Esperaron tres décadas. Ahora, con la esperanza reanimada, quieren ver la materialización de lo estipulado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
A las 7 de la mañana ya estaba todo listo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, para que alrededor de 400 familiares de asesinados, desaparecidos y otras víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica, UP, escucharan el fallo que esperaron por décadas.
Con rosas amarillas, y pequeños carteles que exigían justicia y el cese del exterminio, desde las 8 de la mañana tomaban asiento en el auditorio, mientras un maestro de ceremonia saludaba a las delegaciones y explicaba los pormenores de la lectura de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y ese fue el hecho para que el 30 de enero pasado se convirtiera en el día de la justicia, como lo denominaron varios sobrevivientes, quienes, entre sonrisas, tristezas y expectativas, pero con esperanza arribaron al lugar. A las 9 inició la transmisión, que luego de 18 minutos hizo brotar lágrimas producto de sentimientos encontrados, en no pocos asistentes, por la condena al Estado por el exterminio al partido político. Un caso que se había interpuesto en 1993. Un genocidio que dejó más de seis mil víctimas. VOZ habló con algunos sobrevivientes.
Cárcel y desplazamiento
Misael Vaquero, líder de la UP en el Sumapaz, luego de la lectura del presidente de la Corte le dijo a VOZ: “Es indescriptible por todo lo que nos pasó, por años de persecución, de sufrir cárcel dos veces por montajes y estando allá sabía cómo asesinaban a mis compañeros, cómo tenían que irse del país. Por eso esperábamos este momento de justicia, ya que en Colombia no la había habido. Esto de la Corte Interamericana es algo muy positivo y lo recibimos con esperanza, porque debe hacerse justicia”.
Por otra parte, Ligia María Rengifo Zapata, desplazada de la vereda Arcua Central en Turbo, Antioquia, quien junto a toda su familia fue víctima de persecución porque su padre fue uno de los fundadores la UP en ese municipio, comentó: “Este era un fallo que esperábamos con toda el alma, hacía mucho tiempo. Lo recibimos para nuestros hijos, para una reivindicación para ellos, porque fue mucho el sufrimiento que solo quien ha sido desplazado lo sabe, y aunque no reivindiquen con dinero el fallo ya es un logro impresionante”.
Ligia fue desterrada en 1996 y emigró hacia Irra, en Quinchía, Risaralda, aunque no quiso que allí supieran que eran desplazados, “porque uno sabe que las fuerzas militares están involucradas en el desplazamiento y hay mucho temor. Aun así, en el 98 nos volvieron a desplazar y llegamos a Silvania, Cundinamarca”.
Al Centro de reconciliación también llegó Adelmina Leyva Ortiz. Víctima de desplazamiento forzado de El Castillo, Meta, también es sobreviviente de la masacre de Caño Sibao, “donde mataron a nuestra alcaldesa María Mercedes Méndez”. Luego, en 2003 fue desplazada con su familia a Puerto Toledo, Meta, y después, en 2005, fue obligada a irse a vivir a Bogotá, de donde se regresó para la finca su hijo de 17 años, pero fue desaparecido. Adelmina, con la voz quebrada agradeció a la Corte porque le exige al Estado colombiano que encuentre a los desaparecidos.
“Darle gracias a Dios porque ahora vamos a ver si encontramos a mi hijo, porque no solo por él hemos llorado, sino por muchos muertos. También perdí a mis padres, hemos sufrido demasiado, ya es hora de que al menos nos digan dónde están nuestros compañeros, hemos aguantado mucha hambre, hemos aguantado muchas dificultades para sobrevivir a esta guerra”.
No más enemigo interno
Para el representante a la Cámara por Bogotá, por la UP, Gabriel Becerra, la coincidencia de que el fallo se dé justo cuando hay un gobierno democrático es favorable porque hay garantías para que se cumpla la sentencia.
“Creo que hay voluntad política para eso, y sigue la lucha. Y, la lucha y la materialización de la reparación integral de la Unión Patriótica tiene que ver con que su proyecto político salga adelante, en particular con que derrotemos la guerra, abramos camino a la paz, tengamos las conquistas sociales por las que asesinaron, desplazaron y persiguieron a nuestros mártires”.
Para el líder político fue conmovedor ver a las familias y a la organización en la lectura de la sentencia porque en el camino por la justicia también se ha ido mucha gente, “la violencia no se ha detenido y con estoicismo se ratifica que la lucha vale la pena”.
En su intervención ante el auditorio, Jael Quiroga, la reconocida líder de la Corporación Reiniciar, ONG que se echó al hombro la responsabilidad y enfrentó los riesgos de demandar al Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y senadora por la UP, señaló que había llegado el día que soñaban las víctimas, “en el que por fin nos iban a dar la razón, y hoy la Corte Interamericana reconoció todo, el origen, las causas del exterminio. Porque la Unión Patriótica fue el enemigo interno de este país, derivado de la doctrina de seguridad nacional impuesta por los gringos a nivel de América Latina. Eso tiene que ver con la necesidad de cambiar la doctrina militar en este país, porque los sindicalistas, los defensores de derechos humanos, la oposición política no pueden ser enemigo interno del Estado”.
Reparación y resarcimiento
Para la senadora de la UP, Aida Avella, el 30 de enero fue el día de la justicia, la que buscaron las víctimas y sus familiares. “Hoy nos sentimos en parte reparados. Los alcances del fallo son muy grandes, por partidos como el Comunista que puso una cuota alta de sacrificio”. (…)
“El fallo representa la justicia, la justicia que debíamos tener en nuestro país, pero que no se pudo por muchas razones: mataban a los jueces y sacaban al destierro a muchos fiscales”.
El senador Iván Cepeda anotó que recibió la decisión de la Corte con un sentimiento profundo de reparación y resarcimiento por tantos asesinados en la impunidad durante décadas, “el sentimiento de que hemos hecho valer nuestra dignidad como víctimas colectiva e individualmente. Un sentimiento de gratitud inmenso por la heroica faena de Aída Avella y Jael Quiroga que nunca dejaron que desfallecieran las víctimas y las acompañaron por 30 años, hasta que lograron esta sentencia histórica”.
Que no se repita
José Antequera Guzmán, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, declaró que fue un momento muy importante para su familia, “para nosotros, era algo muy esperado. Es un quiebre de una desesperanza instalada durante muchos años en torno al tema de la UP. Es un momento de reanimación de la esperanza en muchos aspectos”.
Una de las cientos de madres que perdieron a varios miembros de su familia en el genocidio, como a su esposo y a sus hijas fue Luz Marina Aguirre. Por lo que tuvo sentimientos encontrados: “Alegría por el fallo, pero al mismo tiempo, por más que pasan los años uno no deja de sufrir por sus víctimas, por sus hijos, esposos, por esa sangre que derramaron… Tenemos que seguir la lucha por lograr la no repetición en Colombia o en otra parte del mundo. Que nos indemnicen, porque ¿que lo destierren a uno de su parcela, de su tierra, y venirse adonde lo consideran a uno un paria, donde tuve que pedir limosna para ofrecerle un desayuno a mis hijos, cuando no tenía necesidad porque era la reina y señora de mi parcela? Eso es muy doloroso. Esperamos que esto no se repita, porque los jóvenes, las generaciones venideras no tienen por qué sufrir todo lo que nosotros sufrimos”.
