Hay 60 mil recicladores desprotegidos

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Estos trabajadores han denunciado acoso sexual y abusos policiales en el ejercicio de sus labores. Foto cortesía Cronopios

Estos trabajadores, desconocido por el Estado, buscan condiciones laborales dignas que incluyan protección social

Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino

En Colombia trabajan alrededor de 60 mil recicladores, quienes recuperan tres y medio millones de toneladas de material reutilizable al año, que comprende papeles, cartones, plásticos, metales y vidrios. Estos pueden representar en el mercado 150 mil millones de pesos al mes, sin contar con los incalculables aportes al medio ambiente.

Pero, ¿Cómo son sus condiciones laborales y el esquema que les permite tener algunos ingresos y cuyos incumplimientos hace un mes los hizo protestar en Bogotá? Nohra Padilla, presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores, ANR, explicó a VOZ los motivos de la minga nacional recicladora, realizada los primeros días de marzo, y en la que participaron organizaciones de todo el país, para presionar negociaciones con el Gobierno nacional, especialmente con la Superintendencia de Servicios Públicos. Durante dos días, alrededor de tres mil recicladores protestaron por soluciones.

El problema es que a organizaciones reconocidas se les niega el derecho a la publicación, hay aplazamiento de estas y de los reportes, lo que las lleva a no contar con esos recursos que provienen del pago del servicio público de aseo y aprovechamiento en la ciudad.

Es decir, existen organizaciones de recicladores autorizadas para el servicio público de aprovechamiento, que tienen la obligación de reportar el número de toneladas que recuperan y venden. Este se sube a un sistema de información manejado por la Superintendencia y al no haber esa publicación las empresas de recolección de basuras no tienen cómo trasladar ese cobro a los usuarios. Si no se hace este cobro a la organización de recicladores no le pagan.

Sin seguridad

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que existe un problema que lleva más de 30 años, desde que los recicladores empezaron a ser sacados de los botaderos a cielo abierto, lo que derivó en un proceso de organización.

“Considerábamos que llevábamos muchos años en el oficio y que no se podía salir de él porque la basura está todos los días, a disposición, en las calles. En efecto, en el país se ha ido consolidando una industria del reciclaje”, manifiesta Nohra Padilla.

Luego de años de peleas, estos trabajadores lograron el servicio de aprovechamiento, dado que a las empresas que recogen basura se les paga por eso y por depositarla en el relleno sanitario, y a otra empresa le pagan por enterrarla.

“Nosotros también hacemos manejo de basuras porque rescatamos los materiales y los ponemos para una disposición final de aprovechamiento, por lo que nos reconocen una tarifa. Pero con la venta del material y la tarifa por aprovechamiento, la gran mayoría de recicladores recibe menos del salario mínimo sin ninguna prestación social. Eso no es un negocio. La seguridad social de nosotros debería estar cubierta por el Estado porque es una actividad meritoria, para beneficio de toda la sociedad. Que tengamos algunos beneficios como salud, lo cual no debe ser un privilegio”, reclama esta lideresa quién lleva más de 40 años en el oficio, ya que empezó a reciclar a los ocho años.

Algunos avances

En segundo lugar, es necesario tener en cuenta que el esquema de sustento para más de 60 mil recicladores en todo el país, consiste en el rescate del material de la basura y venderlo en el sistema de reciclaje. En esta cadena el primer eslabón lo componen ellos, pero también hay empresas que intermedian y compran el material. Por esto: “La Corte Constitucional determinó ese recurso como el mínimo vital de los recicladores, que está basado en lo que logre recoger por día y de acuerdo a los precios del material”, agrega Nohra Padilla.

Aclara que fue en el año 2002 que lograron un reconocimiento y amparos por parte de la Corte Constitucional, y que con el alcalde Gustavo Petro negociaron que estas se materializaran en Bogotá.

“En ese momento había un cambio de esquema propuesto por el alcalde, porque estaban agotados los contratos de la prestación del servicio público de recolección y enterramiento de basuras. En ese marco, se le exigió concretar las medidas ya que no era una dádiva de ningún gobierno sino una obligación de cualquier gobierno, y con la filosofía que él traía se concretaron esas órdenes de amparo y se obtuvo el beneficio de empezar a contar con la remuneración, porque estaba ya en el marco de la prestación del servicio, y porque hasta ese momento las empresas cobraban el servicio que prestábamos nosotros sin que se nos trasladara. Lo que hizo el alcalde fue obligar a las empresas a trasladarnos el recurso que por ley tenían que hacer desde diez años antes”, explica Nohra y anota que luego esa política se extendió por todo el país.

Distintas violencias

Nohra señala que, aunque muchos piensan que el reciclaje puede representar un gran negocio para ciertas organizaciones de recicladores, no es así. “Un esquema adecuado haría que la gente presente los residuos separados y cada uno de esos residuos vaya a una corriente de disposición diferente. El gran negocio está para las multinacionales que compran el material como Cartón de Colombia, que no es de Colombia, y Kimberly que vende papel higiénico y papeles faciales. Para ellos es un gran negocio porque nos pagan el kilo de papel en 800 pesos y ellos venden un rollo de papel que pesa unos 300 gramos, en tres mil pesos”.

También explicó que es un negocio para las empresas recolectoras de basura porque cada vehículo compactador recoge 20 toneladas y cada tonelada la pagan a 85 mil pesos, pero no para ellos que ni siquiera tienen servicios de salud y que después de trabajar mucho más de ocho horas diarias no alcanzan ni al salario mínimo.

La desprotección social y las miserables mesadas no son los únicos problemas de estos trabajadores con quienes la sociedad y el Estado tienen una gran deuda. La presidenta de la ANR, en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 2019 denunció el acoso del que son víctimas estos trabajadores y trabajadoras.

“Muchas mujeres son acosadas sexualmente para poder tener acceso a los sitios de disposición final, o a los sitios en donde se puede recoger el material. Muchos hombres y mujeres son acosados por las autoridades retirándoles su mercadería, acosándolos para que no circulen en ciertos lugares porque hay discriminación no solamente por la pobreza, sino por el oficio que se ejerce. Y en términos generales los recicladores somos muy reprimidos, llegamos a una violencia extrema en el sentido de que muchos de nuestros líderes son amenazados de muerte, las autoridades no brindan protección, los esquemas de licitación para el manejo de las basuras se vuelven entornos agresivos porque se filtran altos intereses”, expresó en aquella oportunidad Nohra.

De la misma manera, indicó que son desplazados de su oficio lo que los pone en situación de miseria.

Falta mucho por lograr

Más de cinco mil recicladores estuvieron en Bogotá presionando soluciones. Foto cortesía Cronopios

Con las manifestaciones de hace un mes, se logró que a las organizaciones que llevaban varios meses sin que se les publicara y que iban a perder su promedio, se les estudiara la situación y se empezaran a levantar los aplazamientos: “Muchas organizaciones tiene confianza en que en el siguiente periodo tendrán el pago de las toneladas reportadas”, dice la lideresa.

Pero el problema es mucho mayor. Estos miles de trabajadores, con quienes por su aporte la sociedad y el Estado tienen una gran deuda, esperan algún día obtener dignidad laboral, que se traduce en garantías para un entorno seguro en el desarrollo de sus labores, respeto para ese trabajo, salarios dignos y protección social desde el Estado.