Los trabajadores y trabajadoras del poder judicial ven en el gobierno de Gustavo Petro una oportunidad para reformar esta rama del poder estatal
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Las complicaciones para acceder a la justicia, las demoras en los procesos, la falta de cubrimiento del sistema, la congestión, la corrupción y, en términos generales, la injusticia de la justicia son algunas de las quejas que los colombianos han tenido desde hace años del funcionamiento de la rama judicial.
La problemática ha sido tratada por académicos, analistas, abogados, funcionarios y trabajadores, y aunque han propuesto salidas viables no han encontrado eco en quienes toman las decisiones desde el Estado.
Asonal Judicial Sindicato de Industria es una de las organizaciones de trabajadores que han estudiado salidas. Identifican la falta de personal o la reducida planta como uno de los problemas que deriva en otros. En consecuencia, creen que para hacer una reforma a la justicia debe haber una ampliación de esta.
Luis Fernando Otálvaro, presidente suplente de Asonal, explica: “Un juez está atendiendo unas 60 tutelas semanales, 800 casos de la justicia ordinaria laboral, 1.500 procesos en la justicia civil de pequeñas causas o ejecutivos, un fiscal tiene más de mil investigaciones asignadas y no tiene policía judicial ni siquiera asistente. Son las cosas por las que el Gobierno debe volcar sus ojos a la justicia y darle la financiación adecuada”
En todo el territorio
Según Otálvaro, la reforma a la Justicia está atrasada más de 40 años y debe encaminarse a dar solución a las necesidades del ciudadano de a pie: “Que llegue a todos los rincones del país, que sea pronta y cumplida porque al no serlo se convierte en injusticia. No puede ser que a una persona un proceso se le demore 15 o 20 años”.
El dirigente sindical también hace énfasis en que la justicia debe llegar a los espacios territoriales que antes ocupaban y que ocupan los grupos armados ilegales que imparten “justicia”: “Que llegue con jueces, con investigación, con fiscales, con la justicia de la paz, de la conciliación”.
Es necesario tener en cuenta que la rama judicial cuenta con alrededor de 60 mil trabajadores, de los cuales solo 10 mil son funcionarios públicos: cinco mil jueces y cinco mil fiscales, el resto son investigadores y auxiliares de los despachos, lo que evidencia la urgencia de aumentar el personal y cubrir los territorios donde aún no tienen presencia.
Para lograrlo, el Estado deberá tener a la justicia como uno de sus pilares, ya que no ha sido así desde hace décadas -comenta Otálvaro-, y la convierte en la más maltratada. Por eso, el presupuesto debe aumentar como lo exigirán los procesos de expansión, tecnificación y capacitación del personal, para dar celeridad a los procesos.
“Nosotros cada año tenemos que estarle rogando al Ejecutivo y al Legislativo para que nos den el presupuesto apropiado, y por siempre ha sido deficitario. Se debe fijar un porcentaje del PIB o del Presupuesto General de la Nación. Para 2022 se solicitaron seis billones y medio de pesos y se dieron escasos cinco billones cien mil millones. Para el próximo año estamos pidiendo alrededor de siete billones que no llenan todas las expectativas, pero sí nos permitirían crear 6.400 cargos. Por eso le estamos diciendo al Gobierno y al Congreso que nos ayuden a que ese presupuesto pase”, anota el presidente suplente de Asonal.
Entre los retos del próximo gobierno también está el fortalecimiento de la Fiscalía ya que el crecimiento del país así lo exige y, por el contrario, el número de jueces y fiscales se mantiene o ha venido reduciéndose.
Meritocracia
El otro aspecto a tener en cuenta es la independencia que debe haber en la rama y que a todos sus cargos se llegue por concurso de méritos. “Con esto se evita la politiquería, la presión de grupos externos que inciden sobre la autonomía. Asimismo, debe pasar con las altas cortes para poder que tanto la academia, como los abogados litigantes, los funcionarios de carrera puedan llegar a esas alturas sin empeñar su autonomía”, anota Fernando Otálvaro, quien también es representante nacional de los empleados y funcionarios ante la Comisión Nacional Interinstitucional de la Rama Judicial.
De la misma manera, hay que reestructurar la administración de la rama judicial para que los recursos se inviertan en lo debido, de cara a la sociedad, de manera eficiente y con calidad, con profesionales expertos en el manejo de la cosa pública. Es decir, se requiere una reestructuración del Consejo Superior de la Judicatura.
Otro de los asuntos necesarios para atender es la Comisión de Disciplina Judicial, ente que vigila y sanciona a jueces, fiscales y empleados de la Justicia, para que sea autónoma de los otros poderes. “No podemos seguir con una Comisión con una gran incidencia del Ejecutivo que propone tres de los siete integrantes que la componen, afectando la autonomía de jueces y fiscales al convertirse el Ejecutivo en un juez. Ya hemos visto cómo se dan ciertas órdenes políticas que tienen que cumplirse para excluir o sacar a determinados funcionarios. Asimismo, debe haber una modificación a la Fiscalía, que en primer lugar se nombre al fiscal a través de un concurso de méritos y que garantice su independencia, que no sea un ministro más del Ejecutivo. No debe haber más fiscales afines a los gobiernos. Si queremos luchar contra la corrupción y la violencia, debe haber autonomía de la Justicia y sobre todo de la Fiscalía”, expresa el líder sindical.
Asesoría internacional
Sobre el tema de la corrupción, Asonal cree que hay que darle fortaleza a la investigación, para lo cual hay que crear una unidad anticorrupción nacional, con la asesoría de una comisión internacional como la propuesta por el presidente electo.
Otro tema de importancia en una reforma a la Justicia es la justicia agraria o la relacionada con la restitución de tierras, que no se ha podido realizar por los grupos de presión que limitan su labor, por eso requiere fortalecimiento.
Acerca de la transformación de la justicia para los funcionarios aforados, Otálvaro acota: “Creemos que solo debe estarlo el presidente de la República para que sea la Comisión del Congreso la que investigue y si es el caso lo pase a la Corte Suprema, pero los demás, como fiscal, procuradores, magistrados de altas cortes deben ser vinculados a través de la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia, con la Sala Especial de Investigación que se ha creado. Así evitaríamos impunidades”.
El sindicato es claro en asegurar que si no hay independencia de la justicia no se puede hablar de un Estado social de derecho, y confían en que el presidente Gustavo Petro buscará los mecanismos que la garanticen.
Perdón social
El dirigente de Asonal afirma que la justicia transicional debe ser apoyada, pero para negociar con grupos armados también hay instrumentos internacionales contemplados en tratados y convenios de la ONU, la OEA y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha invitado al Gobierno a que tome como propios. “Se puede trabajar lo del perdón social, en algunos países donde se han desarrollado guerras y se ha hecho una reingeniería, una nueva cultura, hay buenas fuentes del derecho para beber y entrar a solventar esta problemática. Pero en nuestra Constitución y legislación existen figuras sobre las amnistías, los indultos a las que hay que echarle mano. Y hay que ver las regiones que han sufrido el flagelo de las drogas y los campesinos han sido judicializados y se ha descuidado la lucha contra los que tienen el poder de distribución de las drogas, y hay que establecer diálogos con esas poblaciones, para no seguir criminalizando ciertas actividades. Pero a los campesinos hay que llegarles con desarrollo, con nuevas medidas de producción, tenencia de la tierra, explotación de la tierra, no solo con represión”, concluye Luis Fernando Otálvaro.
