Óscar Dueñas Ruiz
El partido gobernante en Israel ha propuesto una “reforma judicial”, que es una deforestación a lo jurídico, no solo en cuanto a un nuevo mecanismo para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, sino respecto a la fijación de competencia del Parlamento –Knéset- para anular sentencias del Tribunal, el cual hoy tiene el poder de dejar sin efectos las decisiones del gabinete o de la legislatura, facultad que no proviene de la Constitución (Israel no ha expedido su Constitución, se rige por el principio de la soberanía parlamentaria, siguiendo en esto a la Gran Bretaña).[1]
Esa potestad del Tribunal Supremo de declarar nulas las normas y las decisiones que afectan las llamadas “Leyes básicas”, es una atribución que se la fijó el mismo Tribunal mediante una sentencia proferida en 1995.
El presidente Benjamín Netanyahu ha anunciado su “implicación” en el debate, contradiciendo la orden de la Fiscal de la Nación, la señora Gali Baharav-Miara, quien ha considerado que tal participación es ilegal.
Los medios de difusión occidentales catalogan las actuaciones del Knéset y de Netanyahu como un atentado a la democracia porque, en su sentir, elimina la separación que debería existir entre los poderes públicos. Califican al partido gobernante y a sus aliados como una secta de creyentes fanáticos, “sionismo religioso”, nombre adoptado por los seguidores del difunto supremacista Meir Kahane, ultra-ortodoxo muy alejado del sionismo liberal.
Coincidencias
Meir Kahane, creó la Liga de Defensa Judía en Estados Unidos, de carácter paramilitar; y cuando fue a vivir a Israel fundó el partido Kach, el Comité Electoral Central le prohibió a ese partido intervenir en elecciones, pero, paradójicamente, el Tribunal Supremo habilitó dicha participación. Sin embargo, en algunas ocasiones cuando Kahane pedía la palabra, varios de sus colegas abandonaban el recinto.
Precisamente, uno de los partidos políticos que promueven la reforma se denomina Partido Sionista Religioso, de extrema derecha, aboga por un Estado sujeto a las normas religiosas. Uno de sus líderes, Bezalel Smotrech, es partidario de la anexión de los territorios palestinos puesto que niega la existencia de una patria palestina y, en lo jurídico, desea ampliar la jurisdicción de los tribunales rabínicos para divorcio y disputas comerciales.
En Israel coinciden actualmente el ejecutivo y la mayoría parlamentaria (expresión de la democracia representativa) en el recorte de funciones de la cabeza de lo judicial. Sin embargo, ha habido grandes movilizaciones (expresión de la democracia participativa) para respaldar a los magistrados.
Lo concreto, el gobierno aspira tener en sus manos el Derecho, con el apoyo de la ideología religiosa, este es un ejemplo de la modalidad que quiere imponerse: “como yo gobierno, entonces yo soy quien creo la norma”; y, por su parte, la judicatura se ampara en la “democracia”, para mantener su activismo judicial. Un enfrentamiento muy actual.
El caso francés
En Francia, el pueblo participa masivamente en la protesta contra la reforma de las pensiones, que sube en dos años la edad para la jubilación, aumenta el período de cotización de 42 a 43 años para cobrar la pensión completa, elimina progresivamente los regímenes especiales, (salvo los de los autónomos, las profesiones liberales, los marinos mercantes, los empleados de la Opera de París y la Comedia Francesa), pasa al 85% el salario mínimo interprofesional en cuanto a la pensión mínima (unos 1.200 euros al mes) e incentiva a las empresas para que contraten a mayores de 60 años.
El proyecto fue a discusión en el parlamento. No había los votos suficientes para la aprobación, entonces, el presidente de la República, haciendo uso del artículo 49.3 de la Constitución vigente, decide aprobar el proyecto por decreto. Su gabinete cierra filas a su alrededor, creen que se trata del interés nacional, queda en segundo lugar el reclamo popular.
Una eventual derrota, en el Parlamento (esta vez unido al pueblo) podía significar, según Macron, “riegos financieros y económicos demasiado grandes”. La opinión pública considera que el comportamiento del presidente es “anti-democrático”, arrogante, se entona La Marsellesa en las calles y la protesta se generaliza (“la cólera de los ciudadanos” dice Macron). Se llama a un voto de censura, esta vez el Parlamento se pone contra el pueblo y sale adelante el ejecutivo. Entonces, ¿Al fin en qué está el Parlamento?
Israel y Francia, dos expresiones de la democracia occidental, se ven acosados por jaques a la separación de poderes planteada por Montesquieu, con consecuencias inimaginables, al menos para la llamada democracia liberal. Esto se veía venir. Por un lado, el gobierno de los jueces, por otro lado, los propios gobiernos proclamando que “El derecho soy yo” ¿Y, el parlamento? “Bien, gracias”.
Otros ejemplos
Estos dos ejemplos (hay muchos otros, valga mencionar a Méjico y Argentina) señalan fenómenos que no son nuevos y responde a las preguntas: ¿Realmente quién confecciona las normas? Y, una vez expedidas, ¿quiénes se valen de ellas para sus propios intereses?
Si se aprecia desde el activismo judicial, ya desde la Edad Media, lo dice Michel Foucault en su libro “La verdad y las formas jurídicas”: “La acumulación de la riqueza, el poder de las armas y la constitución del poder judicial en manos de unos pocos es un único proceso que se fortaleció en la Alta Edad Media y alcanzó su madurez con la formación de la primera gran monarquía medieval en la segunda mitad del siglo doce”.
Si se analiza desde las políticas del presidente y su gabinete, y no desde quien se supone tiene el poder legislativo (el congreso) no deja de ser discutible que se identifique Derecho con gobierno.
En nuestro país, la Constitución de Colombia determina, en su artículo 113, que las tres ramas del poder público, entre sí, “colaboran” (trabajar juntas para completar una tarea). ¿No sería mejor que cooperaran y se coordinaran? Si no lo hacen, no queda más remedio que mirar desde el andén el derrumbe de la cada vez más débil “división tripartita”.
Entre tanto, Xi Jinping y Vladimir Putin se reúnen en Moscú, anuncian una nueva era, firman catorce acuerdos estratégicos, entre los cuales están: construir un gigantesco oleoducto “Siberia 2” (que suministraría, desde el año 2026, 10.000 millones de metros cúbicos de gas natural), cumplir con la llamada “seguridad alimentaria”, extender el uso de la moneda china, lograr la confianza mutua entre sus fuerzas armadas, hacer investigación científica, incrementar el comercio, lograr la “cooperación” (búsqueda de un fin común) y la “coordinación” (conjunto armonioso y sincronizado).
Cooperar y coordinar es más sensato que colaborar.
[1] Estas reflexiones hacen parte de un ensayo, inédito, denominado “EL DERECHO SOY YO”, DEFORESTACIÓN DE LA TEORÍA DE MONTESQUIEU, autor: Oscar Dueñas
