Al ritmo de los cortes de energía crecen los bloqueos de visas, la quema de llantas, los mítines y las protestas sociales. El primero de marzo se produjo un apagón generalizado, dejando a seis millones de hogares, industrias y comercios sin el servicio eléctrico
Ricardo Arenales
Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia de Argentina, aseguró el pasado 16 de marzo en una intervención pública, que le resulta “malísimo” el dato divulgado ese día por las autoridades encargadas del manejo de las estadísticas, en el sentido de que el país alcanzó un récord inflacionario del 105.5% interanual, cifra que se alcanzó en febrero, y que se convierte en la más alta desde 1991.
“El dato de inflación es malo, malísimo, y además no era el esperado, así que el Gobierno sigue con su compromiso firme de terminar de avanzar en controlar los precios, la inflación, que vayan bajando”, dijo la vocera de la Presidencia en rueda de prensa.
“Confiamos en que las medidas que se están tomando a nivel macroeconómico y para estabilizar los precios van a funcionar, pero necesitamos que funcionen lo más rápido posible”, añadió. En ese sentido, Gabriela Cerruti indicó que el Ejecutivo buscará “ampliar y ser más fuertes y rigurosos en el control” de los precios.
Enormes pérdidas
En la primera quincena de marzo, gran parte del país, con las provincias de Buenos Aires y Santafé a la cabeza, experimentaron oleadas de calor que no se sentían en la nación austral desde hace varias décadas atrás. La confluencia de los dos fenómenos hizo que, con temperaturas de hasta 40 grados centígrados, hirviera la inflación en todo el país.
Y, proporcionalmente, alcanzó su mayor hervor la inconformidad, el malestar y la ira ciudadana. En varias provincias, a nivel de los barrios populares, la gente se lanzó a las calles a expresar su inconformidad frente al fenómeno inflacionario, y al consiguiente deterioro de la calidad de vida de los argentinos.
La ola de calor ha traído graves consecuencias para la economía de los ciudadanos. En primer lugar, ha desencadenado una sequía extrema que se extiende por el territorio nacional. Como consecuencia, ya se sabe que se perderá este año más del 35 por ciento de las cosechas, lo que implicará a su vez, pérdidas del orden de los 15 a 20 mil millones de dólares y una caída en el recaudo fiscal entre el 0.3 y el 0.4% del Producto Interno Bruto, PIB.
Apagones
El calor sofocante ha provocado el aumento del consumo de energía eléctrica, cuyas tarifas están en el techo y ha colapsado el suministro del fluido, ocasionando cortes en el servicio. “Es insoportable vivir así, los cortes vuelven y con esta ola de calor no podemos ni dormir. Tampoco tenemos agua”, dijo el 14 de marzo una vecina del área urbana de Buenos Aires a la agencia Resumen Latinoamericano.
Al ritmo de los cortes de energía crecen los bloqueos de vías, la quema de llantas, los mítines y las protestas sociales. El primero de marzo pasado se produjo un apagón generalizado, dejando a seis millones de hogares, industrias y comercios, sin el servicio eléctrico.
De otra parte, en una conferencia en la Universidad de Río Negro, al finalizar la segunda semana de marzo, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, puso el dedo en la llaga, al mostrar el nexo causal entre la crisis generalizada del país y el tope de deuda pública que lo está llevando al abismo.
Deuda impagable
Cristina declaró el carácter impagable del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, FMI, y dijo que la cuestión de la deuda y sus condicionamientos se colocan en el centro de la crisis. En realidad, desde el primer día en que se firmó el acuerdo, los tecnócratas sabían que la deuda era impagable.
De acuerdo con los términos impuestos por el FMI y hechos los cálculos por los economistas, entre 2024 y 2027 se requerirían 20.000 millones de dólares para amortiguar la deuda. Si se quisiera cumplir con semejante abrupto, ¿cuánto debería ser el crecimiento de la economía para alcanzar un excedente económico que permitiera obtener tal capital? ¿Y cuánto quedaría disponible para adelantar políticas de productividad, de consumo, de bienestar social?
El FMI exige aumentar los ingresos fiscales, apretarse el cinturón. Pero se vinieron el verano y la sequía, y las pérdidas de las cosechas. La entidad crediticia, sin importar esta situación, reclama “medidas más sólidas”: moratoria en el tope de edad de jubilación, eliminación de subsidios, mantener la tasa de interés por encima de la tasa de inflación y acelerar el ritmo de devaluación del peso argentino.
En estas condiciones, el FMI empuja la economía argentina a la recesión, al exigir un mayor ajuste sobre lo ya ajustado, y al mismo tiempo estimula la inflación: aumento de tarifas, de tasas de interés y de devaluación, y todo esto en momentos en que el país soporta ya una situación de alta inflación. Los pueblos latinoamericanos deberían asimilar esta experiencia y multiplicar esfuerzos para reducir la influencia del FMI en sus territorios.
