El 26 de marzo, Antonia Urrejola presentó el documento sobre la implementación del Acuerdo de La Habana, donde se demuestra la poca voluntad del anterior gobierno para la construcción de la paz
Redacción VOZ
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó a la experta internacional de la ONU, Antonia Urrejola, realizar un informe donde se identificara los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz del 2016.
En el documento se resalta el entrampamiento por parte de la Fiscalía para el caso Santrich, el favorecimiento de la estigmatización de la Justicia Especial para la Paz, JEP, como institución vertebral de la justicia transicional, asimismo, la de los firmantes del acuerdo de paz y los comparecientes, lo que produjo desconfianzas al proceso de reincorporación y como consecuencia, la formación de disidencias.
La desfavorable política
Urrejola resalta el compromiso de la mayoría de los firmantes de paz en su reincorporación, pues es notable el incremento de la participación política de los excombatientes y el partido Comunes. Ellos han venido cumpliendo lo acordado, sin embargo, han tenido que atravesar procesos en contra de la paz.
Entre el 2018 y el 2022, Iván Duque se mostró como un presidente abiertamente opuesto al acuerdo de paz. Su gobierno se tradujo en diversos intentos de deslegitimar a las instituciones creadas en las conversaciones de paz “la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, instancias creadas por el acuerdo para su implementación y que requerían de la presencia del Presidente de la República o del representante del poder ejecutivo, no pudieron sesionar o avanzar en sus funciones durante cuatro años, debido a la falta de participación del Gobierno en el nivel requerido”, se menciona en el informe.
Ahora bien, los primeros años fueron importantes para consolidar el Acuerdo de Paz, sin embargo, el gobierno de Duque fue uno de los primeros obstáculos en el impulso de la implementación “los comentarios públicos reiterados de las más altas autoridades del Estado en contra de la legitimidad y el buen funcionamiento de los mecanismos de justicia transiciones, en particular de la JEP, debilitaron la confianza ciudadana en estos mecanismos y en el acuerdo” argumenta Antonia Urrejola.
Los sistemáticos ataques no solo sucedieron a través del debate político, sino en el uso abusivo de la acción penal. Así pues, no es un caso aislado la detención con fines de extradición de Jesús Santrich.
Santrich: obstaculización de la Fiscalía
Según el documento de la experta de la ONU, la detención se dio luego de acciones de investigación e inteligencia de la Fiscalía y el Ejército de Colombia junto con la Administración de Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos, el marco legal para llevar a cabo la investigación, permitía el uso del agente encubierto y la entrega vigilada, sin embargo, se recurrió a la figura del “agente provocador”, la cual Urrejola asegura “no está contemplada como técnica especial de investigación en el marco de la cooperación judicial internacional y está prohibida en Colombia”.
La Jurisdicción Especial para la Paz, entre abril del 2018 y mayo del 2019, haciendo uso de su competencia de decidir sobre la garantía de no extradición a personas comparecientes por delitos anteriores a la firma del acuerdo, solicitó a la Fiscalía la remisión de pruebas, y así determinar la fecha del delito.
No obstante, el embajador de Estados Unidos en Colombia y la Fiscalía expresaron que no era su competencia sino de la justicia ordinaria, a lo cual, la Corte Constitucional resolvió el problema y estableció que la JEP sí era competente.
Desde ese momento la Fiscalía envió información que no permitía establecer la fecha de los hechos, no respondía a las reiteraciones de la Jurisdicción y, por último, entregó información de otra persona.
Con todos los obstáculos que estaba poniendo la Fiscalía, la JEP decidió otorgar la garantía de no extradición, y ese mismo día, la Fiscalía publica un video de Santrich supuestamente en actividades de narcotráfico. El 17 de mayo del 2019 fue liberado y recapturado. Sin embargo, es liberado el 29 de mayo del mismo año por orden la Corte Suprema.
La poca colaboración de la Fiscalía demuestra la obstaculización al desarrollo de una paz en Colombia, “favorecieron la estigmatización de la magistratura y de la JEP como institución y columna vertebral de la justicia transicional. Estos hechos también incrementaron fuertemente el estigma sobre las personas firmantes del acuerdo y comparecientes ante la JEP”, dice Antonia Urrejola.
Por las faltas de garantías al Acuerdo de Paz, las vulneraciones de sus derechos humanos llevaron a que Santrich anunciara su regreso a las armas, “nos obligaron a retomar las armas” expresaron Iván Márquez y Jesús Santrich en un video.
Ahora bien, toda la esta situación acrecentó la desconfianza en las víctimas y en la sociedad en general sobre la justicia transicional y la implementación del acuerdo.
La violencia continúa
Asimismo, la violencia continúa hacia las víctimas y excombatientes. Esta situación es el mayor obstáculo para la implementación del Acuerdo de Paz, que plantea que para la construcción de paz y la garantía de los derechos de los colombianos, las instituciones y servicios estatales deben desplegarse hacia los territorios.
No obstante, después de la firma, esto no ocurrió y los espacios que dejaron las extintas FARC-EP han sido ocupados por otros grupos armados no estatales “una de las principales causas de que la sociedad, particularmente aquella que vive en los territorios más alejados de la urbe, continúe sufriendo amenazas, homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, violencia sexual y otras violaciones y abusos de derechos humanos”, se argumenta en el documento.
Es necesario recordar que, en 2022, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales por la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los firmantes, sus familias e integrantes del partido de Comunes.
Así pues, Antonia Urrejola llamó al Estado colombiano a implementar el Acuerdo de Paz como una política de Estado, y que asegure que todos los procesos que se están llevando a cabo con grupos armados, tengan un enfoque de derechos humanos centrado en las víctimas y en los excombatientes.
Ya que la falta de implementación como política de paz del Estado genera desconfianza en los firmantes y en la sociedad misma, es necesario que se respete el Acuerdo de 2016 y se agilice las garantías para la reincorporación de los excombatientes, y así poder seguir avanzando con los procesos de diálogo en el marco de la “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.
