institucional de alta calidad; 2. Al menos 18% de programas acreditados; 3. Por lo menos un programa acreditado de alta calidad; y 4. Técnicos profesionales con más de cinco años de antigüedad. Nótese cómo el último criterio (el cuarto) nada tiene que ver con una educación de alta calidad, y que el penúltimo (el tercero) habilita todos los programas ofrecidos por una IES a pesar que esta solo tenga uno (1) de ellos acreditado de alta calidad. Evidentemente, aquellas instituciones que solo cumplen con estos dos últimos criterios, son instituciones que ofrecen educación de baja o muy baja calidad. De las 51 IES que en total participan del Programa, las oficiales no tienen ninguna con estos bajísimos niveles de idoneidad, mientras las IES privadas tienen 14. Pasemos entonces a mirar con detenimiento el comportamiento de los estándares de calidad en lo que lleva de ejecutado el Programa.

En las dos primeras convocatorias, que no son las más grandes pues sumadas apenas vinculan 7.464 beneficiarios, la Alcaldía intentó mantener mediocremente el estándar de alta calidad. En ese sentido, no participó ninguna IES privada que solo cumpliera con el último criterio (4. Técnicos profesionales con más de cinco años de antigüedad), pero sí 4 IES privadas que cumplen con el penúltimo criterio (3. Por lo menos un programa acreditado de alta calidad). Es decir, en estas dos primeras convocatorias se intentó evitar ofrecer educación de muy baja calidad, así se vendió el Programa en un inicio para su aprobación. Sin embargo, como lo que le importaba a la exalcaldesa Claudia López era reportar a toda costa cifras rimbombantes para su campaña presidencial solapada, esto cambió determinantemente para las siguientes tres convocatorias que son las más grandes.

Así, en las convocatorias 3, 4 y 5, que vincularon 28.420 beneficiarios, participaron respectivamente 4, 5 y 3 IES privadas de la más baja calidad pues solo cumplen con el último criterio (4. Técnicos profesionales con más de cinco años de antigüedad), y 6, 8 y 9 IES privadas de baja calidad que cumplen con el penúltimo criterio (3. Por lo menos un programa acreditado de alta calidad). Es decir, en estas tres convocatorias, las cuales vinculan al 71% del total de los beneficiarios del Programa, la educación ofertada de baja y muy baja calidad creció su presencia significativamente.

Tendencia que para la convocatoria 6 se mantuvo. Para esta se vincularon 3 IES privadas de muy baja calidad: solo cumplen el último criterio (4. Técnicos profesionales con más de cinco años de antigüedad), y 9 IES privadas de baja calidad: cumplen con el penúltimo criterio (3. Por lo menos un programa acreditado de alta calidad). Cabe recordar que además en esta convocatoria 6 no se vinculó a ninguna universidad estatal.

Pero hagamos otro ejercicio para dar mayor soporte a esta idea. Si se toman las IES dentro del Programa que hoy en día recogen individualmente a más de mil (1.000) beneficiarios, tenemos que son 4 oficiales y 10 privadas, las cuales en total suman respectivamente 8.675 beneficiarios vinculados y 13.860 beneficiarios vinculados. De las 4 oficiales todas son de la más alta calidad, mientras que en las 10 privadas solo 3 son de la más alta idoneidad y 3 son de baja calidad, estas últimas vinculando 5.155 beneficiarios. Es decir, el 37% de los jóvenes de las 10 IES privadas que más tienen beneficiarios está vinculado a educación de baja calidad.

Ahora, miremos los totales del Programa en estos términos. De las 51 IES que participan de “Jóvenes a la U”, 14 IES cuentan con estándares de baja y muy baja calidad, es decir, solo cumplen con el penúltimo y el último criterio (3. Por lo menos un programa acreditado de alta calidad y 4. Técnicos profesionales con más de cinco años de antigüedad), todas privadas. Estas han vinculado en las 6 convocatorias a 10.043 beneficiarios, el 25% del total del Programa, para lo cual ATENEA tiene comprometidos casi $174 mil millones. Debería dar vergüenza malgastar el presupuesto público de esta manera, en educación carísima de baja y muy baja calidad. La función del Estado debe ser garantizar el acceso a la educación superior de más alta calidad como derecho fundamental, vigorizando y diversificando la oferta oficial; no asegurar el negocio de las IES privadas, en particular el de las de más baja calidad, tendencia que desafortunadamente se volverá dominante con la “continuación y ampliación” de “Jóvenes a la U” como lo tiene previsto el programa de gobierno que inscribió el alcalde Carlos Fernando Galán.

  1. Balance general de las 6 convocatorias de “Jóvenes a la U”

En el debate que realizamos el año anterior respecto a “Jóvenes a la U”, la exsecretaria de Educación Edna Bonilla se jactaba señalando que la prioridad del Programa era la educación pública y las IES estatales. En esa oportunidad lo desmentimos con las cifras de las 3 primeras convocatorias y ahora lo ratificamos con las cifras de las 6 convocatorias: lo que dijo sin sonrojarse la exsecretaria es completamente falso, las cifras demuestran todo lo contrario.

En totales, en las seis convocatorias han participado 51 IES: 8 oficiales y 43 privadas. En función de estas 6 convocatorias, ATENEA tiene comprometidos casi $1.5 billones para 39.895 beneficiarios hasta su graduación, 65% de los recursos dirigidos a IES privadas las cuales recogen al 73% de los beneficiarios, y 35% de los recursos dirigidos a las IES oficiales las cuales recogen al 27% de los beneficiarios. Lo que demuestran las cifras es que, por profunda convicción de la Administración, la prioridad han sido las IES privadas. Casi $961 mil millones destinados a mantenerles el negocio, en particular a las de baja calidad.

Sin embargo, con estas cifras hay que hacer una claridad: uno es el universo de beneficiarios con el que la exsecretaria Edna Bonilla y la exalcaldesa Claudia López se la pasaban haciendo propaganda, y otro es el número de beneficiarios que realmente se matricula. Por ejemplo, el universo de beneficiarios para el semestre 2022-2, estando vigentes las 3 primeras convocatorias, fue de 16.166 beneficiarios, pero para este semestre solo se matricularon 11.425, ¿en dónde están esos 4.741 que no se matricularon? Es más, de esos que se matricularon, no terminaron semestre 2.260, la inmensa mayoría vinculados a IES privadas. De esto no hablaba la Administración, realidad que empieza a alertar sobre una posible alta deserción del Programa, debate que realizaremos en una próxima oportunidad cuando las cifras se consoliden.

En conclusión, con estas cifras totales de las 6 convocatorias, al comparar a la UD con la Universidad de los Andes, que son de igual idoneidad pues reportan la más alta calidad, el costo promedio por semestre de un estudiante, asumido por ATENEA, es de $11.4 millones en los Andes y de $5.6 millones en la UD. Es decir, con lo que se paga en los Andes por 1 estudiante se podrían beneficiar 2 jóvenes en la UD. Por lo tanto, manteniendo estos estándares de alta calidad, si el enfoque no fuera el neoliberal, si la política fuera darle importancia a lo público fortaleciéndolo, no lograríamos casi 40 mil nuevos cupos sino el doble, 80 mil.

Bajo cualquier análisis que hagamos, fortalecer lo estatal y en específico a la UD es más costo-eficiente y de mayor calidad, por lo que resulta muchísimo mejor que transferir recursos a las IES privadas. Pero la decisión ha sido seguir solucionándole la crisis de demanda a las IES privadas, sostenerles y ampliarles el negocio, no garantizar el derecho fundamental a la educación superior. Por ello, desde que esta orientación no cambie, seremos oposición a la política educativa del alcalde Carlos Fernando Galán.

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