martes, mayo 21, 2024
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Guatemala: La amenaza de golpe es real

La democracia en Guatemala ha sido una criatura que nació con malformaciones, jamás se materializó plenamente. Cada cuatro años el pueblo, obnubilado por la gran prensa y los aparatos de poder, se limita a elegir un presidente, casi siempre inmerso en hechos de corrupción

Ricardo Arenales

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció el pasado 9 de diciembre que “estamos ante un golpe de Estado absurdo, ridículo y perverso”, como reacción a las declaraciones de la Fiscal General, quien señaló que las elecciones celebradas este año, y en las que el político centroizquierdista ganó con el 60 por ciento de los votos, deben anularse, por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral, TSE.

Arévalo añadió que estas acciones del Ministerio Público se basan en una supuesta afiliación irregular al momento de fundar el partido político que le proporcionó el triunfo, el Movimiento Semilla. Para hacer esta sindicación la Fiscalía dice poseer la declaración de un antiguo trabajador del Tribunal Supremo Electoral, que habría confesado tales irregularidades.

Pero el expediente que contiene las aludidas confesiones nunca se publicitó ni se le entregó a los representantes legales de Semilla y menos al candidato ganador, para que ejerzan su derecho de defensa, maniobra que le resta credibilidad a la acusación.

Mafias

Bernardo Arévalo

La democracia en Guatemala ha sido una criatura que nació con malformaciones, jamás se materializó plenamente. Cada cuatro años el pueblo, obnubilado por la gran prensa y los aparatos de poder, se limita a elegir un presidente, casi siempre inmerso en hechos de corrupción, que gobierna el país sobre los hombros de una coalición de exoficiales de inteligencia, que desde 1982 controla las aduanas de puertos, aeropuertos y fronteras, una élite económica de extrema derecha, un envilecido alto mando militar y las mafias criminales, fundamentalmente los carteles del narcotráfico, todo ellos en santa alianza.

Estos grupos cuentan con el apoyo de sindicatos estatales corruptos y de iglesias en expansión de cristianos ‘renacidos’ o neopentecostales, que han crecido bajo la sombra del narcotráfico. El Estado y las instituciones han sido cooptados por estas elites implacables y los gobiernos de las últimas décadas actuaron en beneficio de estas mafias enquistadas en el poder, que hoy temen perder sus prerrogativas.

Son estas fuerzas las que se sienten representadas en la Fiscalía General y hacen todo lo que esté a su alcance para evitar que un gobierno de orientación progresista llegue al solio de los presidentes. Así tengan que violentar el orden constitucional existente.

Respaldo internacional

El rechazo al golpe de Estado es generalizado un encuentra eco en la comunidad internacional

Entre tanto, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, alertaron sobre una inminente ruptura del orden constitucional en Guatemala debido al abuso de poder por parte de la Fiscalía, para impedir la posesión del presidente electo Bernardo Arévalo, e instan a todos los poderes públicos del país a garantizar la preservación del Estado de Derecho.

Arévalo sostuvo en una conferencian de prensa que la Fiscalía busca evitar que asuma el poder el 14 de enero próximo, debido a que poderosos sectores políticos tradicionales tienen miedo de su promesa de lucha frontal contra la corrupción. “Los golpistas están dando patadas de ahogado”, afirmó el electo presidente.

Dijo a renglón seguido que “el intento de golpe de Estado es real y nos ha traído a un momento crucial para la historia de nuestro país”. “El grupo golpista que ocupa el Ministerio Público ha dejado muy claras las intenciones de las acciones ilegales que han llevado a cabo en el último año, empezaron con la represión para coartar la libertad de expresarnos”, refirió el mandatario.

Visita de la OEA

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, Blanca Alfaro, le salió al paso a las declaraciones de la Fiscalía, y dijo el viernes de la semana pasada que no hay manera de repetir los comicios y que las autoridades elegidas deben tomar posesión de sus respectivos cargos en enero próximo.

La jefa del TSE aseguró que los resultados son “inalterables” y que Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera, “ya recibieron las correspondientes credenciales que los acreditan como los próximos responsables del manejo del país”.

Asimismo, la Organización de Estados Americanos, OEA, solicitará al gobierno de Guatemala autorización para realizar una visita de buenos oficios al país, en el marco del rechazo que entre la comunidad internacional han causado las acciones del Ministerio Público respecto a los resultados electorales.

La CIDH por su parte considera que el objetivo de la Fiscalía es invalidar la integridad y los resultados del proceso electoral y evitar la toma de posesión de las autoridades electas conforme a la voluntad popular expresada en las urnas.

Protección constitucional

“La instrumentalización del sistema de justicia y el derecho penal en Guatemala desde el inicio del proceso electoral han puesto de manifiesto el ejercicio indebido y arbitrario del poder con fines político-electorales por parte del Ministerio Público”, indicó la CIDH, lo que provocó “la erosión del sistema de controles y contrapesos del Estado democrático de derecho debido a la ausencia de garantías del poder judicial para cumplir su rol”.

En un esfuerzo adicional por detener los planes golpistas, la Corte de Constitucionalidad (Corte Suprema) de Guatemala decidió otorgar un amparo definitivo para salvaguardar el orden constitucional y el Estado constitucional de Derecho. La semana pasada el órgano legislativo ordenó al Congreso de la República y a su mesa directiva adoptar las medidas necesarias para garantizar la toma de posesión de quienes resultaron elegidos en los comicios de 2023.

La Corte manifestó que decidió otorgar el amparo definitivo para salvaguardar el orden constitucional y el Estado Constitucional de Derecho en el país centroamericano. “Garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023, conforme a los derechos de oficialización y validación de resultados”, precisó el alto tribunal.

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