Por iniciativa de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, se realizó́ en el parlamento la primera audiencia pública para que la Sentencia C-055 y todo lo relacionado con la Interrupción Voluntaria del Embarazo se haga realidad
Mónica Andrea Miranda Forero
@Emedemoni_
El aborto es un tema que ha estado en la agenda feminista y mediática de América Latina durante los últimos años. Sin embargo, las organizaciones “provida” aún no entienden que el objeto de las leyes en favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, van más allá del aborto. En pocas palabras, no se está luchando el aborto como un capricho, sino que se está peleando para que las personas gestantes tengan derechos y así garantizar libertad en sus decisiones.
Es importante recordar que la Sentencia C-055 de la Corte Constitucional que permite la IVE hasta la semana 24 aún sigue en pie, a pesar que, desde diferentes organizaciones antiderechos, la han intentado tumbar. Así las cosas, seis meses después del fallo en favor de la ola verde, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, realizó el pasado 22 de agosto una audiencia pública en el Congreso de la República con el lema ¡IVE sin barreras!, espacio que fue acompañado por diferentes organizaciones feministas y sociales que han estado al pie del cañón en defensa de lo conquistado.
Se siente la llegada del Pacto
“La sentencia de la Corte, esta audiencia pública y el trabajo que haremos en el Congreso para sacar adelante la legislación y la política pública de IVE surge gracias a la acción colectiva de las organizaciones, de las lideresas sociales y la voluntad política de algunos/as funcionarias que han hecho posible que hoy podamos hablar de IVE”, comenta la parlamentaria.
Desde la llegada del Pacto Histórico a los recintos del Congreso, los cambios han sido notorios. Los proyectos de tinte progresista que se han presentado dan fe de ello, como la reforma a la Ley 30 de educación superior o la iniciativa que quiere dotar al campesinado como sujeto de derechos, entre otras iniciativas.
“No fue la voluntad del viejo Congreso, fue el trabajo ciudadano, fue el litigio estratégico, fueron las expertas y expertos que nos acompañaron, fueron nuestras acciones en red, ¡hemos sido las mujeres quienes hicimos posible esta discusión pública! Ahora le toca al Congreso. En eso estamos, pero necesitamos de su acompañamiento y de las acciones de control social y vigilancia de cada una de ustedes para seguir avanzando”, dice la representante Mafe Carrascal. “Debemos seguir trabajando articuladamente en la calle y en las instituciones, somos una fuerza anfibia que tiene capacidades en un lado y en otro”.
Cambios estructurales
El debate sigue sobre la mesa y este es apenas un paso más que se da. Para establecer definitivamente la IVE como derecho, se necesitan cambios estructurales en diferentes lugares de la sociedad colombiana. Por ejemplo, el sistema de salud requiere una transformación inmediata que cumpla con el objetivo de estar al servicio de las personas y no de los negocios. Es necesario recordar que, según los artículos 44 y 49 de la Constitución Política de 1991, la salud es un derecho, por ende, debería ser intervenida como tal.
Sin embargo, el cambio no se va a dar de un día para otro. En palabras de Carrascal, se deben hacer tres cambios estructurales a nivel institucional y cultural. “Nuestro principal objetivo debe ser el de promover las maternidades deseadas, eso quiere decir, desarrollar y generalizar una cultura en la que estas dejen de imponerse, eso pasa por transformar los imaginarios y representaciones sociales sobre lo femenino, sobre la masculinidad, sobre la sexualidad, sobre la familia y sobre la gestación. Necesitamos que los colegios, las universidades y las familias sigamos alentando estas discusiones”.
El segundo cambio es “fortalecer el acceso a las condiciones materiales para poder acceder a la IVE por parte de todas las mujeres y personas gestantes. Necesitamos articulación interinstitucional, por ejemplo, entre el Ministerio de Salud y los gobiernos locales y regionales, que las trabajadoras y trabajadores de la salud puedan contar con los insumos pertinentes y protocolos claros para el acceso a la IVE”.
Derecho a la salud y a la libre decisión
Y por su parte, el tercer cambio es “el acceso a la educación sexual y reproductiva, no sólo de las mujeres, no sólo de las personas gestantes, sino también de los y las trabajadores de la salud. Las experiencias que han venido a contarnos las compañeras de las organizaciones sociales dejan ver que en todo el país necesitamos capacitación técnica y humana. Nuestro derecho a la salud, a la libre decisión, a la ciudadanía. Ser ciudadanas plenas en esta democracia”.
En definitiva, como país tenemos pendientes muchas reformas estructurales para llegar a que estas reformas sean reales y esta es apenas la punta del iceberg sobre todos los cambios que hay que recorrer.
“Se van a abrir las mesas de participación con las mujeres, personas gestantes y comunidades científicas para avanzar en una resolución integral que socialice las órdenes de la Corte Constitucional. Además de la mano con la Superintendencia Nacional de Salud y los órganos de control se va a exigir y a velar para que, tanto las EPS como los prestadores de servicios de salud, acaten la orden del alto tribunal, porque existen los lineamientos técnicos y los recursos. Por lo tanto, no hay excusas para poder garantizar el acceso a servicios de IVE en el país”, aseguró el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Jairo Urrego.
Trabajo en equipo
No todo es color de rosa. Se debe trabajar fuertemente desde el Congreso para que se cumpla lo que mandata la Constitución y la jurisprudencia emitida por la Corte. Se deben establecer rutas y mecanismos de apoyo tanto psicológicos como en cuestiones de salud.
Sin embargo, Carrascal asegura: “Nuestro compromiso es el de construir una política integral de derechos sexuales y reproductivos sin sesgos morales ni fundamentalismos religiosos, una política integral, plural, diversa y laica, que tenga en cuenta los enfoques diferenciales necesarios, que entienda y fortalezca los roles de los diferentes trabajadores y trabajadoras de la salud, por ejemplo, del personal de enfermería que desempeñan un rol fundamental y casi que permanente en lo que debería ser la ruta ideal para el acceso a la IVE, una política integral que promueva la articulación entre todos los actores del sistema, los públicos, los privados y los mixtos”.
Por su lado, Urrego asegura que seguirá acompañando los procesos que se realicen para hacer cumplir la Sentencia C-055. “Con la señora ministra Carolina Corcho tenemos la voluntad y la obligación en acompañar los procesos de diálogo en torno a la IVE con el Congreso y con las organizaciones de mujeres y personas gestantes”.
El gobierno del cambio
La implementación real e inmediata es un compromiso político por parte del gobierno del cambio. Es fundamental que la ley tenga en cuenta el principio del Estado laico y la libertad de conciencia como un derecho propio, individual e inviolable. La maternidad será deseada o no será.
“En los últimos días esto se dice y se repite mucho. Estamos en un momento histórico, tenemos un gobierno y una bancada comprometidos con el cambio social e institucional donde el reconocimiento de los derechos de todos y todas hace parte de la agenda estratégica. Un país que quiere ser potencia mundial de la vida, está en la obligación de defender la vida, los derechos y las autonomías de todas las mujeres y de todas las personas gestantes”, concluye Mafe.
