Las organizaciones feministas y las colectivas de Medellín exigen condenar al estadounidense Timothy Allan Livingston, encontrado en un hotel de Medellín con dos niñas menores de edad quienes eran explotadas sexualmente. Así mismo, solicitan medidas para combatir este crimen. VOZ habló con una integrante de estas agremiaciones
Bolcheradio AM
En los últimos días, Medellín ha sido sacudida por un escandaloso caso de explotación sexual infantil que ha puesto en alerta a la comunidad. Un ciudadano estadounidense fue sorprendido en un prestigioso hotel en El Poblado, intentando ingresar con dos niñas menores de edad, de doce y trece años respectivamente. Este no fue un incidente aislado, ya que el individuo había intentado lo mismo con otras menores el día anterior, siendo restringido por el hotel en esa ocasión.
Para abordar este delicado tema, la Bolcheradio AM dialogó con Sara Jaramillo Gómez, defensora de Derechos Humanos de las mujeres de Medellín y presidenta de la veeduría a la ruta de trata de personas. En su intervención, Jaramillo denunció la complicidad de las autoridades, destacando que la reacción ciudadana fue crucial para visibilizar las malas prácticas en torno al caso, incluyendo la presunta complicidad de la Policía Nacional.
¿Qué pasa en Medellín?
Dentro de las evidencias halladas, luego del registro al penthouse que había rentado Livingston, se encuentran colillas de marihuana, restos de tussi y cinco condones usados en la canica del baño. Otro factor a tener en cuenta es que la noche en un penthouse, como en el que se encontraba este ciudadano, vale alrededor de tres a cuatro millones de pesos.
El traslado por protección se hace sobre las personas que están en cierto grado de alteración y que, como el nombre del lugar lo indica, lo que quiere allí la autoridad es procurar protección para esta persona y, en el caso de este ciudadano, él no estaba en un estado de alteración. Probablemente estaba bajo los efectos de alguna sustancia, pero sí había elementos para pensar que podía ser trasladado, lo cual termina también dando a entender porque tuvo tiempo de irse del país sin afán.
Jaramillo menciona respecto al pronunciamiento del alcalde Federico Gutiérrez que le parece importante, sin embargo, “seguimos ante un escenario donde no se han expedido las circulares rojas a la Interpol para que se haga efectiva la captura de este tipo en el lugar. En ese momento no sabemos dónde está él. Lo último que se sabe es que salió del país al día siguiente de estos sucesos y a partir de allí, se le perdió el rastro.
»La información que se ha filtrado ha sido toda a partir de redes sociales, pero pues hasta el momento y ante esa ausencia de expedición de las circulares, no vemos tampoco un compromiso por parte de las autoridades para poder dar con su paradero. Estoy de acuerdo tanto con la extradición como con las medidas severas para estos establecimientos, que en Medellín no son pocos, no solamente el hotel Gotham”.
También destaca la utilización de diversos inmuebles en Medellín que facilita la explotación sexual de niños y niñas, tales como la plataforma de Airbnb. En ese sentido, destaca la importancia de un control real a estos escenarios: “entonces vamos a seguir generando un nivel altísimo de impunidad y este caso no es el primero que ocurre en Medellín. Creo que son ocho registros de extranjeros que han sido judicializados en otros países por delitos asociados a explotación sexual infantil en Medellín. Nosotras, además, tenemos un registro que data de más de 342 extranjeros que en los últimos diez años han estado vinculados a delitos de explotación sexual en Medellín. El nivel de impunidad de estos delitos es de casi el 90%”. Enfatiza que es necesario emprender acciones reales más allá de los pronunciamientos de los mandatarios.
Sobre la trata de personas
Las irregularidades en el procedimiento policial son evidentes: desde la falta de detención inmediata hasta la limpieza de la escena del crimen antes de realizar un arresto. Este caso no solo revela una negligencia por parte de las autoridades, sino también un posible delito de prevaricato por omisión. Ante esto, las organizaciones feministas y colectivas de Medellín exigen justicia y medidas concretas para combatir la explotación sexual.
La falta de seguimiento por parte de las autoridades ante este tipo de casos refleja una problemática sistémica en Medellín. La normalización de la explotación sexual y la trata de personas es preocupante, lo que requiere no solo intervención estatal, sino también una transformación social profunda. Las colectivas feministas no solo trabajan en la atención a víctimas y en la denuncia de estos casos, sino también en la desnaturalización de las ideas misóginas que perpetúan esta violencia.
La articulación social es fundamental para abordar esta problemática desde sus raíces. Es necesario cuestionar la demanda de prostitución y desafiar los roles de género que perpetúan la cosificación de las mujeres. Este es un llamado a la acción no solo para las autoridades, sino para toda la sociedad medellinense. La lucha contra la explotación sexual infantil y la trata de personas es responsabilidad de todos.
Finalmente, Sara Jaramillo invitó a la reflexión puesto que: “investigar, sancionar y hacer todo el trámite de los procesos le corresponde a las autoridades. El problema radica en la normalización que existe alrededor de la explotación sexual y la trata de personas en Medellín. Esto es un panorama no solamente de inoperancia estatal, también es un panorama que integra una visión social normalizadora de la explotación, una tolerancia social en todos los niveles frente a la explotación sexual y la normalización. Esta situación, insisto, afecta en su mayoría de casos a mujeres y niñas”.
