“Héroes” que asesinan campesinos en el Meta

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Visita de verificación humanitaria a El Castillo (Meta).

Al menos el 90% de violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH es responsabilidad de la Fuerza Pública, el restante de otros agentes estatales

Redacción DDHH

Tras la desaparición y posterior asesinato del campesino Éver López, el 5 de marzo en El Castillo (Meta), al suroccidente del departamento, al parecer por miembros del Ejército, varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos hicieron una visita a la zona y pudieron constatar la grave situación humanitaria.

La visita se realizó durante los días 11 y 12 de marzo, y tuvo como objetivo constatar la problemática de militarización en la zona, especialmente en la parte alta del municipio El Castillo y las veredas La Esmeralda, Caño Lindo, Agua Linda y Miravalles, entre otras.

Las cifras hablan

Según la Fundación DHOC, desde el 2014 a la fecha se han registrado cerca de cuatro asesinatos cometidos por el Ejército Nacional, en distintas veredas de El Castillo, y existen 39 casos de encarcelamientos de labriegos y de defensores de derechos humanos de esta región, que son consecuencia de montajes judiciales.

Las organizaciones recibieron testimonios y denuncias de habitantes de las distintas veredas de El Castillo, que constatan que la población civil sigue siendo víctima de graves violaciones a los DDHH y al DIH por parte del Ejército Nacional, específicamente del batallón Héroes de Arauca, Séptima Brigada, Cuarta División.

Ejecuciones extrajudiciales, estigmatización, montajes judiciales, registros fotográficos y empadronamiento en contra de los campesinos, que han sido realizados en retenes militares entre El Castillo y Lejanías. Las denuncias de la comunidad demuestran que también han sido víctimas de servidumbre forzada, allanamiento ilegal, violación al derecho de distinción entre la población civil y actores armados del conflicto, bombardeos indiscriminados y daños materiales a sus propiedades.

Señalamientos y estigmatización

Estas acciones son más comunes en la parte alta del municipio y se dan, principalmente, por acusaciones de parte de miembros de la Fuerza Pública en contra de líderes de la región, a quienes sindican de pertenecer a grupos insurgentes. A esto se suma la actitud del personero municipal, quien se ha negado a acompañar la situación de DDHH de las comunidades, aludiendo “no tener garantías de seguridad para ejercer sus funciones en el territorio”.

El pasado 11 de enero circularon panfletos en el casco urbano del municipio con la insignia de la 7ª Brigada, 4ª División del Ejército Nacional, que señalan como milicianos del frente 26 de la FARC a personas reconocidas como dirigentes sociales y sindicales de este municipio, tal es el caso de Raúl Moreno Ibagué, quien es vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), vicepresidente de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Campesinas del Alto Ariari (Atcari) y secretario de economía campesina en el sindicato Sintagrim; o el caso de Bladimir Lozano Perdomo, presidente de la JAC y tesorero de Atcari, fiscal del Sindicato de Trabajadores Independientes del Meta. También se mencionan otras personas conocidas en el municipio.

La muerte de Éver López

La comunidad manifestó estar dolida por lo ocurrido con Éver López y aseguraron que se trataba de un campesino y padre trabajador, que venía siendo hostigado por el Ejército. Según testimonios, el 5 de marzo del presente año se produce su desaparición y posterior ejecución extrajudicial. El campesino había salido en la mañana de ese día en compañía de su hijastro, Leonardo Beltrán Ángel, de 12 años de edad.

Minutos después, varios habitantes de la zona escucharon disparos y, al desconocer el paradero del señor López, sus familiares y la comunidad en general solicitaron información a miembros del Ejército, acantonados cerca del lugar de los hechos. Los uniformados negaron tener conocimiento sobre la ubicación de Éver. Sin embargo, hacia el mediodía, apareció el niño Leonardo Beltrán, en compañía de efectivos del Ejército, y en horas de la tarde las tropas confirman la muerte de Éver López.

“Nosotros no nos sentimos protegidos por parte del Ejército, porque nos ha atropellado cruelmente a la población campesina y debido a eso surgió el desplazamiento. No nos inspira confianza, porque aquí se miraba la presencia del Ejército andando junto con los paramilitares y en los carros de los paramilitares. He hablado con gente de muchos departamentos y me cuentan la misma historia de agresión”, dijo un campesino del municipio.

El municipio de El Castillo por más de siete años ha sido epicentro de estas violaciones. Las organizaciones defensoras de DDHH, de la mano con las JAC del municipio, las han venido documentado.

Más del 90% de las violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH son responsabilidad de agentes estatales, tal como se documentó en los informes de las tres visitas humanitarias llevadas a cabo en el municipio de El Castillo durante los años 2007, 2008 y 2009. A la persistencia de la crisis humanitaria de esta región, se suma la ineficacia del ente investigador, pues a la fecha hay impunidad frente a los casos documentados.

La comunidad hizo un llamado a las instituciones para que hagan acompañamiento, la escuchen y atiendan sus denuncias a tiempo para que no sigan ocurriendo estos graves hechos y los campesinos no se vean nuevamente forzados a desplazarse de su territorio.

La misión humanitaria estuvo integrada por una delegada del Alto Comisionado de la Oficina de las Naciones Unidas, una delegada de la Defensoría del Pueblo, y las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, y contó con el acompañamiento de Acción Internacional por la Paz (IAP, por su sigla en inglés).